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Martin Torrijos no salvó al seguro, destruyó el modelo solidario

Juan Jované

 

Desgraciadamente en nuestro país las campañas políticas más que apegarse a la realidad, a fin de que el elector pueda decidirse sobre la base de hechos reales, las mismas son diseñadas para distorsionar las figuras de los candidatos, otorgándoles méritos y cualidades de las que carecen. Un ejemplo de esto es la forma en que ha venido desarrollándose la propaganda política del expresidente Martín Erasto Torrijos Espino.

Dicha campaña está basada en la idea de que el expresidente Torrijos Espino habría salvado la CSS en el 2005, lo que el mismo afirmó en una entrevista a principios de mayo donde señaló al referirse al seguro social que “nuevamente nos va a tocar salvarlo”.  Nada más alejado de la realidad para cualquiera que haya leído la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005, que reformó el sistema de pensiones.

Esta Ley, que separó en dos los modelos de pensiones de la CSS, significó que a partir del 2008 ningún nuevo cotizante podía ser inscrito en el subsistema solidario, a la vez que separaba los fondos de este subsistema del nuevo sistema mixto, que introdujo las cuentas individuales. Esto llevó a que se rompiera la cadena de solidaridad que caracteriza al modelo solidario, lo que llevó, a su vez, a que más temprano que tarde el sistema quedara sin financiamiento. El costo de esta política se reflejó en un enorme costo de transición, que de acuerdo a cálculos de la época alcazaba al 145% del PIB,  cerca de B/. 25,871.9 millones a precios actuales. Nada en la Ley sancionada por Torrijos Espino aseguraba el financiamiento de  dicho costo.

Conviene señalar que es falsa la afirmación que el modelo estaba al borde de la quiebra. En primer lugar, dado que la relación cotizantes activos – pensionados en el 2007 fue de 5.6. Si esta se encuentra reducida a cerca de 1.5, se debe al hecho que la Ley 51 evitó que los nuevos cotizantes, sobre todos los del boom económico, se inscribieran en el sistema solidario. En segundo lugar, debido a que se utilizó en las proyecciones una tasa errada del PIB. Esto se aprecia en el documento de la OIT titulado Valuación Actuarial y Financiera de la Caja de Seguros Social (2003), que tuvo gran influencia en el diseño de la Ley 51,  que suponía una tasa de crecimiento del PIB de apenas el 3.5% anual, cifra que no solo contrasta con las tasas observadas durante el boom económico, sino también con la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía panameña (cerca del 5.0% anual).

También fue absolutamente falsa la promesa que se le hizo a los jóvenes que el subsistema mixto, con su componente de cuentas individuales, les estaría abriendo un camino seguro hacia pensiones dignas. En efecto, en el documento del Fondo Monetario Internacional del 25 de noviembre de 2015, titulado “Panamá: Pension Reform Options to Improve Sustanability and Equity”, queda claro que quienes se pensionen en el sistema mixto a partir de 2050 y el 2060 obtendrán pensiones de solo un poco más del 20.0% de los salarios previos a la pensión. Se trata de una bajísima tasa de remplazo, que significa pensiones de miseria.

No menos cierto es que la Ley 51 poco hace por evitar la evasión de las cuotas de la seguridad social por los empleadores. Esta si bien en su artículo 230 declara delito penal la retención de cuotas que no se remiten a la CSS, el artículo 231 prácticamente perdona este delito si el empresario realiza un arreglo de pago con la institución.

Si el expresidente piensa que así se salva la seguridad social, mejor no vuelve a hacerlo.

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