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El electo y las puertas del infierno minero

Juan Jované

 

Ocultar para actuar

La lectura del Plan de Gobierno de José Raúl Mulino muestra un rasgo interesante: en el mismo no aparecen ni una sola vez las palabras mina, minería o minera. Daría, entonces, la impresión que se trataba de un tema que no haría parte de la gestión del próximo gobierno. Sin embargo, una vez culminadas las elecciones, el nuevo mandatario pasó a mostrar una clara posición sobre el futuro de la mina de Donoso, declarando que se trata de abrirla para cerrarla. ¿Una extraña iluminación del electo a pocas horas de su triunfo, o una táctica electoral para evitar un tema que pudo haber restado votos?

Un elemento que puede dar luces sobre esta última pregunta son las recientes declaraciones tanto de la minera First Quantum como del presidente electo. De acuerdo a noticia aparecida en el diario la Prensa el miércoles 8 de mayo, la minera canadiense habría expresado que “esperamos dialogar con la nueva administración y trabajar juntos una vez que asuma el cargo, para encontrar una solución.” Al día siguiente el electo, en declaraciones locales, que también fueron difundidas por los medios internacionales, instaba a Frist Quantum a tener un diálogo directo sin arbitraje. ¿Casualidad o acuerdo previo que solo se podría revelar luego de las elecciones?

La idea del electo de negociar sin arbitraje, que en principio puede parecer como un gesto nacionalista, significa en realidad que se busca que la reapertura de la mina de Donoso la haga First Quantum. Lo que se está ofreciendo es la transacción de un retiro de la demanda arbitral a cambio de un nuevo contrato de explotación. Se trata, a nuestro juicio, de una clara concesión del próximo gobierno a las exigencias de las calificadoras de riesgos.

No se debe olvidar que el comunicado de Fitch Raiting del 28 de marzo de 2024 aseguraba que la nueva administración, a fin de que la mina se abriera rápidamente, debería “lograr un cambio mayor en el sentimiento de la población y superar los obstáculos legales, tales como la recientemente aprobada Ley de Moratoria.” En este contexto el llamado a la supuesta unidad nacional más bien parece como un intento de lograr un acuerdo coordinado de las fuerzas políticas tradicionales, con el fin de asegurar, entre otras cosas, la reapertura de la mina y la reforma pro empresa del sistema de seguridad social.

Abriendo las puertas del infierno minero

Es importante establecer lo que significa abrir la mina para cerrarla. En primer lugar, implicaría, tal como se adelantó, la derogación de la Ley de la moratoria de la minería a cielo abierto, a fin de que el nuevo gobierno pueda realizar una renegociación con First Quantum. Sin embargo, el efecto iría más allá, debido a que, en este nuevo contexto jurídico, se podrían otorgar cualquier nuevo número de concesiones de exploración y explotación minera a cielo abierto. Esto, vale la pena agregar, sería prácticamente inevitable frente al capital transnacional, dado que en los diversos tratados de libre comercio se encuentra tanto la cláusula de trato nacional a las inversiones, como el de la nación más favorecida. Se puede pensar, con un alto nivel de certeza, que el nuevo gobierno busca revivir el estilo de desarrollo extractivista – minero.

En segundo lugar, abrir la mina con el supuesto fin de cerrarla, se basa en la idea de que la empresa minera realice sobre ganancias suficientes para que, cuando prácticamente se agote todo el mineral, pase a financiar con una parte mínima de las mismas, el cierre de la mina. Es algo así como proponer que se hagan nuevos huecos, cada vez más grandes dado que primero se explotarían los yacimientos de más alta ley minera, para cerrar los huecos más pequeños.

Este proceder significa, entonces, que el país deberá soportar un creciente costo ambiental para permitir que Cobre Panamá logre lo que Eduardo Gudynas, en su magistral libro Extractivisms. (2020) califica de excedente a costa de la normal reproducción de la naturaleza: ¿cuánto impacto adicional sobre la biodiversidad del Corredor Biológico Mesoamericano piensa el gobierno que debemos aceptar?; ¿cuánta contaminación adicional del agua le parece conveniente?; ¿cuánto costo social en términos de morbilidad y mortalidad cree que debe soportar la población cercana a la mina? Es interesante, por ejemplo, que el presidente electo haya ponderado la existencia de una central eléctrica en la mina, sin aclarar que la misma opera a base de carbón, el combustible fósil que genera más gases invernaderos.

En la dirección que propone el próximo gobierno se estaría reconociendo, al menos implícitamente, que First Quantum no tendría absolutamente ninguna responsabilidad por haber explotado la mina sin ninguna base legal, pese a que el contrato de explotación fue declarado inconstitucional dos veces por la Corte Suprema de Justicia.

Desde el punto de vista de la justicia ambiental se estarían violando importantes principios. Se trata del conocido principio según el cual el que contamina paga. Este estaría incluido en el principio más general de la justicia restitutiva. Ello significa que en justicia First Quantum, que realizó una explotación ilegal, tiene la obligación de pagar ya el costo de un cierre correcto y ordenado de la mina de Donoso.

Un importante rasgo, no mencionado por el presidente electo, pero que Gudynas correctamente destaca en el caso de los enclaves extractivistas, es que la experiencia demuestra que los mismos operan en un territorio sobre el cual los Estados pierden poderes y funciones, que son asumidos por las transnacionales. El resultado es, como lo explica este autor, un debilitamiento de la soberanía nacional sobre dicho territorio.

La ruta de las reformas y la necesaria respuesta

De las declaraciones del presidente electo se desprende, de manera explícita, que el nuevo gobierno tiene trazada una ruta en el tiempo para introducir los cambios que se propone. En un primer momento, que debería culminar hacia diciembre, se enfrentaría el tema de la seguridad social, asegurando las reformas paramétricas y la generalización de las cuentas individuales manejadas por la empresa privada. Luego se abordaría, en un período muy corto, la reapertura de la mina de Donoso y la restauración del estilo de desarrollo extractivista minero.

Resulta, entonces, fundamental unir las acciones de las fuerzas sociales y ambientalistas a fin de lograr un sistema de seguridad social público, universal y solidario, así como un país libre de minería. Quien intente dividir y fragmentar esta unidad de lucha, simplemente le estaría haciendo un favor a la estrategia profundamente neoliberal del próximo gobierno.

Panamá 11 de mayo de 2024

 

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