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El gobierno empresarial: entre corrupción, privatización e imposición

acumulación por desposesión.

Juan Jované

 

A pocos meses de iniciado el gobierno pro – empresa, empiezan a aparecer los primeros signos de la falta de transparencia, elementos de privatización, así como de la tendencia autoritaria que lo caracterizan. Elementos todos que apuntan hacia la imposición de las posiciones y medidas propuestas por los sectores económicamente dominantes. Algunos ejemplos muestran esta realidad.

La reciente compra de medicamentos realizadas por el Ministerio de Salud, muestra claros signos de falta de transparencia, los cuales apuntan a una situación que lesiona el patrimonio del Estado. La información publicada por el diario La Estrella de Panamá en su edición del 30 de septiembre de 2024, muestra la presencia de enormes sobrecostos en la compra de dichos medicamentos, cuando se comparan con los precios que se hubieran obtenido si se hubiera seguido con la licitación propuesta por la CSS, que fue eliminada a solicitud del señor Mulino.

Es así que, según la información disponible y solo para dar algunos ejemplos, el precio de compra de la amoxicilina superó en 117.3 % al que se hubiera logrado con la licitación propuesta por la CSS, en el caso de la azitromicina el sobrecosto es de un sorprendente 268.4%. Otro ejemplo viene dado por el fentanilo con un sobre precio de 139.2%. La información del diario La Estrella de Panamá asevera que la compra de pastillas de loratadina que hubiera costado cerca de B/ 227,964, terminó costando B/. 7.7 millones. En definitiva, se trata de una situación que afecta negativamente los recursos disponibles del Gobierno Central y de la CSS, gracias a un proceso avalado tanto por el ministro de salud como por el nuevo director general de la CSS.

A todo esto, se debe agregar la obscura situación relacionada con la concesión de la Marina de Amador. En este caso la presencia de funcionarios de un gobierno extranjero vinculados con esta concesión, así como la falta de transparencia del manejo que se le ha dado a todo el proceso, riñe con los altos estándares éticos que debe ser la guía de los actos públicos.

Es evidente, entonces, que el gobierno pro – empresa se encuentra desarrollando un proceso que se caracteriza por lo que David Harvey llama acumulación por desposesión. En esta se incluyen las diversas formas de privatización, entre las que se encuentra el traspaso de funciones que antes realizaba el Estado a las empresas privadas (Stiglitz), las cuales lucran gracias a este traslado. Es así que la decisión del señor Dino Mon de tercerizar, es decir entregar a la empresa privada, los servicios de control de los inventarios de la CSS, debe ser calificada como una forma de acumulación por desposesión.

El hecho de que no será posible compatibilizar el proyecto de cambios paramétricos, cuentas individuales y privatización de los fondos de pensiones de la CSS del Conep, con las propuestas que apuntan volver al modelo solidario y darle una base financiera sana, tiene una especial significancia, habida cuenta que nos encontramos frente a un gobierno abiertamente declarado como pro – empresa.

En efecto, el gobierno pro – empresa, manejado directamente por los sectores económicamente dominantes y presidido por el señor Mulino, ya se ha adelantado a establecer que si no se da un acuerdo en el falso diálogo que se desarrolló en la Presidencia de la República, será directamente ese gobierno el que decida las reformas al modelo de pensiones de la CSS. Es obvio que el gobierno del señor Mulino optará por imponer el nefasto proyecto del Conep.

Esto, vale la pena señalar, se pretende hacer con un estilo autoritario. De hecho, el señor Mulino ha llegado a decir que está dispuesto a actuar como dictador con el fin de imponer su visión, que desde luego será la de los sectores económicamente dominantes. No se trata de una simple amenaza si se tienen en cuenta los planes del Ministro de Seguridad, el que considera necesario ampliar en cerca del 10.0% el píe de fuerza de los estamentos de seguridad.

En estas circunstancias, a nuestro juicio, no tiene ningún sentido para los sectores sociales mantenerse en la farsa que se desarrolla en la Presidencia. Es el tiempo de iniciar la movilización para enfrentar el proyecto de la cúpula empresarial, así como de prepararse para participar activamente en el espacio del primer debate que se dará en la Asamblea Nacional, el que deberá servir de caja de resonación al proyecto de vuelta a la solidaridad con una base financiera sana.

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