Una evaluación objetiva y fría de la situación minera y del contrato ley, que se pretende aprobar, demuestra que este es ampliamente desbalanceado e inconveniente para la nación panameña.

La Mina Cobre Panamá, Economía Y Desarrollo Nacional.

Autor: José Antonio Gómez Pérez

Economista, Planificador. Catedrático Titular de la Universidad de Panamá.

 

1 – MINERA PANAMÁ, S.A.: ANTECEDENTES Y PROBLEMAS.

 

En Panamá y desde inicio del decenio de1990 a la fecha han transcurrido más de 3 décadas, precisamente han pasado 33 años y 7 administraciones públicas presidenciales, a saber: Guillermo Endara G. (1989-94); Ernesto Pérez Balladares G. (1994-99); Mireya Moscoso R. (1999-04); Martín Torrijos E. (2004-09); Ricardo Martinelli B. (2009-14); Juan Carlos Varela R. (2014-19); y, Laurentino Cortizo C. (2019-24).

Se trata de un largo periodo en que se registraron variados eventos –polémicas, conflictos y demandas legales– vinculados a problemáticas de trasfondo y puntos focales críticos en el desarrollo de la minería y las responsabilidades públicas respectivas; todo ello, relacionado mayormente con las concesiones mineras de tipo privatizador y sobre los minerales oro y cobre.

 

• La Ley 9 de 1997: Un Marco Minero Amplio De Ilegalidad Y Controversias.

 

Hace casi un cuarto de siglo, un capítulo controversial fue abierto en la historia de la minería local al aprobarse la ya tristemente famosa Ley 9 de 1997. En efecto, se trata de la concesión minera entre el Estado y la Sociedad Petaquilla, S.A. que fue aprobada mediante la Ley No. 9 de 26 de febrero del año 1997 durante la administración presidencial de Ernesto Pérez Balladares.

Dicho Contrato fue posteriormente transferido al grupo empresarial Minera Panamá, S.A; y, luego, el año 2017 fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Tal decisión, por argucias políticas, entró en vigencia en el año 2021, cuatro años después. Sin embargo, desde 2019 ya está explotando la mina Cobre Panamá en Donoso, Colón. Se trata de una empresa activa que al año 2022 registró una inversión monumental de 6,700 millones de USA Dólares.

Actualmente en 2023, está en curso una situación excepcional, que es el limbo jurídico vigente sobre el caducado Contrato Ley No. 9 de 26-02-97, por el que “se rige” el consorcio empresarial Minera Panamá S.A. que es subsidiaria representativa de la transnacional canadiense denominada First Quantum Minerals Limited.

Ante la cronología de eventos descritos, la situación general exhibe dos características inherentes desventajosas y perniciosas, acumuladas ya por un cuarto de siglo;  a saber: a) Limbo jurídico respecto a la caduca Ley 9 de 1997; y, b) Ausencia de un nuevo contrato regulador entre el estado nacional y el consorcio Minera Panamá S.A.

Así ha venido conformándose un marco o ambiente de ilegalidad, que puede así calificarse y cuantificarse en un período corto o extenso, entre 3 y 25 años, según el criterio referencial que se tome en cuenta, a saber:

1. a) 25 Años por cronología del contrato oficializado y luego abolido.
2. b) 5 Años, según criterio de su declaración de inconstitucionalidad.
3. c) 4 Años, según criterio de la fecha de inicio de operaciones de explotación minera en 2019.

 

1.2.  Años 2022–23: Premuras Para Remplazar La Ley 9 De 1997. 

 

Resulta que en enero de 2022, en conjunto el Gobierno de Panamá y el consorcio empresarial Minera Panamá, S.A. & First Quantum Minerals anunciaron haber alcanzado un acuerdo de objetivos y principios para un nuevo contrato de concesión y operaciones. Sin embargo, en diciembre de 2022 este proceso negociador quedó atascado; y, además, ambas partes argumentaron distanciamientos considerables respecto a las bases previamente establecidas.

