La firma de los tratados Torrijos-Carter y su trascendencia en la democracia y la soberanía

Entrevista con Julio Augusto Yao Villalaz

 

Cuatro décadas después de la firma en 1977, de los convenios internacionales canaleros, en los que se plasmaron los compromisos de la ejecución de la dinámica de reversión de las tierras y bienes bajo el control de los Estados Unidos, en la llamada Zona del Canal, luego de 75 años de la concesión de los mismos ‘a perpetuidad´, controversial legado del tratado Hay-Bunau Varilla de 1903, el reconocido diplomático panameño, Julio Augusto Yao Villalaz, actor y testigo de este proceso que coincidió, al finalizar el milenio, con la entrada en vigor del Tratado de Neutralidad, brinda su percepción de esos hechos históricos, destacando la participación ciudadana activa, como catalizador que impulsó, no solamente la lucha por la total soberanía panameña sobre su territorio, sino también, la reactivación de ciertos mecanismos político democráticos, años antes del restablecimiento de su democracia plena, en 1990.

Yao, como parte del equipo negociador diplomático panameño, además de ser escritor de libros y artículos especializados sobre esa etapa de la República, expone de manera directa y tajante, su visión de aquella coyuntura histórica sin arquetipos jurídico internacionales sólidos para el istmo. Su análisis abarca la evolución del tejido social respecto a la soberanía panameña, en el marco de sistemas de gobierno cambiantes.

También aborda las perspectivas de futuro de la democracia panameña respecto a un mundo cuyos paradigmas del ejercicio del poder han cambiado y que afectan de manera sui generis a Panamá, país comprometido internacionalmente a garantizar de forma ininterrumpida y no sesgada, los servicios de una ruta interoceánica al servicio del mundo.

M.E. En relación al plebiscito sobre los Tratados Torrijos-Carter: ¿Por qué se hizo necesaria esta consulta popular y qué tan vinculante fue, tomando en cuenta que el país vivía bajo un régimen militar de gobierno?

J.Y. A pesar de que el gobierno era cívico-militar, tenía una orientación nacionalista basada en la experiencia histórica de las relaciones con Estados Unidos.  Conforme a ella, el Tratado de 18 de noviembre de 1903, fue impuesto a Panamá por la colusión entre John Hay, secretario de Estado, y Philippe Bunau Varilla, embajador de Panamá, quien desobedeció las instrucciones de la Junta Provisional de Gobierno y se adelantó a firmar el tratado bajo su propia responsabilidad y sin aguardar a los otros comisionados.

Cuando éstos llegaron, diez minutos tarde, Bunau Varilla los convenció acerca de las supuestas bondades del tratado. Ante los ‘hechos cumplidos’, la Junta, basada en una consulta por telegrama, dio por aprobado el tratado, redactado en inglés y sin que hubiese una sola copia del mismo en Panamá.  La Junta ratificó por decreto el tratado, o sea, ilegalmente.

M.E. ¿Por qué La Junta no aguardó hasta tanto se contase con una Constitución y una Asamblea en la nueva república?

J.Y. Porque, si no se ratificaba el convenio, Estados Unidos ya había amenazado a la Junta con permitir que Colombia aplastara la rebelión separatista y cancelara el sueño de la república.  Legalmente, el tratado requería ser ratificado por la Asamblea, pero Panamá no tenía una Constitución y sólo estaba vigente temporalmente la Constitución de Colombia.  Panamá tampoco tenía una Asamblea Nacional, la que por primera vez se reunió casi tres meses después de la firma del malhadado convenio, en febrero de 1904.

Julio Yao Villalaz

 

M.E. ¿Luego de instalada esa Asamblea, cuál fue la suerte de ese Tratado?

