El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: Dr. Silvio Guerra Morales
Reedición del Artículo publicado en El Panamá América en fecha 16 de Diciembre de 2022 y actualizado a fecha de 30 de agosto del año 2023.
Viernes Diciembre 16 de 2022: Hará cuestión de unos meses atrás, basándome en las declaraciones y escritos del Dr. Marcel Salamín, quien formó parte de la mesa de negociaciones en el caso de la Minera Panamá, por parte del Gobierno Nacional, y quien ha venido denunciando, de modo insistente y persistente, que se atraca al Estado panameño, a la población en general, con cláusulas y renunciamientos verdaderamente atroces y lesivos al patrimonio de los recursos naturales de la República de Panamá, hice un pronunciamiento, en audio y video, en el que sostenía que de ser ciertas las expresiones de que esta empresa minera, en realidad, es una corporación en la que los verdaderos dueños o socios principales son otros estados o naciones, ello entraría en colisión, en flagrante violación, de lo que prescribe el Articulo 290 de la Constitución Nacional en plena concordancia con lo dispuesto en el Artículo 257, Numerales 5 y 6 de dicha Carta Magna.
¿Qué dicen estas normas?. Pues sencillo: 1. Que pertenecen al Estado las riquezas del subsuelo, que podrán ser explotadas por empresas estatales o mixtas o ser objeto de concesiones o contratos para su explotación según lo establezca la ley. 2. Los derechos mineros otorgados y no ejercidos dentro del término y condiciones que fije la ley, revertirán al Estado. 3. Las minas, entre otros bienes, no podrán se objeto de apropiación privada, pero podrán ser explotadas directamente por el estado, mediante empresas estatales o mixtas, o ser objeto de concesión u otros contratos para su explotación, por empresas privadas. 3. Que ningún gobierno extranjero ni entidad o institución oficial o semioficial extranjera podrán adquirir el dominio sobre ninguna parte del territorio nacional, se excepcionan las sedes de las embajadas de conformidad con lo que disponga la ley.
Insisto, de ser ciertas esas aseveraciones y así se llegare a acreditar, el Gobierno Nacional entraría en grave responsabilidad, sobre todo de carácter penal, por cuanto quedaría en el ámbito de los Delitos Contra la Personalidad Jurídica del Estado Panameño, en especial lo que prescribe, entre otros, el Artículo 425 del Código Penal que prescribe que “quien ejecute un acto para someter la República, en todo o en parte, a un estado extranjero, aminorar su independencia o quebrantar su unidad e integridad, será sancionado con prisión de quince a veinte años de prisión”.
La agravante de este tipo penal señala que la pena será de veinte a treinta años cuando la conducta fuera realizada por un servidor público o través de tratados, convenios o acuerdos celebrados para tales efectos. Relacionado con el tipo penal antes visto, está el artículo 431 que anuncia pena de dos a seis años de prisión para el funcionario que habiendo sido encargado por el Gobierno de Panamá para tratar asuntos con una empresa extranjera traicione su mandato de manera perjudicial para los intereses públicos.
Insisto, el dispositivo jurídico penal anterior, sin defectos de otros tipos penales que guardan relación con el economía nacional y el ambiente.
En otro orden de ideas, estimo que el gobierno nacional, debe rendir cuentas claras a la nación panameña respecto a lo que se ha dado a conocer de que la suma de dinero que habrá de entregar la empresa minera al Gobierno Nacional, será unos trescientos y tantos millones anuales, cuando la empresa recibe, conforme a datos dados a conocer, casi triplicado, miles de millones de dólares en corto tiempo, un año o menos de un año. Y que la explotación minera se proyecta a mas de cincuenta años. De ser cierto ello, se causa una lesión enorme, en el sentido jurídico que suele emplearse la lesión enorme en el campo del derecho civil, a los intereses nacionales, y aunque se plasme así en un contrato de la nación, lo que hay en el fondo es una entrega repugnante de nuestros recursos y riquezas nacionales.
De partida, por prudencia e inminente necesidad, el Ministerio Público debe iniciar, de oficio, así se impone, de ya para ya, una investigación penal, en se orden, a fin de determinar si hay entes estatales extranjeros metidos en esta situación. Ahí he dejado los artículos del Código Penal y la base para ello habría de ser lo que se ha sostenido, públicamente, sobre la posible intervención de otros estados, como socios, en nuestra minería. El país, la Patria, la población entera se lo merece y lo exige.
