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COMUNICADO AL PAÍS

 

Hoy acudimos a la Corte Suprema de Justicia acompañando de manera solidaria al reconocido dirigente sindical y luchador social probado en mil batallas al lado del pueblo, un compañero honesto e incorruptible, Gabriel Castillo, ante la injusticia que se ha cometido contra él.

Esperamos que los grandes poderes que han fraguado este fallo en su contra y de otras figuras, no se salgan con la suya. Venimos a exigir justicia.

El contexto

El 25 de marzo de 2010, a solo 8 meses del Gobierno de Ricardo Martinelli, auditores de la Contraloría remitieron a la entonces Contralora General de la República, Gioconda Torres de Bianchini, el informe de Auditoría Especial Número 128-013-2010 DINAG-DESAEDS, relacionados con los fondos del Instituto Panameño de Estudios Laborales (IPEL), provenientes del seguro educativo, administrados por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL).

La auditoría cubrió el periodo de 1 de enero de 2007 al 31 de julio de 2009, es decir, un periodo correspondiente al Gobierno anterior.

La auditoría hace una serie de observaciones a diversas centrales y organizaciones sindicales en relación a los informes presentados, entre estas a la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), cuyo representante legal era en ese momento, Gabriel Castillo. Se habían presentado copias de facturas y recibos y no los originales por un monto de 26,426.09. balboas, es decir, apenas el 4.5 % del monto total recibido por CONUSI del IPEL en el periodo objeto de la auditoría.

Los auditores hacen una serie de observaciones a CONUSI para subsanar las inconsistencias y días después se sustentan y se presentan las facturas y recibos originales, así como se acatan algunas recomendaciones hechas para mejorar los informes futuros.

El informe de auditoría concluye que “los fondos del 5% del seguro educativo manejados a través de la cuenta Fondo MITRADEL-IPEL se manejaron conforme a las Leyes, Reglamento y Normativas existentes en la entidad”, por lo cual se recomienda presentar ese informe al Mitradel para que se tomen las medidas administrativas correspondientes y se implementen las recomendaciones contempladas en la evaluación de control interno y se apliquen medidas correctivas, tales como:

  1. Que hasta que los gastos en que incurrieran las centrales y organizaciones dentro de este informe no sean justificados se establezcan como cuentas por cobrar y sean deducidos de los desembolsos de las asignaciones presupuestarias del 2010. CONUSI, como ya señalamos, presentó las facturas y recibos originales y subsanó las inconsistencias detectadas.
  2. Que el MITRADEL y el IPEL confeccionen el manual de procedimiento para el uso y manejo de los recursos del 5% del seguro educativo, el cual no existía en ese momento.
  3. Que MITRADEL y el IPEL cree una Sección Técnica de Evaluación y capacitar al personal para ello.
  4. Que se implemente un sistema informático adecuado de manera que el Departamento de Organizaciones Sociales del MITRADEL, mantenga controles adecuados.
  5. Que los informes de Rendición de Cuentas deben ser remitidos a las Oficinas de Fiscalización de la Contraloría General.

En ninguna parte, la Contraloría General de la República concluye que hubo lesión patrimonial o peculado. De lo contrario, siendo la máxima autoridad en fiscalizar los fondos públicos, sería querellante dentro del proceso amañado y político que se abrió, y no lo es.

Aun así, el 21 de marzo de 2010, la ministra de Mitradel en ese momento, Alma Cortés, en base a ese informe de auditoría ordenó al Lic. Hernán García, en calidad de apoderado legal, presentar una querella contra Gabriel Castillo y otros por el delito contra la Administración Pública (peculado) en perjuicio del MItradel y el IPEL. Ya hemos señalado que la Contraloría no dedujo en su informe que había delito alguno y menos de peculado.

Las raíces políticas de la querella

Corría el mes de marzo de 2010, los 8 primeros meses del Gobierno de Martinelli, y las distintas organizaciones populares se movilizaban para enfrentar un paquete de medidas contra el pueblo como el alza del impuesto de ITBMS de 5% a 7% medida concebida por el ministro de Economía y Finanzas, el panameñista Alberto Vallarino.

Se desarrollaban protestas en todo el país en preparación de la gran marcha convocada por FRENADESO para el jueves 18 de marzo. En la Avenida Balboa, los obreros de la construcción se movilizaban en su hora de almuerzo. Con ellos tropezó el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, quién viajaba en su lujoso auto sintiéndose un mandamás y ordenó a los trabajadores que despejaran la vía. Por supuesto, nadie le hizo caso, y entonces las cámaras de televisión y varias emisoras de radio en directo, grabaron sus palabras, cuando furioso les gritó a los obreros, “maleantes de mierda”.

