Crisis del Sistema Judicial (¡)

Nos han escrito y llamado muchas personas y nos han pedido que por su importancia y  trascendencia, el tema que trata la presente columna, y siendo que, es uno de los principales problemas del país, publiquemos para beneficio del debate nacional, nuevamente la primera parte de este trabajo sobre la crisis de la Justicia en Panamá. Esperamos haber dado respuesta a las llamadas y escritos que nos lo han solicitado. El Director

Por: José Dídimo Escobar Samaniego

La función judicial del Estado, el mismo se compromete a; una administración de justicia gratuita, expedita e ininterrumpida. Ello quiere decir que, cuando se judicializa cualquier causa, debe haber un resultado esperado en un tiempo perentorio, porque de otro modo, los conflictos no resueltos acumulan una suerte de bola de nieve que, al final hacen ineficaz al sistema judicial y la no resolución de los litigios, trae como consecuencia directa; la pérdida de la paz y el sosiego público. Es decir, que la principal fuente de la violencia nacional es la falta o ausencia de justicia.

En eso sabemos que la administración de justicia no anda bien, no solo por los números y estadísticas de la resolución de los hechos, puestos a consideración de los tribunales, sino, además, su tiempo para resolver los mismos.

De todos los conflictos de distinta naturaleza que ocurren en la sociedad y que pudieran dirimirse en los tribunales, tan solo entre el 8% y 10% de los mismos son finalmente elevados a su judicialización. Es decir, un muy bajo porcentaje acude a los tribunales, porque la gente prefiere dejar sin resolver un problema antes de someterse a todas las formalidades del sistema para luego desencantarse con decisiones inoportunas y carentes de solución real del problema que se plantea y eso se debe a razones muy concretas que señalamos a continuación.

Se sostuvo por mucho tiempo que el problema principal era de carácter presupuestario. Sin embargo la asignación presupuestaria actual ronda B/.298,348,300.00 el Órgano Judicial, B/.237,292,923.00 Asignado al Ministerio Público y B/.8,367,173.00, lo que hace un total de B/.544,008,396  (quinientos cuarenta cuatro millones, ocho mil trescientos noventa y seis balboas). Habría que agregarle además cerca de 35 millones adicionales de la asignación a la Fiscalía de Cuentas, Tribunal de Cuentas, Fiscalía Electoral, Justicia Electoral, Defensoría del Pueblo, Tribunal Administrativo de la Punción Pública, suma que representa percápitamente, la más alta del continente latinoamericano y sin contar con el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública que, son los brazos auxiliares de la Justicia que asciende a más de 867,025,262.00 (ochocientos sesenta y siete mil doscientos sesenta y dos balboas). No obstante, el rendimiento de esta “inversión” es absolutamente frustrante.

Problemas de fondo

La administración de justicia adolece de un problema esencial que le impide la independencia que se proclama en el artículo 2 de la Constitución Política vigente. La manera como se escogen a los magistrados de la Corte genera un alto grado de dependencia. Porque quien lo nomina, también lo domina. Y quien lo ratifica debe ser juzgado por estos y viceversa lo cual vicia toda posibilidad de justicia a este nivel, tal como lo ha demostrado la historia en todas las causas que ha ventilado tanto la Corte como la Asamblea Nacional en la cual hay un acuerdo no escrito en que; “no me meto contigo y tu no te metes conmigo” y ello ha devenido en el descontrol y una gigantesca burla al pueblo panameño.

Para resolver este problema, se requiere una reforma o cambio constitucional que permita que los magistrados sean escogidos directamente por el pueblo que, los debe empoderar, para que puedan levantar su independencia u otro método como el concurso de oposición que saque las manos de los otros Órganos del poder público en la nominación y nombramiento de los magistrados.

Hemos tenido por más de dos años al procurador encargado y no titular y ello mediatiza su actuación que debe compadecerse con la no sujeción, sino a la Ley. De igual manera desde hace mucho tiempo, la mayoría de los jueces, gozan de itinerancia perpetua, lo cual les reduce a conducirse sin independencia, viciando las garantías procesales que deben ser preservadas a los ciudadanos.

Como lo hemos escrito en otras entregas acerca de la imparcialidad y la impartialidad, nuestros magistrados y jueces adoptan posturas que destruyen la existencia de las garantías procesales porque se convierten en parte de los procesos. Recientemente existen denuncias públicas de que un magistrado de la Sala Civil, se reúne dentro y fuera de la Corte con una de las partes de un proceso que terminó hace más de cinco años, y la otra parte solicita por todos los medios que se declare impedido y no obstante continúa vinculado a un proceso que debiendo haber regresado hace más de cinco años, el monto de una millonaria fianza, no se le permite al Juez natural del caso, poder hacerlo por instrucciones superiores, generando con ello una grave afectación en razón del pago de los intereses de la fianza que continúa allí, por encima de lo que establece la Ley que dicta que, la misma debe ser devuelta inmediatamente el proceso concluya a la parte que afianzó para garantizar que las resultas del proceso no fueran ilusorias.

El análisis crítico de nuestro sistema judicial requiere un debate profundo y desapasionado, porque desde la administración de justicia se aumentó el conflicto social que vivimos  y d elo que se trata es que se regenere la paz y el sosiego que todos anhelamos.

¡Así de sencilla es la cosa!

5 Hay varios Likes:) Gracias...