“Nuestros tribunales se oponen a los justos, y no se encuentra justicia por ninguna parte.
La verdad tropieza por las calles y la honradez ha sido declarada ilegal.” Isaías 59:14 NTV.
Por: José Dídimo Escobar Samaniego
Recientemente la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, María Eugenia López Arias y el presidente de la Sala Civil, Olmedo Arrocha Osorio, dieron a conocer al país que; dado que en otros países, sus homólogos ganan más que los nuestros, ellos han procedido a dar una orden al Contralor General de la república para equiparar sus salarios, lo que significa un aumento de salario de 4,000.00 seis mil balboas, además de los diez mil que reciben ahora, lo que supondría un ingreso de 14 mil balboas, sin contar una cantidad de privilegios adicionales, como teléfonos pagado por el órgano, vehículos, dos choferes, cuatro seguridad, viáticos al extranjero y al interior del país, lo que podría totalizar cerca de 35 mil balboas mensuales que multiplicado por 12 da más de 420 mil balboas anuales y durante diez años más de cuatro millones de balboas en salarios y beneficios.
Esta reclamación, convertida en una orden administrativa que debe ser tomada y hecha efectiva del presupuesto actual del Órgano Judicial de B/. 419,720,473.00, (cuatrocientos diecinueve millones setecientos veinte mil cuatrocientos setenta y tres balboas), suma que no se compadece con la ampliamente deficitaria administración de justicia en Panamá, a tal punto que, por ejemplo, la sala penal no admite casi el 90 % de las casaciones o revisiones, ¿cuántas audiencias de estas materias hacen por semana? No se diga la Civil en donde el presidente se convierte en parte de procesos y aborreciendo todo principio ético, se convierte en juez y parte y no atiende sinnúmeros de recurso de recusación que conforme al Código Judicial no deben ser desacatados por los jueces y magistrados. Lo mismo acontece con la sala administrativa en donde un colega presentó hace más de año y medio un recurso de ilegalidad contra una resolución de la Directora de registro civil del Tribunal Electoral en donde se restituye la nacionalidad del excandidato presidencial Rómulo Roux, que la ha escondido y hubiera sido cómplice que en la eventualidad que hubiera ganado, tendríamos a un ciudadano norteamericano dirigiendo al país en una coyuntura en que las autoridades de ese país, al cual le debe lealtad absoluta, pondría en riesgo nuestra existencia como estado independiente y soberano.
“Por eso no hay justicia entre nosotros y no sabemos nada acerca de vivir con rectitud.
Buscamos luz, pero solo encontramos oscuridad; buscamos cielos radiantes, pero caminamos en tinieblas. Isaías 59:9 NTV
Es evidente que el rendimiento de nuestra Corte Suprema deja mucho que decir. Cientos de jueces con más de 10 años de ejercer sus puestos sin contar con permanencia para que los magistrados superiores, puedan intervenir y torcer la justicia a su capricho y antojo, porque los jueces no son estables y por tanto tampoco independientes.
“Nuestros tribunales se oponen a los justos, y no se encuentra justicia por ninguna parte.
La verdad tropieza por las calles y la honradez ha sido declarada ilegal.” Isaías 59:14 NTV.
El órgano jurisdiccional, del que el pueblo espera mucho, sin embargo, se mueve con celeridad cuando hay gente de abolengo en las causas, pero como un paquidermo cuando se trata de la justicia para la gente humilde.
Los maleantes verdaderos, los que se roban el país, andan orondos por las calles, disfrutando los frutos del robo y latrocinio y siempre para ellos hay casa por cárcel, país por cárcel y ninguno va a la Joya o la Joyita, sino que una cárcel con todas las comodidades fue acondicionada solo para los grandes narcotraficantes y los que han asaltado las arcas públicas, como si ese daño causado al pueblo panameño y a la humanidad fuera una virtud.
Con qué moral entonces, la Corte Suprema de Justicia pretende tomar dinero de los panameños, sin tener méritos para tan desenfocada y tenebrosa pretensión de hacerse un aumento antes de que la función judicial pueda calificarse mínimamente como aceptable.
Atrás también quedó el principio de igualdad de derechos y resalta el espíritu egoísta de la Corte Suprema que nunca se ha acordado de los jueces inferiores y de funcionarios del Órgano Judicial que no se les reconoce sus méritos académicos, su dedicación y productividad.
A la luz de la grave situación económica y fiscal que vive el país, en donde cada día se amplía la brecha entre ricos y pobres, siendo el nuestro, vergonzosamente, uno de los países con mayor desigualdad social y económica del mundo, la máxima Corporación de Justicia actúa insensatamente, desconociendo la dramática realidad que vivimos y hundiendo la justicia, en un profundo abismo de descrédito y ausencia de virtud.
El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