No puede ser cierto que en un escenario de carencias y pobrezas que se dan en nuestro país, a nuestra gente, a cientos de miles y miles de panameños, en paupérrimas condiciones, en todos los niveles de la vida social, nos demos el lujo de regalar esas riquezas, los tesoros nuestros, a cambio de limosnas. Se repetirá, acaso, la mal recordada historia de intercambiar espejitos por oro?. Dios bendiga a la Patria!.
Del Robo De Nuestra Soberanía Y El Secuestro De Nuestra Institucionalidad.
Miércoles, agosto 30 de 2023:
A la fecha, a 8 meses de haber escrito este artículo, concluyo:
- El estado de cosas se ha agravado.
- El Gobierno Nacional acredita complicidad dolosa con intereses foráneos en detrimento y grave perjuicio de las riquezas naturales racionales, victimizando al pueblo panameño a la precariedad y a la humillación e indignación nacional.
- El supuesto contrato minero sometido al escrutinio de la Asamblea Nacional de Diputados encierra cláusulas perversas y leoninas que subyugan y someten la soberanía panameña y el territorito nacional.
- Auspicia el robo de nuestra institucionalidad y para muestra un botón: No se podrá sobrevolar el espacio aéreo que esté por encima de las construcciones mineras de la aludida empresa o compañía que explota nuestro oro y otros metales o minerales. En otras palabras: prohibición de inspeccionar, para la empresa sería “vidajenear”, sea el gobierno o sean particulares. En nuestra propia casa se nos prohíbe todo.
- Contiene dicho contrato clausulas falsarias, pervertidas con el ropaje de la mentira y el engaño, como por ejemplo, que el supuesto aporte de los 375 millones a favor del estado panameño, podría verse reducido a su mínima expresión de bajar la producción de la empresa en la explotación del metal precioso. Ello a partir del 1 de enero del año 2026 (ver Cláusula XV).
- Que el supuesto aporte, amen de lo anterior, es ínfimo en atención a las ganancias que reporta, hasta el momento la empresa minera. Ejemplo: Para el periodo entre los años 2019 al 2022, ante los accionistas de la empresa, se reportaron ganancias en el orden de los 7,295 millones de dólares y a Panamá le tocó la “sobra” o la “migaja”, es decir, un porcentaje indigno y ofensivo, injurioso y lesivo a la dignidad de Patria como dueños de nuestro territorio.
- Se autoriza, entre otras tantas cosas, la expropiación de los terrenos de los humildes campesinos y otros que tienen predios o inmuebles alrededor de las áreas mineras, tan así que de no querer vender los dueños de esos predios, puede recurrir la empresa ante la ANATI para adelantar trámites de expropiación.
- En materia tributaria, las cosas están más turbias y oscuras: No generarán riquezas impositivas al fisco. Es decir, cero beneficio para las arcas del Estado panameño.
- A confesión de parte, relevo de pruebas: El Gobierno Nacional ni la empresa minera han negado, en ningún momento, que accionistas de esta compañía minera, son países u otros estados, tales como: China, Singapur y Crea del Sur. Esto es, como queda acreditado en la parte superior de este ensayo, inconstitucional por demás que ilegal.
- Finalmente, dignos de vítores los valientes colegas DIDIMO ESCOBAR, RAMIRO GUERRA MORALES, JULIO YAU, MARCEL SALAMIN, FELIPE ARGOTE, CARLOS BOLIVAR PEDRESCHI, ALEJANDRO ROMAN, RODRIGO NORIEGA, y tantos otros a quienes pido perdón por si escapan a la enunciada mención. Pero hago énfasis a EL PERIODICO DIGITAL, del colega JOSÉ DIDIMO ESCOBAR, abogado de fuste y estirpe valiente, quien convirtió a este diario digital en el más importante bastión de lucha en donde se ovuló la gesta opositora a la nueva versión del Tratado Hay Buneau Varilla y sin claudicar en el análisis y la férrea denuncia de tan recalcitrante documento que encierra un contrato de renuncia de nuestra dignidad y riquezas nacionales.
