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Denuncias de golpe, allanamientos e incertidumbre: ¿qué pasa con las elecciones en Guatemala?
Quieren eliminar la participación del Candidato Bernardo Arévalo, a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo ha habilitado como el candidato que enfrentará a Sandra Torres el próximo 20 de agosto.
Los Corruptos están preocupados que los vayan a juzgar y obligarlos a que devuelvan lo que se han robado al pueblo guatemalteco.
El candidato opositor a la presidencia de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció que la decisión de un juzgado de suspenderde manera inesperada e ilegal a su partido, Movimiento Semilla, forma parte de una estrategia golpista que busca afectar el sistema democrático del país.
«Este es un momento donde todos los sectores de la sociedad guatemalteca que queremos democracia, que queremos un estado de derecho, que queremos un Estado digno, tenemos que converger, tenemos que unirnos tenemos que reunirnos alrededor del rechazo de esta acción, que no es más que un golpe de Estado técnico», dijo este jueves en una entrevista con Noticiero Guatevisión.
Arévalo consideró que la sentencia contra su partido forma parte de «una acción desesperada de un grupo político criminal que se da cuenta que tiene los días contados, en términos del control sobre el poder político».
Las declaraciones del candidato progresista se enmarcan en el caos que predomina en Guatemala luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) validara, después de 18 días, los resultados de la primera vuelta electoral.
De esta manera, oficializó que Arévalo competirá en el balotaje previsto para el 20 de agosto contra Sandra Torres, la candidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza, con lo que supuestamente terminaría la incertidumbre que ha rodeado al proceso electoral.
Sin embargo, de manera simultánea, el Juzgado Séptimo de Instancia Penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla por supuesta falsificación de firmas, así como la inhabilitación de sus candidatos.
El fallo provocó una inmediata controversia, ya que aparentemente viola las leyes electorales de Guatemala, las cuales impiden la suspensión de partidos mientras están en marcha los comicios.
Preocupación
La situación es tan grave que incluso Torres, la adversaria de Arévalo, criticó las medidas tomadas contra Movimiento Semilla.
«Expresamos nuestra preocupación por las acciones judiciales presentadas en las últimas horas en las que presuntamente estaría involucrado el partido político que alcanzó el segundo lugar», señaló en un comunicado.
También advirtió que estos hechos resultan «extremadamente confusos, desconcertantes y dañinos» para la transparencia de la democracia guatemalteca, por lo que hizo un llamado al TSE para que conduzca el proceso acorde con la Constitución.
Como resultado de la suspensión de Movimiento Semilla, las autoridades realizaron esta mañana un polémico allanamiento en el Tribunal Supremo Electoral, mientras múltiples colectivos llamaban a marchar para defender la democracia.
La presidenta del Tribunal, Irma Palencia, denunció que el operativo representaba una invasión de carácter inaudito. «Estoy sorprendida y preocupada por los jueces, los directores y los trabajadores», afirmó
Reacciones
La comunidad internacional también se hizo presente, ya que la misión de observación electoral de la Unión Europea celebró que se hayan confirmado los resultados de la primera vuelta, pero condenó las medidas contra el partido opositor.
«La iniciativa del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, promovida por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), de suspender provisionalmente la personalidad jurídica del Movimiento Semilla en pleno proceso electoral, amenaza a uno de los cimientos básicos de la democracia: el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas», expresó en un comunicado.
Además, exhortó al cese de la judicialización de las elecciones con «maniobras» que tienen «un dudoso encaje legal» en el ordenamiento jurídico guatemalteco, y a que los poderes públicos garanticen el libre ejercicio del voto.
La Internacional Progresista, por su parte, denunció que el Fiscal Especial Rafael Curruchiche lanzó una campaña selectiva de guerra legal, que amenaza con poner fin al régimen democrático en Guatemala.
«Estas tácticas de guerra legal ya se han desplegado en el transcurso de estas elecciones», advirtió en un pronunciamiento en el que llamó a todos los aliados de la democracia a defender el Estado de Derecho en Guatemala.
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