En marzo de 2023, nuevamente ambas partes contractuales comunican al país haber acordado una base actualizada de objetivos y principios, que pondría fin al urgente requerimiento de un Contrato Ley que cumpla con toda la institucionalidad correspondiente. Así, la situación conflictiva más visible y urgente de este año 2023 se resume en generar y oficializar un nuevo contrato de concesión y regulación para el proyecto Cobre Panamá y sus operaciones a largo plazo.

En la fecha presente, la pregunta obligada que cabe plantear es la siguiente:

• ¿Están las partes, estado y corporación minera, dispuestas a poner fin a los variados conflictos y establecer un nuevo contrato?

Varias posiciones y declaraciones de ambas partes, esbozadas por medios públicos, muestran disposición para la respuesta del Si. Afirmación, que principalmente es resultado de las condiciones apremiantes que cada parte tiene en su agenda.

 

Premuras Para Cerrar Una Negociación Minera Conflictiva.

 

El contexto que ha caracterizado la conformación del remplazo de la Ley No. 9 de 1997 está preñado de conflictos de ilegalidad, controversias operativas y las premuras jurídicas, socioeconómicas y de todo tipo.

Por parte del consorcio empresarial multinacional, todo lo relacionado a resolver el limbo jurídico e ilegalidad existente, y que genera limitaciones frente a los inversionistas y directamente afecta sus quehaceres el mercado mundial. Por parte del Estado panameño, muchas de sus premuras están en juego, aquellas principalmente en actividades claves como son: crecimiento económico, ingresos tributarios y iscales, elevación del endeudamiento total y el servicio elevado a la deuda pública, caída de la inversión pública, mantenimiento de tasas de desempleo e informalidad elevadas.

Además, en el listado de premuras del estado, están los intereses del gobierno oficial por recolectar simpatías. Unas, en su relación con el capital financiero global apoyándole abiertamente su modelo de gestión minera. Otras, buscando apoyo electoral-clientelista para las elecciones de mayo 2024, mediante el uso de los aportes económicos que de inmediato la empresa minera empezaría a reportar al tesoro nacional.

Respecto al uso de los aportes de la empresa minera al tesoro nacional, el gobierno nacional ha anunciado algunas medidas, que en nada lucen constituir un plan desarrollista coherente y permanente. Se trata de una modalidad de propuesta sin perspectivas inversionistas, ni desarrollistas, al proponer destinar la porción mayoritaria de ingresos como gasto a programa de jubilación de los pensionados de la CSS.

Sería lamentable que tales fondos monetarios mineros públicos terminen con el mismo destino de gasto corriente no redituable que ocurre con los fondos de la ACP, que son depositados sin reglamentaciones de uso en el bolsón del tesoro nacional. Desde la entrada en vigencia del Tratado Torrijos Carter el 1 de octubre de 1979 hasta diciembre del año 2022,  la suma total acumulada aportada por el Canal de Panamá –a través de la ACP– al Tesoro asciende a 25,505 millones de USA dólares, sin que en toda Panamá haya una sola obra desarrollista y su respectiva placa de constancia de inversión que fuere construida con tales aportes; por ejemplo infraestructuras estratégicas como la ciudad gubernamental, la carretera Bocas-Colón, una línea de metro, etcétera.

Y no es que yo piense o diga que resolver la iliquidez del IVM no sea una urgencia nacional. Es que un buen asesor fiscal primero pensaría en un plan para reducir la evasión tributaria; así, con tan solo una meta de 20% anual en el renglón de evasión del impuesto sobre la renta recaudaría 1,200 millones por año; suma. que resultaría 4.8 veces mayor que la eventual asignación del eventual aporte minero que propone la administración presidencial Cortizo.

En primera instancia, resulta evidente la idea de gastar rápido los ingresos públicos de la actividad minera; todo ello, sin importar cómo, ni priorizar un programa de inversiones desarrollistas. En segunda instancia, queda muy obvio que la planificación científica e integral del estado y el desarrollo nacional está ausente o andará escondida.

La agenda gubernamental oficial puesta en la actual mesa de negociaciones apunta a buscar salidas y respuestas, que satisfagan las premuras gubernamentales por aumentar de inmediato alícuotas de ingresos al fisco y sostener y ampliar medidas de corte electoral-clientelista del oficialismo en las elecciones generales de mayo 2024. En suma, se están utilizando dos direcciones inconvenientes a una visión integral y planificada del desarrollo nacional. La muchísima propaganda que se está pagando y difundiendo, de parte y parte, en el fondo sólo lucen mecanismos para distraer o amoldar la opinión ciudadana a tales direcciones y resultados.