J.Y. El Tratado de 1903 nunca fue ratificado por una Asamblea, a pesar de que la norma constitucional lo requería.  En 1963, el dirigente, periodista y abogado, Domingo H. Turner, secretario general de la Asamblea Constituyente de 1946, demandó la inconstitucionalidad del Tratado de 1903 por falta de ratificación, mas la Corte Suprema de Justicia, con el salvamento del Dr. Rodrigo Arosemena, falló en contra.

En 1947, Estados Unidos intentó renovar la presencia de cientos de bases o sitios de defensa convenidos en la víspera de la Segunda Guerra, pero una fuerte resistencia patriótica del pueblo, que había cercado a la Asamblea Nacional y amenazado con ahorcar a los diputados que dieran su visto bueno al Tratado Filós-Hines, obligó al retiro del nefasto instrumento.

En 1955 se aprobó el Tratado Remón-Eisenhower, subrogatorio del Tratado de 1903, que obtuvo parciales ventajas comerciales para un sector de la burguesía, pero que dejó intacta la estructura y el carácter explotador del “convenio” original.  La lucha contra el tratado encendió la chispa patriótica del panameño y del movimiento estudiantil, que se manifestó entre 1958 y1959 y en la masacre del 9 de enero de 1964, cuando la policía y el ejército de Estados Unidos mataron a 23 panameños e hirieron a más de 500, por el solo hecho de hacer cumplir lo pactado, en torno al izamiento de la bandera panameña en la Zona del Canal.

El gobierno del general Omar Torrijos tuvo en cuenta estas experiencias históricas, que generaban desconfianza entre el pueblo, cuando se dispuso en la Constitución que el nuevo tratado, cuando y si se consiguiese, para que no fuera decidido por élites y partidos, sería aprobado por plebiscito.

M.E. Antes del 9 de enero de 1964, ¿había esperanzas de acabar con la perpetuidad?

J.Y. Antes del 9 de enero de 1964, los partidos y las élites no abrigaban ninguna esperanza de librarnos realmente de la perpetuidad ni del Tratado de 1903. Desde 1903, los gobiernos sólo luchaban por limar ciertas asperezas del tratado y lograr algunas ventajas en el comercio con la Zona del Canal.

Desde la oposición siempre hubo panameños patriotas que no desmayaron en sus sueños de acabar con el tratado-coyunda, y no sólo acomodarnos a sus cláusulas (Buenaventura Correoso, Domingo H. Turner, Jorge Turner).  Pero sólo con el tiempo las reclamaciones jurídicas dieron paso a las reclamaciones políticas.

M.E. ¿Qué valor le atribuye a la gesta del 9 de enero y la ruptura de relaciones diplomáticas con EE.UU.?

J.Y. El 9 de enero de 1964 cerró la etapa de la infamia colonial y abrió el capítulo de la liberación.  El pueblo, que fue dejado solo y sin armas frente al ejército más poderoso del mundo por quienes debieron defenderlo, escribió con su sangre la nueva política frente a Estados Unidos y gritó:  ¡Soberanía sí, bases militares no!

El alevoso, injusto y cobarde ataque nos dejó 23 muertos y 500 heridos tan sólo en dos días, sin que pidiesen disculpas o hubiese indemnización, y ello produjo un  salto cualitativo en la conciencia histórica del panameño, ya que el 9 de enero fue la más decisiva jornada de todas las gestas patrióticas anteriores.

El 10 de enero, bajo presión popular, Panamá rompió relaciones con Estados Unidos, un hecho sin precedentes en la historia mundial, reanudándolas sólo después de suscrita la Declaración Moreno-Bunker, de 3 de abril de 1964, en el seno de la OEA, que comprometía a ambos países a eliminar las causas de conflicto.

El 9 de enero fue para mí trascendental: esa noche tomé mi fusil de alta potencia y le disparé a una aeronave gringa que, con altavoces y violando nuestro espacio aéreo, conminaba a la gente a retirarse a sus hogares. A raíz del disparo, se apagaron las luces y el motor de la aeronave, que se vio obligada a hacer un aterrizaje forzoso en el aeropuerto estadounidense de Albrook Field, según reportaron los medios.

