El dirigente de esa agrupación, Fernando Ábrego, dijo que el rechazo al pacto con la filial de la trasnacional canadiense First Quantum, que roba los recursos naturales al país y causa daños a la salud humana y al medio ambiente, se hará sentir en todo el istmo.

La medida de presión forma parte de las acciones de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, cuyos integrantes también en conferencia de prensa señalaron que arreciarán la condena en las calles del leonino contrato.

 

En apenas cinco días, el proyecto de ley 1100, que adopta el contrato con modificaciones entre el Estado y Minera Panamá, fue presentado a la Asamblea Nacional(parlamento), aprobado en tres debates, devuelto al Ejecutivo, sancionado, enumerado (ahora es la Ley 406 de 2023) y publicado en Gaceta Oficial, lo que ha suscitado indignación en organizaciones sociales y ambientalistas.

La Central Nacional de Trabajadores de Panamá(CNTP), según dijo a Prensa Latina su secretario general Alfredo Graell, reunirá en la jornada a todos sus dirigentes para precisar acciones que lleven a la derogatoria de un contrato que es lesivo a la soberanía.

«Daremos la batalla frente a este acto de traición a la Patria por un grupo de gobernantes corruptos, diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia», remarcó.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, recordó que los colectivos exigen una moratoria a la actividad extractiva y que se realice una consulta transparente y televisada a la población para luego decidir en las urnas si se quiere o no un país minero.

“Llegó la hora en la que el pueblo pone orden en el país”, precisó Méndez al instar a masivas manifestaciones en las calles para derrotar el contrato con Minera Panamá.

Otra de las agrupaciones que adversan el pacto es la Red Eclesial Ecológica de Mesoamérica, conformada por una veintena de entidades de la iglesia católica, la cual catalogó como una práctica contraria a la ética profesional la forma acelerada en la que el Gobierno y el Legislativo manejaron la aprobación de texto.

“Desaprobamos la violencia desproporcionada con la cual intervino la Policía Nacional contra los manifestantes el 20 de octubre, cuando, acompañados por nuestros obispos, nos manifestamos pacíficamente”, agregó la Red en su comunicado.

También la Alianza denunció la pérdida de un ojo del fotógrafo Aubrey Baxter miembro del colectivo ambientalista Ya es Ya, quien que fue impactado por un perdigón disparado por agentes de unidades antimotines cuando participaba en las manifestaciones en las inmediaciones del Parlamento.

Tras los diferentes incidentes, la Defensoría del Pueblo se pronunció y le pidió al Ministerio Público la apertura de una investigación de oficio para que las autoridades brinden información que esclarezca los hechos.

Mientras, Joana Ábrego, del Centro de Incidencia Ambiental, anunció que mañana lunes se presentará una denuncia penal por el delito contra la integridad física.

De su parte, la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá, integrada por los siete pueblos originarios, expresó su rechazo a la aprobación “a tambor batiente” del polémico contrato minero.

El coordinador de la organización, Marcelo Guerra, hizo un llamado a la población originaria a sumarse a las acciones hasta lograr la derogación de la ley.

“Haremos valer la posición generalizada del pueblo panameño en contra de este nefasto contrato que, más que beneficios, es un despojo al país de sus riquezas a cambio de nada, condenando la biodiversidad y la vida de la presente y futura generación”, subrayó. oda/ga