 

2 ― PANAMÁ: HACIA LA EVALUACIÓN DE LA ACTUAL NEGOCIACIÓN MINERA

        Y EL DESARROLLO NACIONAL.                                              

 

En esta sección hago énfasis especiales en dos contextos metodológicos: uno, concierne principalmente a contenidos conceptuales fundamentales; y, el otro, a contenidos aplicados al curso de la negociación actual. En estos análisis aplicados, una sección es dedicada específicamente a la mina Cobre Panamá y asuntos societales claves; y la otra enfocada en los trasfondos de la minería y el desarrollo nacional. En ambos casos, presento una síntesis de la negociación finalizada; destacando aquellas características que resultan con mayor relevancia y peso de ponderaciones, consideradas en la matriz guía de evaluación y su confrontación con las condiciones acordadas por las partes.

 

2.1.  Negociación Minera: Conceptos de Evaluación Y Desarrollo Nacional.

Aquí se exponen análisis referentes a tres temáticas importantes: a) el concepto de negociación aceptable para la nación; b) la matriz guía para evaluación de negociación minera, componentes claves y el desarrollo nacional; y c) la actividad minera en Panamá y los desafíos importantes que atender.

2.1.1. El Concepto: Negociación Aceptable Para La Nación.

Por más de una centuria, en el desarrollo y apogeo del llamado proceso histórico de alpinismo generacional, los actores sociales nacionales lograron progresivamente contornear una noción de “negociación con resultados aceptables para la nación”. Así, establecieron bases fundamentales para el Estado en contextos especialmente de: soberanía y autodeterminación política; institucionalidad, legalidad y regulación; creación de patrimonio y rentas; y defensa de los recursos y activos nacionales.

A manera de una síntesis convencional, el concepto general de Negociación Aceptable Para La Nación define los resultados que como características y cualidades son favorables para las condiciones de soberanía, justicia, dignidad e interés del Estado nacional de Panamá y su población; resultados, que a la vez deben contribuir al proceso de crecimiento, desarrollo y bienestar humano en las dimensiones política, social, económica y otras importantes e incluidas en la visión–país estratégica e integral.

Para la actualidad y el caso de la minería, yo percibo que dicho concepto no ha cambiado su esencia y condiciones, mismo que determina los significados positivos desarrollistas nacionales. A la vez, su alcance es válido tanto a nivel conceptual y en el empírico. Por ende, tal noción está utilizada en este estudio.

Esta aludida conceptualización conlleva a la necesidad imprescindible de evaluar integralmente los resultados de toda negociación, ordenando los balances de ganancias y pérdidas y compendiándolos como la relación neta de costo–beneficios; para lo cual, es obligante contar con los análisis amplios de los logros, efectos, repercusiones y consecuencias que dimanan de los asuntos concretos establecidos al cierre de las negociaciones.

 

2.1.2. Componentes de Evaluación Y Desarrollo Nacional.

Este tema atañe a “evaluación de negociación minera y el desarrollo nacional. Para guía su análisis he preparado una Tabla didáctica titulada: Matriz Guía Para Evaluación De Negociaciones Mineras: componentes claves y desarrollo nacional. A continuación está adjuntada dicha Tabla Guía.

 

Explicar y corroborar las características de una “negociación aceptable para la nación” requiere la evaluación cualitativa y cuantitativa de los componentes y condiciones esenciales que conforman el propio concepto; cuyos resultados permiten así calificar correctamente las razones y cualidades de todos los contextos involucrados en el proceso negociador.

Los balances respectivos sobre ventajas al consorcio transnacional y desventajas al estado panameño pueden ampliamente ordenarse, explicarse y detallarse. Para ello, se requiere utilizar las dos herramientas básicas pertinentes: a) La Tabla Matriz Guía que sirve para ordenar la prelación e importancia de los contenidos y sus cinco grupos; y b) La Propuesta Acordada como Resultado de la Negociación, o preferentemente el mismo texto del proyecto de Contrato-Ley. Con ambas herramientas, se ha construido los análisis y conclusiones aquí presentados. Obviamente, en otra oportunidad, los mismos pueden ampliarse en alcances y documentaciones.

