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El Ferrocarril de Panamá, otro gran despojo a la república

Por José Dídimo Escobar

En los 25 años de concesión del ferrocarril de Panamá, la empresa Kansas City Southern Railway y Panamá Holdings, LLC, se han llevado a sus alforjas la suma de más de 3,375 millones de dólares de ganancia, mismos que debieron servir para enfrentar los grandes problemas sociales que tiene el país, no obstante, toda esa riqueza ha tenido una travesía hacia el gran emporio ferroviario del centro de EE.UU. y hacia ciertas carteras de algunos panameños privilegiados (Alemán y Pérez Balladares) que, reciben del ferrocarril sumas millonarias de sus multimillonarias utilidades y el Estado Panameño debe contentarse con ver el festín desde lejos.

En el año 1981, hace 42 años, dirigí una brigada de la Federación de Estudiantes de Panamá, que hicimos un recorrido por la línea del Ferrocarril y cruzamos de la ciudad de Panamá hasta Colón. En ese proyecto hicimos un campamento en Frijoles, varios kilómetros al norte de Gamboa y donde llegaban muchos científicos que desarrollaban estudios científicos en la isla de Barro Colorado. Allí, en ese lugar, vivía un obrero del Canal que era patriota, es decir, de los nuestros. El propósito de esa jornada era un reconocimiento de toda la línea férrea en el objetivo de prepararnos para que Estados Unidos de Norteamérica, cumpliera al pie de la letra con lo que se había firmado en los tratados del Canal de 1977, y además por el valor histórico del ferrocarril en la vida de Panamá que fue la primera vía férrea que unía los dos grandes océanos, desde 1855.

En el año 1998 el ferrocarril de Panamá se le concesionó a Kansas City Southern Railway y Panamá Holdings, LLC. En ese contrato que, pronto cumplirá 25 años de existencia, Panamá empezó perdiendo hasta el modo de caminar porque la compañía reclamó un traslape que se había cometido en Colón con los terrenos de los puertos de Cristóbal y Coco Solo, responsabilidad de la Autoridad Portuaria de esa época, además de un crédito de cuarenta millones de balboas que conforme el contrato se le otorgó a la empresa para que con nuestro dinero hiciera una serie de rellenos e inversiones.

En ese entonces, la carga por contenedores que se manejaba en los puertos panameños era de solo 800 mil contenedores al año. Hoy se manejan más de 10 millones de contenedores anuales.

El negocio para la compañía ha sido de maravilla, sin embargo, para Panamá no ha sido similar historia.

Lo que era un recurso que funcionarios públicos, desde el Estado, nunca quisieron potenciar, como se ha hecho en otras latitudes, ahora significa altas utilidades a la empresa, pero los que vivimos dentro del área revertida, perdimos el derecho de uso de la Avenida Gaillard, Diablo Road, que comunicaba Balboa con Alto de Jesús o Diablo Heights y Cárdenas. El Estado tuvo que construir a su costo, la carretera alterna que va contigua al aeropuerto de Albrook y la rotonda, y Los Ríos. Se perdieron los 11 campos de juego de Balboa, solo para mencionar algunos casos insólitos de la concesión en los que el Estado entregó a la empresa sin recibir beneficio alguno.

En ese contrato leonino, como el de la Minera, que es de fecha casi similares, el Estado se amputa la posibilidad de construir otra línea férrea por la duración del contrato que debió terminar en febrero de este año, o a lo sumo el próximo junio. En la actualidad la república de Costa Rica desarrolla un Canal seco constitutivo de un viaducto y líneas de tren que pretende competir con Panamá, y como el contrato nos limita como Estado, no podemos hacerle frente a este desafío, siendo que deberíamos desarrollar otra línea férrea por el lado oeste del Canal que comunique a la Zona Panamá Pacífico con Zona Libre y los puertos de Colón y entonces tendría sentido construir un puerto en el área de Farfán y Palo Seco tal como recomendaron los expertos originalmente que contrató La Autoridad del Canal de Panamá y no como caprichosamente algunos avivatos quieren aún, imponernos el puerto de Corozal. El proyecto tico costaría arriba de diez mil millones de balboas para un recorrido de cerca de trescientos kilómetros, mientras que en Panamá solo se trata de menos de 80 kilómetros.

Panamá tiene el deber de estar a la altura de su responsabilidad histórica y utilizar todo el potencial de servicios que tenemos y poner esos recursos a disposición de la satisfacción de las necesidades del pueblo panameño, quien es el legítimo dueño de esos bienes.

Podrían hacer falta solo tres meses para la finalización de esa concesión leonina y ya es hora de que empecemos a prepararnos para recuperar dinámicamente al ferrocarril y también los puertos y ponerlos al servicio de los panameños con alta eficiencia, así como lo hace el Estado de Singapur o lo hace China y otros estados más.

Hasta ahora esos puertos y el ferrocarril, han estado exonerados de impuestos, y no aportan en lo absoluto al desarrollo del país, lo que debieran y los beneficios solo caminan por una sola dirección que no es precisamente, el pueblo panameño.

No hay que ser letrado e instruido en Derecho o economía para saber que, uno de los factores esenciales en la economía de un hogar o un país y del mundo es el trabajo. El Trabajo transforma y agrega valor a las cosas.

Siempre se ha menospreciado el trabajo y minusvalorado el esfuerzo de las personas que trabajan. Pocas son las empresas que reconocen, como se debe, el aporte del trabajo de sus trabajadores.

