Declaraciones de oficial de la Policía Nacional representan un serio agravio a la dignidad nacional y ha vulnerado las normas constitucionales

MANIFIESTO AL PAÍS

La Asociación Nacional de Juristas de Panamá, previo a un análisis jurídico político del escenario por el cual atraviesa la República de Panamá, se obliga a manifestar ante la opinión pública nacional e internacional que el gobierno de nuestra República, con las últimas actitudes asumidas en lo que respecta al problema y conflicto generado por la Ley 406 de 20 de octubre de 2023 que aprueba una concesión minera, ha desatendido el derecho y el clamor popular en abierta violación del artículo 2 de la Constitución Política de la República de Panamá que establece “Que el poder público solo emana del pueblo”.  Lo anterior significa, no solamente para los estudiosos del derecho, sino para cualquier ciudadano, que el pueblo es el soberano y en tal sentido merece respeto a la consagración de sus derechos que se encuentran insertados en las Garantías  Individuales.

No obstante, lo más temerario y que violenta el espíritu de los panameños, son las palabras que por un noticiero de televisión nacional profirió un alto oficial de la Fuerza Pública, quien lanzó una abierta amenaza al pueblo panameño al referirse a la posibilidad de recurrir a la suspensión de las garantías constitucionales consagradas en la Constitución Política de nuestro país.  Lo anterior denota un alto desconocimiento de sus funciones como militar, toda vez que, la suspensión de las garantías constitucionales se da en caso de guerra, en estado de sitio, invasión y de grave perturbación del orden público que amenace la paz.  En estos momentos en nuestro país estos fenómenos no se observan y, más aun, en el supuesto caso de que se dieran, la competencia y la jurisdicción para la suspensión de las garantías constitucionales le corresponden al Órgano Ejecutivo, mediante decreto acordado por el Consejo de Gabinete.

Estas nefastas declaraciones proferidas en televisión nacional por este elemento de la Fuerza Pública, al referirse a la suspensión de las garantías constitucionales, representan un serio agravio a la dignidad nacional y ha vulnerado las normas constitucionales, anunciando un estado de anarquía y de desgobierno y un vacío de poder que se transforma en un vacío de autoridad y de ausencia de gobernantes.  De igual forma, esto insinúa que nuestro país se encuentra al borde del totalitarismo, desconociendo que nuestro pueblo sabe erguirse y levantarse en momentos difíciles, como los que atravesamos actualmente, en momentos en los que se le quiere atropellar y cercenar sus garantías constitucionales, ya que cuando en una república falta o adolece el orden o la dirección, queda sometida a la tiranía y al poder absoluto de los responsables del mandato popular.

La Asociación Nacional de Juristas de Panamá (ANAJUPA), una organización de profesionales del derecho con el dogma de defender y proteger la institucionalidad de la República, se declara solidaria con todas las organizaciones que conforman la Alianza Pueblo Unidos por la Vida y todos los gremios magisteriales y de trabajadores de nuestro país y expresa su repudio frente al nefasto asesinato de los docentes que dieron su vida en honor y la defensa de los derechos del pueblo panameño.  En este sentido también manifestamos que prestaremos nuestros servicios profesionales a todos a los que se les lesione su derecho en este movimiento, en el cual se pretende la defensa de nuestros recursos naturales, ante la realidad de que se han otorgado casi doscientas mil hectáreas de concesiones mineras (200,000 Hs) en nuestro país, el cual solamente comprende 75, 517 kilómetros cuadrados de territorio.

 

Dr. LUIS DE LEON ARIAS

Presidente

 

 

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