El camino correcto que se desatendió deliberadamente, fue el que ordenó la Corte y es de obligatorio cumplimiento, era una nueva licitación publica internacional que subsanara los yerros del contrato declarado inconstitucional, pero el Gobierno pensó mejor en meterle un cují al pueblo, incluso a la Corte misma.
Juan Ramón Sevillano
Abogado