El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: José Dídimo Escobar Samaniego
Cebolla nacional
A una semana del proceso de cosecha, los cebolleros de Tierras Altas y sin que exista ningún desabastecimiento en el mercado nacional, se enfrentan a una conspiración de grandes importadores, que quieren introducir cebollas adquiridas en remate en EE.UU., e inundar el mercado nacional sin que baje el precio pero destruyendo las expectativas del mercado para la cebolla nacional, que en su proceso de producción genera miles de empleos, además de la movilización de la misma a la región metropolitana donde existe el mayor consumo.
La escasez: una gran mentira que pretenden vender.
El discurso que pretenden vender los importadores y quienes los apalancan desde el Estado, es que, además, de la escasez en el mercado, hecho que no se compadece con la realidad, ya que en el mercado está garantizado el producto por un mes más, además de que falta una semana para entrar en la etapa de cosecha y secado del producto nacional que cubriría la demanda nacional hasta finales del presente año, es que el producto importado es de mejor calidad, elemento este que es falso porque conforme los exámenes de inocuidad, la cebolla que ha venido importada de EE.UU., tienen mucha más del tiempo que se prescribe como el máximo para mantener la inocuidad, hasta el sabor y la textura, por lo que la cebolla fresca nacional es del mayor agrado del consumidor nacional, que es en ultima instancia el factor que debe primar en la satisfacción de la población que, casi nunca se le toma en cuenta, porque los importadores traen mucho productos que por comprarlos en remates, los mismos son de muy baja calidad, castigando a nuestros consumidores y productores.
Los importadores, además de no generar empleos, logran obtener grandes ganancias, castigando a los consumidores con altos precios y la economía se concentra en pocas manos y no dinamiza a la economía nacional, además de convertirnos en exportadores netos de capital a países desarrollados. Conforme a las reglas de la OMC, Panamá abre el mercado a países con los cuales hemos celebrado acuerdos comerciales, pero llenada la cuota que se establece, dichas importaciones no pueden traerse cuando a los importadores se les venga en gana, porque así ocurría antes y eso le hizo mucho daño a los productores nacionales y muchos prefirieron abandonar la actividad productiva.
El gobierno, tal como se ha comprometido el presidente de la república, no debe acceder a las presiones de estos sectores de avivatos que, en medio de la cosecha del producto nacional, pretenden inundar el mercado nacional, ocasionando un duro golpe a los productores, y vanagloriándose de su conciencia avariciosa, solo piensan en sus ganancias y poco les interesa la paz pública, la estabilidad de las instituciones ni el infortunio de nuestra gente.
Existen mecanismos que se han creado en el país para que todos los actores de la actividad productiva, incluso los consumidores que nunca estuvieron representados, participen y sensatamente puedan todos, ponerse de acuerdo dentro del marco de la ley y preservando siempre el sagrado interés nacional de los panameños.
En el pasado reciente, estas cuotas de importación que, ahora quieren reeditar los importadores, siempre fueron una piñata de corrupción que otorgaba privilegios y millones de balboas a personas que vendían el acceso a las cuotas y luego el pueblo panameño pagaba con altos precios los productos importados además de la destrucción de la base productiva del país, hecho que no puede repetirse para bien de la nación.
Si por alguna razón que logren triunfar los facinerosos, es decir los importadores que, no tienen mayor consideración con la paz pública ni el bienestar general, no tengo la menor duda que ello, pondrá en serio peligro la paz social del país, que, además, de los otros hechos que tienen al país en tensión, sería como echarle gasolina al fuego. Hay que recordar el texto constitucional que dice: Artículo 50: Cuando de la aplicación de una Ley expedida por motivos de utilidad pública o de interés social, resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma Ley, el interés privado deberá ceder al interés público o social.
¡Así de sencilla es la cosa!
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