 

2.2. Negociación 2022-23: La Mina Cobre Panamá Y Asuntos Societales Claves.

De partida, debe quedar bien claro que el pretendido contrato-ley de la República Panamá con el consorcio transnacional, constituido por las empresas MPSA y FQML,  es la resultante una estrategia de negociación muy, pero muy distante, de la propuesta del llamado modelo minero de empresa mixta, forjado como política desarrollista nacionalista en los años ‘70 del siglo pasado.

• Cápsulas Informativas Sobre El Consorcio MPSA y FQML.

 

• Minera Panamá, S.A. (MPSA) es la compañía panameña titular de la concesión de la Mina Cobre Panamá, ubicada en Donoso, distrito de Colón.
• First Quantum Minerals Limited (FQML)es una compañía minera multinacional canadiense; que actualmente tiene una participación del 90 por ciento del patrimonio en MPSA.
• Se ha estimado que las actividades de la Mina Cobre Panamá actualmente representan más de la mitad de la capacidad de producción de FQML.
• A diciembre del 2021, el volumen de inversión total de MPSA en la Mina Cobre Panamá está calculado en 6,700.0 millones de US Dólares.
• En Canadá y respecto a los años 2021 y 2022, FQML ha declarado ganancias por el monto acumulado de 3,542.0 millones de US Dólares.
• Durante los años 2019–2021, el Estado panameño solamente registróla suma acumulada de 86.0 millones de US Dólares por concepto de regalías de las utilidades.

• La Renta Minera: Formación De Inversión, Patrimonio y Capital Accionario.

Por un lado, el poderoso capital financiero transnacional, representado por el consorcio Minera Panamá, S.A. & First Quantum Minerals Ltd. es el inversionista absoluto con el 100% de la cartera accionaria. En tal cartera Panamá ha quedado con 0% de acciones. Ni siquiera se tuvo consideración de las ideas de creación de Petroterminal de Panamá, S.A. o la referencia de las empresas estatales que fueron corporativizadas como empresas mixtas. Sólo con esta condición, el consorcio transnacional minero ya se ejerce un control cuasi absoluto. Además, de que persigue y establece prioridades de fines lucrativos y metas desmedidas; para las cuales ha creado en el contrato todo tipo de mecanismos que abiertamente le benefician.

En el otro lado, el Estado panameño –con todos sus recursos mineros, infraestructuras y facilidades de acceso a mercados mundiales– queda totalmente anulado como entidad inversionista, y reducido a la condición apéndice como un  “país-estado concesionario”.

Ambas condiciones son resultados deliberados y reduccionistas, debido a la aplicación de conceptos complacientes y tergiversados de lo que es la inversión de interés común y distribución de la renta minera generada; concepción misma, que además no pretende respetar una participación equilibrada –menos aquella paritaria– en variables claves como son: a) la cartera de capital accionario y b) el reparto de las ganancias de operaciones.

 

• La Renta Minera: Utilidades, Pago de Regalías E Impuestos.

Con relación a las ganancias de operación, el consorcio transnacional Minera Panamá, S.A., quedaría pagando regalías de apenas entre 12% – 16% de las utilidades brutas; y esta alícuota está condicionada expresamente a las fluctuaciones que ocurran en el precio del cobre en los mercados mundiales.

A nivel internacional, comparando dicho pago de regalías, éste corresponde a un grupo de bajo nivel. En el caso de países sudamericanos, tal pago de regalías se asemeja al nivel existente en Colombia y Perú que oscila entre 1.0 % – 15.0 %; y mismo, que si es muy inferior al pago correspondiente al grupo de países como Bolivia, Ecuador y Chile, en los que este nivel oscila desde 6.8 % hasta 50.0%. En el caso de Bolivia, este pago puede llegar a 40 %; y en Ecuador, desde 2008 se estableció el denominado “margen minero soberano” que es una renta minera mínima para el estado del 50%.