Era el preludio de la represión. Días después, el 16 de marzo, Mulino ordenaba a la Policía, dirigida por Gustavo Pérez, reprimir a los obreros. Unidades policiales se tomaron por asalto los proyectos de construcción en la Ave. Balboa y Calle 50. Hubo un número plural de heridos y casi 300 detenidos. Al menos 70 de ellos ciudadanos que estuvieron cerca de los sitios de la protesta, pero que nada tenían que ver con la misma.

Sin mediar orden de autoridad competente alguna, ni juicio previo, sin imputársele cargos a los detenidos, sin contemplaciones, fueron conducidos a las cárceles de La Joya y La Joyita.

Contrario a lo que esperaban los representantes del nuevo gobierno, la represión no amilanó a los luchadores, sino que arreció las protestas. Al día siguiente, los proyectos de construcción amanecieron tomados por unidades policiales. Los obreros eran sometidos al pele police y más de 30 de ellos eran detenidos.

La marcha convocada por FRENADESO y SUNTRACS se efectuó pese a la intimidación y fue multitudinaria, pero opacada por los medios de comunicación, en ese entonces en plena luna de miel con el nuevo gobierno. La acción de las autoridades del Mitradel contra los dirigentes sindicales, entre ellos, Gabriel Castillo, fue en respuesta a ello.

Además, buscaban intimidar al movimiento sindical y popular frente a lo que se avecinaba. Tres meses después se aprobaba la repudiada Ley de Chorizo y se desataban las huelgas y movilizaciones por todo el país. Con ello se violaba el derecho a la organización sindical y se eliminaba la cuota sindical. Dirigentes de FRENADES, CONUSI y SUNTRACS tenían orden de arresto y el bloque de búsqueda de la policía les seguía los pasos. El epicentro de las protestas fue Changuinola. El pueblo en las calles resistió y derrotó la Ley Chorizo. No fue fácil, la represión desatada produjo un grave derramamiento de sangre. Al menos 6 muertos, decenas de ciegos por disparos de perdigones en los ojos a corta distancia, un número plural de heridos de balas, perdigones y gases lacrimógenos, incluidos niños. Fue una masacre.

Lo que siguió

El 23 de julio de 2012, la querellante, Alma Cortés, ministra de Trabajo, presentó desistimiento ante la Fiscalía Primera Anticorrupción, pero éste no se le admitió “por falta de autorización del Consejo de Gabinete, según lo preceptuado en el artículo 1087 del Código Judicial”.

Sin embargo, 2 años después, el 25 de julio de 2014, el ministro del Mitradel, Luis Ernesto Carles, presentó desistimiento autorizado mediante resolución de Gabinete de 22 de julio de 2014, publicada en Gaceta Oficial.

Es decir, en dos ocasiones el Mitradel desistió de la querella. Y la última vez se ordenó archivar el expediente, el 7 de septiembre de 2015.

A Gabriel Castillo se le dio sobreseimiento definitivo por la acusación de peculado mediante fallo del 21 de enero de 2019 del Juez Décimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá.

¿Por qué no se cerró el caso?

Pese a todos los fallos que se dieron y al mismo informe de Contraloría, la Fiscalía prosiguió apelando manteniendo el caso abierto.

Más de 10 años después, el 24 de noviembre de 2022, sin sustento alguno, la juez primera liquidadora de causa penales, Águeda Rentería Sánchez, sentenció a 5 años de cárcel a Gabriel Castillo y a otros dirigentes sindicales. Actuó por el Ministerio público, el Fiscal Superior Anticorrupción de Descarga, Edwin Juárez, quién públicamente festejó el fallo.

Se ha violado el debido proceso. Se ha fallado en base al delito de peculado que nunca fue reconocido por la entidad correspondiente, es decir, la Contraloría General de la República. Nunca se sustentó debidamente la apelación del fallo de sobreseimiento definitivo en favor de Gabriel Castillo. Y, finalmente, se hizo caso omiso a los dos desistimientos por parte de la parte querellante, el Mitradel y el Ejecutivo.

Esto demuestra que se trata de una abierta persecución política y de la utilización las vías legales para fomentar el terrorismo judicial por parte de sectores que responden a intereses políticos y a la mafia empresarial, en momentos en que las fuerzas populares y progresistas se preparan para exigir el cumplimiento de los acuerdos de la Mesa Única de Penonomé y defender los intereses de los asegurados.

El compañero Gabriel Castillo es la principal víctima y la cara visible de toda esta tramoya. Pero en el fondo hablamos de un ataque contra el pueblo que lucha, contra la corriente sindical clasista, contra sus organizaciones, CONUSI, SUNTRACS, Alianza Pueblo Unido, Frenadeso y otros grupos que siguen resistiendo los embates del neoloiberalismo.

CONUSI

Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente

 

Panamá, 15 de diciembre de 2022.

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