El 9 de enero hizo que yo arreciara mi compromiso desde niño (1950), de dedicar mi vida a expulsar a Estados Unidos de nuestro territorio. El 9 de enero hizo que yo profundizara mis conocimientos de los conflictos entre ambos países y combatiera las negociaciones de los tratados Robles-Johnson de 1967,  que eran una traición a los postulados enerinos.

Mis escritos fueron publicados en El Panamá-América entre 1965 y 1968 y editados en forma de libro: El Canal de Panamá, Calvario de un Pueblo, (Madrid, 1972 y 1974). Era la primera vez que se abordaba los estudios del Canal desde una perspectiva multidisciplinaria (historia diplomática, derecho internacional, economía, geopolítica), y allí proponía las formas concretas de resolver el problema de una vez por todas.

M.E. En cuanto al rol de los partidos políticos en la lucha por la recuperación del Canal entre 1964 y 1967.  ¿En qué acertaron? ¿En que fallaron?

J.Y. Los partidos políticos estaban interesados más en el poder que en abstractos intereses nacionales.  Entre 1964 y 1967, los partidos se dividían entre quienes apoyaban las  negociaciones (el Partido Liberal) y quienes las adversaban (el Partido Panameñista). Como partidos, no hicieron grandes contribuciones al debate, viniendo éstas más bien de personalidades independientes y dirigentes como Domingo H. Turner, Thelma King, Alberto Quirós Guardia, Jorge Turner, Hugo Víctor, César Quintero y este autor.

El Partido Panameñista rechazó los proyectos Robles-Johnson.

M.E. ¿Qué personas o corrientes políticas se pronunciaron por el “no” en el plebiscito sobre los tratados y por qué?

J.Y. Por el ‘No’ se pronunció gente política desplazada del poder, grupos estudiantiles que habían combatido los proyectos Robles-Johnson de 1967, el Partido Panameñista, el Partido Demócrata Cristiano y el excanciller Aquilino Boyd (opuestos  al Tratado de Neutralidad), sectores de extrema izquierda,  Julio Berríos (que reconocía los avances en soberanía y descolonización pero rechazaba las enmiendas),  Miguel Antonio Bernal, Virgilio Araúz  (Liga Socialista Revolucionaria), el periodista panameño Leopoldo Aragón, quien se prendió fuego afuera de la embajada de Estados Unidos el 1 de septiembre de 1977.  El grupo opositor, que se movía en la clandestinidad por temor a represalias, aprovechó las circunstancias para exponer sus razones y hacer campaña a través de la consigna ‘Bases No’.

Yo mismo renuncié el 20 de agosto de 1977 al cargo de Política Exterior en protesta por el Tratado de Neutralidad, aunque obviamente reconocía las conquistas del Tratado del Canal.  Después de todo, la Declaración Conjunta Tack-Kissinger de 1974, marco de referencia del Tratado del Canal, pero no del Tratado de Neutralidad, fue redactada exclusivamente por mí a solicitud del canciller Juan Antonio Tack y del general Torrijos, quienes me dieron esa gran responsabilidad y esa enorme confianza.

Durante tres años (1974-1976), el canciller Tack se opuso rotundamente a reconocerle a Estados Unidos “derechos de defensa residuales”, o sea, después de la expiración del Tratado del Canal, pactado  para el 31 de diciembre de 1999.  Pienso que la actitud patriótica del canciller Tack, jefe de las negociaciones, arroja luces sobre la conspiración para sacarlo del poder”.

M.E. ¿Obtuvo legitimidad el gobierno, tras el triunfo del ‘Sí’ en el plebiscito?

J.Y. Después del plebiscito, el gobierno sí obtuvo cierta legitimidad al resolver el principal problema del país de acuerdo a la Constitución Nacional, lo que ayudó a borrar en algo su origen como fruto de un golpe militar.