(Cepal. Institucionalidad y regulación minera en los países andinos. 2022)

Asociado a este asunto de regalías, se ha publicitado mucho la idea de un Ingreso Anual Mínimo Garantizado (IAMG) para el Estado, y pagadero por la suma de 375.0 millones de US dólares. Este supuesto IAMG no será fijo ni garantizado; realmente, el mismo podría disminuir en años de precios mundiales bajos del cobre, y también por disminución de la producción y por decisiones empresariales propias.

Las utilidades se asocian mucho con el volumen de producción, los precios y el contenido de valor agregado doméstico; sin embargo, también tiene correspondencias de afectación por la forma como se determinan otros factores de pagos al estado, como son entre otros:  impuestos corrientes, impuestos de utilidades, sobretasas y gravámenes específicos. En consecuencia, en la valiosa evaluación de las utilidades, lo más importante es determinar cuánto suma el ingreso acumulado que el estado nacional captura de la renta minera total que produce este negocio.  Esto requiere de análisis efectivos y seguimientos constantes.

La producción de Minera Panamá, S.A. empezó en el año 2019. Durante los años 2019–2022, el Estado panameño solamente registró la suma acumulada de 86.0 millones de US Dólares por concepto de regalías de las utilidades. Misma que corresponde al siguiente orden monetario en US dólares: 5.0 millones en 2019; 32 millones en 2020; y 49.0 millones en 2021.

Durante la negociación del actual proyecto de contrato-ley, se ha adelantado como un estimado que el pago acumulado de regalías aún no pagadas (atrasos) para los años 2021 y 2022 rondaría la suma de 395.0 millones de US Dólares. En los resultados de las negociaciones, los asuntos referentes a este tema no han quedado bien establecidos como se manejarán a futuro, igual que aquellos asuntos referentes a los atrasos que incurra la empresa en los pagos tributarios.

 

• Control De La Gestión Minera Desarrollista.

 

Tras las dos caras expuesta en cuanto a capital e inversión quedan características explicitas y diferenciadoras, las cuales van generando sus desbalances significativos entre las dos partes negociadoras.  Al quedar Panamá impedida de crear capital patrimonial, asimismo queda sin mayores controles sobre las estrategias claves del desarrollo minero y sobre las capacidades legales e institucionales, para injerencias decisorias en las actividades y los efectos multiplicadores.

Así, Panamá como país receptor de esta inversión extranjera, queda así sólo como una entidad limitada para cumplir aquellas tareas y metas reducidas que le asignan, y que los gobiernos negociadores –actual y anteriores– parecen aceptar con cierto grado alto de satisfacción.

En consecuencia, con esta base contundente de desventajas, todas las otras que se añaden son consecuencias y resultados de esta lógica de enclave colonial dominante, que también puede denominarse lógica torcida y deformadora respecto a la formación económico-social panameña.

 

• Los Efectos Multiplicadores Sobre La Economía Nacional.

 

Cuando se examina el componente denominado Efectos Multiplicadores y Gestión de Actividades Claves y queda evidente que la actividad de la Mina Cobre Panamá presenta –y presentará– un registro de aportes importantes a variables de crecimiento de la economía panameña.

Este planteamiento tiene validez, sin pasar por alto que tales resultados de aportes pueden variar, según los métodos que se empleen para las mediciones y simulaciones para aproximar las realidades. Renglones de ingresos como tributos y regalías pueden variar según los escenarios proyectivos que se asuman. De hecho, estas proyecciones conllevan aplicar probabilidades con variadas incertidumbres que también condicionan sus resultados. Sin duda, los estudios de análisis y proyecciones deben realizarse y someterse a discusión científica, para disipar dudas y fortalecer los resultados.

Ciertamente, a corto y mediano plazo el ascenso de la minería aportará impactos positivos nacionales, entre los que habrán de destacarse:

1. a) Consigo misma, como sector productivo.
2. b) En parámetros macros de ingresos y valor agregado.
3. c) En los ingresos del estado y las finanzas públicas.
4. d) En otras actividades ligadas al crecimiento y diversificación económico-social.
5. e) en la generación de importantes empleos directos e indirectos.