La Plusvalía es un concepto enunciado por un gran economista inglés, David Ricardo, un judío sefardí de origen portugués que, junto a Adam Smith, fundaron las ciencias económicas, y que posteriormente Carlos Marx, alemán de origen judío, recoge genialmente en su obra El Capital, definiéndole formalmente.

Cuando en 1972 el General Torrijos le entregó a los obreros el Código de trabajo, de lo que se trataba era de modernizar no sólo las relaciones laborales, sino que, intentaba que tanto los empresarios como el Estado se pusieran a tono con la nueva concepción que reconoce en los trabajadores no a esclavos y a gente de segunda o de tercera, sino a seres humanos con igualdad de derechos y a promocionarse social y económicamente a través del trabajo.

Disminuyó con esa norma, los abusos y perversiones que empresas como las bananeras extranjeras, cometían contra nuestros compatriotas con el apoyo abierto y deliberado de los gobiernos oligarcas de ese entonces.

Tuvo que ser a la fuerza, porque a los reclamos de justicia no se pueden pretender que surjan las respuestas, de la mera generosidad de una clase, cuyos ojos los tiene puestos en la avaricia y la ganancia. Que, para ellos, importa esa plusvalía, mucho más que la gente.

Si vivimos en un país, cuya desigualdad es una de la más dramáticas del continente, no es porque abunda aquí la justicia, sino todo lo contrario; porque escasea.

Actualmente, empresas como la Panamá Canal Railway Co., siguen abusando de los trabajadores, los tratan como esclavos, no le reconocen miles y miles de horas extras nocturnas y diurnas y con la plusvalía, tienen como costumbre el abusar de los panameños. Aún practican el Gold Roll y el Silver Roll. Son Republicanos conservadores y siguen haciendo dinero a su manera. Pero el Ministerio de Trabajo en vez de ponerles la cincha ya, en el marco de nuestro derecho, salen a protegerlos y a encubrirlos con un arbitraje que no cabe porque es ilegal y arbitrario.

En nuestro país existen muchas empresas norteamericanas que todas se someten a nuestras leyes y normas, ésta, siempre ha preferido imponerse con abusos insoportables e insostenibles y esa macabra tarea la cumplen los socios panameños que devengan parte de las utilidades que debieran ser de todos los panameños.

Ha llegado el momento de ajustar cuentas y de que nuestras autoridades se dejen de estar en esa actitud penosa de alcahuetear y apuntalar la ilegalidad por favorecer a quienes no tienen la grandeza de reconocer los derechos elementales de los que los hacen ricos.

Cuando Panamá firma el contrato de concesión con la empresa Kansas City Southern Railway y Panamá Holdings, LLC que fue publicado en febrero de 1998, por el término de 25 años, pero que entró en ejecución en el mes de junio, uno de los aspectos que la concesionaria aplicó en contra del dueño de esos bienes, es decir, el pueblo panameño, fue eliminar el transporte popular y solo trajo algunos vagones de lujo y el modo de impedir el viaje de los sectores populares fue poner un precio inalcanzable para la ruta de casi 77 kilómetros que en Europa, no costaría más de cuatro Euros, es decir, cinco balboas, pero en Panamá el precio fue puesto en 35 balboas que equivale a la travesía en AVE (tren de alta velocidad) desde Madrid hasta Zaragoza, cuya distancia es superior a los 400 kilómetros.

El mensaje fue claro, no les interesaba cargar a nadie, solo manejar carga y pasajeros VIP (Very Important Persons). Ante tal hecho, a los distintos gobiernos que han ocurrido, no les ha preocupado reivindicar el derecho histórico de viajar en el tren del pueblo panameño.

Esa vergonzosa segregación, es decir, solo pueden montar el tren quien tenga altos ingresos, es una afrenta al pueblo que muy pronto resolveremos cuando se culmine la concesión y pase a manos panameñas, el ferrocarril.

Dios nos constituyó iguales en derechos ante Él. No le es lícito al hombre tratar indignamente a sus congéneres.

El 19 de junio de 1998, el gobierno de Panamá ejecuta la concesión a la empresa Panama Canal Railway Company («PCRC»), una empresa conjunta entre el «Kansas City Southern Railroad» y la empresa de capital privado Lanigan Holdings, LLC. En 2000 y 2001 a través de un mega proyecto se realizaron mejoras al ferrocarril para el manejo de grandes contenedores, a fin de complementar el transporte de carga del Canal de Panamá. La línea es ahora de un solo tramo con algunas secciones de doble vía estratégicamente colocadas. Desde el 2006 la fuerza motriz incluye 10 ex-F40PHs Amtrak y 1 de GP10. El equipo rodante se caracteriza por vagones con cúpulas de cristal que datan de 1938.

La historia de los últimos 25 años, ha sido un soberano atraco, un contrato leonino que no ha representado utilidad para la república y eso sí, nuestra posición geográfica la explotan extranjeros, de la que han recibido miles de millones de dólares y el desarrollo de la actividad logística no ha representado beneficios para Panamá, y la empresa por el contrario, trata a los trabajadores panameños como esclavos modernos  e incluso les impiden formar su sindicato independiente como es su derecho constitucional.

El Gobierno panameño debe poner fin a esta relación con el presente contrato leonino, establecer nuevas cláusulas que garanticen el interés nacional o en su defecto desarrollar por nosotros mismos toda la actividad ferroviaria que, representa una de las vías de transporte seguros económicas y eficientes.

¡Por un país decente y una patria para todos!

¡Así de sencilla es la cosa!

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