Por: Sergio Sánchez Silvera
Periodista
Si a como lo prometió el Presidente Cortizo, en el nuevo contrato con Minera Panamá se respetará la constitución y las leyes existentes entonces debemos estar claros y no esperar ningún buen resultado de las futuras negociaciones.
Como un panameño más pretendo que mi gobierno o mi Presidente responda a algunas de las muchísimas preguntas que surgen al ver la ominosa situación que existe en la relación con Minera Panamá; siendo estas numerosísimas me veo obligado a dejarlas en unas cuantas por lo cual he seleccionado las que a mi juicio son impostergables a ser resueltas.
Un código Pro Mundi Beneficio
El código de Recursos Minerales tiene un solo artículo que habla de los objetivos de la minería en Panamá, textualmente dice lo siguiente:
“ARTÌCULO l. El presente código se denominará Código de Recursos Minerales y tendrá como objeto estimular y reglamentar la exploración y extracción de minerales, primordialmente a través de la iniciativa e inversión privadas, en todo el territorio de la República de Panamá , y a la vez, promover el desarrollo vigoroso de la investigación, trasporte y beneficio necesarios y convenientes para asegurar la disponibilidad de estos minerales en una escala nacional e internacional.” Resalta inmediatamente que lo importante en estos objetivos no se encuentra presente, no dice por ningún lugar que es interés del estado recibir ningún beneficio de esta explotación; en este sentido el código está en concordancia con el lema de nuestro escudo: Para Beneficio del Mundo, no del nuestro.
Se hace necesario resaltar que el actual código ha sufrido desde su creación 27 modificaciones y que ninguna de estas modificaciones se hizo para otra cosa que no fuera el beneficiar a las mineras. Surge aquí la pregunta de si ¿Estará el gobierno actual en disposición de modificar este artículo de forma que deje claro que el primer beneficiario de los recursos naturales a explotar tiene que ser el estado panameño?
En el actual código se habla de concesión de explotación, un concepto ya superado por numerosos países de Sur América en donde la modalidad de concesión a sido sustituida por contrato de extracción, concepto que deja más claro que el recurso minero es propiedad inalienable del estado contratacante. La pregunta que aquí surge es ¿Estará dispuesto el actual gobierno en evolucionar hacia una posición más nacionalista?
El día fijado como último plazo para firmar un nuevo contrato y el primer día de las cesiones legislativas de este año el Sr Presidente de la Republica hizo declaraciones respecto a la intervención del gobierno en la minera, declaraciones que más que aclarar oscurecen, si fue una intervención judicial no se ha publicado aún el acta de este hecho. ¿Quién es el administrador judicial? Y cuál es el alcance de sus atribuciones. ¿Acaso son los canadienses quienes siguen mandando? ¿Bajo qué ordenamiento jurídico se radica esta intervención? ¿Quién pagará los salarios de los trabajadores y las prestaciones laborales? Son apenas algunas de las primeras preguntas que me hago.
Si es el estado quien ha intervenido entonces como es lógico podríamos tener hacia el público un flujo de información de lo que hasta este momento han sido secretos muy resguardados por la empresa minera. Será en consecuencia posible que se ponga en conocimiento de la ciudadanía panameña datos como por ejemplo ¿Puede en este momento el estado interventor decidir quién entra o no? ¿Cuántos tajos a cielo abierto se trabajan actualmente? ¿Cuántas minas se explotan actualmente? ¿Cuántos molinos están en funcionamiento en las minas? ¿Pueden ahora los funcionarios del departamento de laboratorio de Recursos Minerales entrar a recoger muestras para su análisis? ¿Pueden en este momento los campesinos del área atravesar libremente a atender sus parcelas, cosa que les prohibía la minera? ¿Ejerce de momento el estado alguna soberanía sobre el puerto de punta rincón y sobre el aeropuerto? ¿Han podido regresar a ejercer sus funciones los arqueólogos del estado que fueron defenestrados por la minera?
Me queda un cúmulo de preguntas que podrían ser contestadas si la intervención del estado no fue de mentirilla y solo para quedar bien con el público o para evitar el dicterio y escarnio nacional. De lo que aquí expongo solo queda advertir que la historia es un juzgador cruel que no perdona ni rebaja culpas. Pocos, muy pocos pueden librarse de la admonición que se ganan con una retorcida y tambaléate actuación demostrativa de baja tenencia de hormonas. Señores del gobierno los cuestionamientos están hechos: les toca a ustedes contestar y más que contestar actuar con patriotismo y firmeza en aras de la defensa de los recursos naturales de los ciudadanos que los eligieron. No olviden que serán recordados por sus actos.
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