M.E. Tras el golpe militar de octubre de 1968, los partidos políticos fueron abolidos. ¿Cuál fue el resultado de la reapertura de la participación de los partidos políticos aun con los militares en el poder?

J.Y. El retorno de los partidos políticos y el repliegue de la Guardia Nacional a los cuarteles fueron condiciones de Estados Unidos para la firma de los Tratados Torrijos-Carter de 1977.  El precio a pagar por los tratados era muy alto, pues debía desmantelarse el proyecto torrijista, lo que ponía fin  a toda pretensión, por parte de algunos, de profundizar lo que era un experimento reformista con perfiles revolucionarios.

La vuelta de los partidos políticos significaba el retorno de la oligarquía; el gobierno de los ricos y de los primos al poder político. El general Torrijos emprendió la organización de su propio partido, el PRD, con el propósito de salvaguardar y potenciar lo acumulado, las conquistas sociales en educación, salud, trabajo, poder popular y soberanía, pero el plan fue frustrado por ambiciones y conflictos tanto de civiles, como de militares.

M.E. ¿Cuál fue el impacto del apoyo del Movimiento de países no alineados y de los gobiernos de América Latina en la causa panameña?

J.Y. Los países no alineados y de América Latina iniciaron su apoyo  a la liberación panameña a partir de la Reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en marzo de 1973, cuando se internacionaliza nuestra causa, pero se continúa en  múltiples conferencias internacionales, mesas redondas, organizaciones internacionales, visitas y giras diplomáticas alrededor del mundo.  Hubo al principio ciertas reservas de gobiernos latinoamericanos porque no querían comprometer o sacrificar sus relaciones con Estados Unidos.

Yo mismo viajé, autorizado por Omar Torrijos o Juan Antonio Tack, a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la Unión Soviética, China Popular, México, Nicaragua, Polonia, Países Bajos, Yugoslavia, Hungría, Suiza, Corea del Norte, Kenya, Ghana, Senegal, etc.

Omar Torrijos y Juan Antonio Tack me encomendaron refutar, en septiembre de 1976, en representación del gobierno nacional, desde México, unas declaraciones inaceptables del secretario de Estado,  Henry Kissinger,  y el negociador Sol Linowitz sobre el control del Canal, que pusieron en peligro las negociaciones. Todo este entramado de encuentros, citas y conferencias nos produjo un creciente apoyo internacional, la región  y en el mundo.

M.E. ¿Qué resultados acarreó la firma de estos tratados en la lucha panameña por la recuperación de su soberanía nacional?

J.Y. En cuanto a la soberanía, hubo un salto cualitativo al eliminarse el gobierno de Estados Unidos en nuestro territorio, al desmantelarse la colonia Zona del Canal; al evacuarse las bases militares el 31 de diciembre de 1999 y sobre todo, al traspasarse el Canal a Panamá.  Pero en el manejo de los bienes revertidos y esto incluye a la Autoridad del Canal; contrario al ‘uso más colectivo posible’, este patrimonio, que debía ser nacional, se le entregó a los dueños del capital, a la especulación, al amiguismo y a la rebatiña.

El Tratado de Neutralidad no estaba previsto en las negociaciones hasta diciembre de 1976, cuando defenestraron definitivamente al principal negociador y excanciller, Juan Antonio Tack, opuesto a una neutralidad garantizada por Estados Unidos porque significaba su intervención permanente en Panamá, incluso la militar.

En lo relativo al Tratado del Canal,  la descolonización,  la desmilitarización y la recuperación del Canal y la soberanía, la nación panameña se lo debe al excanciller y principal negociador Juan Antonio Tack, a quien tuve el honor de acompañar como  su asesor personal en los hitos y coyunturas más importantes de las negociaciones con Estados Unidos entre 1972 y 1976.

El Tratado de Neutralidad fue producto de otra filosofía política, de otras circunstancias y de otros actores, bien conocidos,  y era contrario a la Declaración Conjunta Tack-Kissinger de 7 de febrero de 1974.  Las enmiendas intervencionistas deben ser eliminadas según el Derecho Internacional.

M.E. ¿Cuál es el balance luego de cuarenta años de la firma de los Tratados Torrijos-Carter? ¿Pudo ser mejor el proceso de negociación?

J.Y. Cuando se aprobó el Artículo 136 en nuestra primera Constitución de 1904, que autorizaba la intervención militar de Estados Unidos en Panamá, alguien exclamó:  “¡Hemos renunciado al derecho sagrado de matarnos!”  Le respondo su pregunta:

Lo bueno: Que no nos matamos entre panameños por la soberanía. Lo malo: Que Estados Unidos sí asesinó a miles de panameños por la soberanía. Lo feo: Que una inmensa cantidad de panameños no entiende ni lo bueno, ni lo malo de la lucha por la soberanía.

¿Que pudo ser mejor?  Sí, claro, pudo ser mejor si Estados Unidos hubiese sido un país civilizado.

Lo ocurrido en Panamá desde 1977 guarda relación directa e indirecta con los Tratados del Canal.

Según buena parte de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y de autores autorizados e independientes como John Perkins, de la National Security Agency, al general Omar Torrijos lo asesinaron el 31 de julio de 1981, a sólo cuatro años de firmar los Tratados Torrijos-Carter.

La desaparición de Torrijos liquidó al proceso torrijista, en tanto que la invasión a Panamá de 1989 para expulsar a Noriega destruyó la soberanía  y la autodeterminación nacional,  restauró en el poder a la oligarquía proestadounidense y a la derecha. En pocas palabras, la liquidación de Torrijos y  de Noriega nos regresó al modelo neoliberal de falso desarrollo, al Consenso de Washington, a la desigualdad social extrema, al cuasiprotectorado y a una sumisión total. La relativa independencia que nos permitió negociar desapareció.

Aunque la colonia, las bases militares y la Corte Suprema de Estados Unidos, desaparecieron, Estados Unidos le arrancó al gobierno de Mireya Moscoso, en acuerdos en forma simplificada y bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo, todos los derechos que necesitan para actuar en Panamá, motivo por el cual tales acuerdos deben ser anulados ya que no fueron ratificados por la Asamblea Nacional.

M.E. ¿Considera que actualmente fuerzas emergentes pueden constituirse en una amenaza o garantía real para el Canal?

J.Y. El uso pacífico y libre del Canal no puede ser amenaza para el Canal.  Las fuerzas emergentes  internacionales pueden ser de gran ayuda para perfeccionar el régimen jurídico internacional de la vía acuática.

M.E. La causa canalera unió al pueblo. ¿Qué ideales de nación unen a la presente generación de panameños? ¿Qué retos soberanos tiene Panamá?

J.Y. Debemos unirnos en la lucha contra el  Tratado de Neutralidad para impedir que se use contra nuestra soberanía según la interpretación antojadiza de sus enmiendas; contra los acuerdos Salas-Becker, que son una permanente violación de nuestra soberanía. Queda como reto pendiente eliminar el Tratado de Neutralidad por ser contrario al Derecho Internacional.  Dicho Tratado, al igual que el Tratado del Canal, fue desfigurado en su texto original del 23 de octubre de 1977, día del plebiscito, por dos enmiendas de 1978: la Enmienda Nunn, que intenta infructuosamente renegociar la presencia de fuerzas armadas de Estados Unidos en Panamá, y la Enmienda DeConcini, que contempla ilegalmente la potestad, incluso usando la fuerza militar, para reabrir el Canal aun sin el consentimiento de Panamá y en violación del Derecho Internacional.

Debemos unirnos contra la corrupción, la justicia selectiva y la inmunidad para diseñar una sociedad de democracia participativa e inclusiva dentro de un Estado de máximo bienestar.

 

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