Con la finalidad de analizar estos efectos multiplicadores sobre la economía nacional, la empresa consultora panameña Investigación y Desarrollo, S.A. (Indesa) preparó un estudio detallado de los mismos, contando con el apoyo logístico de Minera Panamá, S.A. Del aludido estudio, aquí a continuación se destacan los aspectos que explican contenidos sobresalientes del tema.

• Resumen: Efectos Multiplicadores Sobre La Economía Nacional.

“En Panamá, la importancia e impactos de la industria minera se evidencia en importantes indicadores de su actividad productiva y económica en el país, mismos que se exponen a continuación utilizando los datos del año 2021:

(a) De forma agregada, como demandante de insumos intermedios necesarios para su producción, genera $ 899 millones de dólares, cerca del 2.6% del consumo intermedio total del país, incluyendo proveedores locales y extranjeros. Considerando sólo proveedores locales, estas cifras cambian a $ 594 millones y al 2.4% de la demanda total, respectivamente.

(b) El impacto multiplicador sobre el valor bruto de la producción es de $ 3,166 millones de dólares, equivalente al 3.2% del total nacional.

(c) También se genera un impacto considerable en el agregado de las remuneraciones devengadas por los trabajadores, y tal cifra asciende a $ 232 millones, representando el 1.4% de esta variable a nivel nacional.

(d) En materia de empleo,  la operación minera de forma directa emplea a más de 5,000 trabajadores, con niveles de salarios superiores al promedio de la economía nacional.

(e) Una producción de $ 3,066 US Dólares que representa 4.8% de participación en el Producto Interno Bruto, PIB total nacional.

(f) En función de los encadenamientos productivos que genera la minería con otros sectores, de forma indirecta se vincula con 40,793 puestos de trabajo, el 2.3% de la ocupación nacional.”

(INDESA. Impacto Económico De Minera Panamá En La Economía Panameña. Panamá, 2023)

 

• Balance General De La Gestión De Actividades Claves.

 

A mi juicio, las actividades y metas fundamentales quedan enfocadas y definidas en formas específicas y precisas, en los contenidos del proyecto de contrato-ley, aquí bajo estudio. Por un lado, están establecidas condiciones “ganar–ganar”, tendientes a favorecer los intereses de la transnacional minera. Por otro lado, quedan establecidas condiciones “ganar–perder” tendientes a favorecer o complicar los intereses nacionales de la república de Panamá.

Tratando de conformar los balances conjuntos sobre ventajas y desventajas de las dos partes negociantes, se logra ordenar la siguiente tabla y listado de temáticas. También, se añaden los aspectos más sobresalientes.

(1) Garantizar la seguridad de la inversión extranjera y su renta minera.

(2) Facilitar la producción minera y las exportaciones.

(3) Establecer una política tributaria y fiscal generosa y flexible con la rentabilidad empresarial.

El proyecto de contrato-ley contiene una amplia lista de exoneraciones de impuestos y derechos, garantizando un trato muy preferencial. Además, se otorgan al consorcio transnacional concesiones, que no son propiamente de fines mineros, generalmente en forma gratuita y obviando procedimientos públicos de selección y contratación. Se propicia también el traspaso de tales “concesiones especiales” a terceros, legalizando un negocio adicional con facilidades del estado.

Por otra parte, los pagos de cánones de arrendamiento de las áreas territoriales ocupadas son prácticamente irrisorios, a saber: a) 130 mil dólares anuales por todas las casi 13 mil hectáreas ocupadas; y b) 39 mil dólares anuales por uso de áreas de servidumbre.

(4) Flexibilizar las normativas ambientales y su cumplimiento.

(5) Brindar flexibilidad a las legislaciones económicas y sociales, principalmente en el contexto laboral.

(6) Debilitar las funciones primordiales de supervisión y controles, que son competencia obligatoria del Estado.

Se plantean variados puntos cuestionables, principalmente en los contextos fiscales, ambientales, y derechos económicos y sociales.

(7) Obviar el cumplimiento de importantes estudios de escenarios a corto y largo plazo.

En este contexto están planteadas variadas fallas, principalmente aquellas sobre las proyecciones importantes de los impactos de las actividades mineras sobre: las finanzas y hacienda pública; los impactos al medio ambiente y salud; y, sobre todo, las evaluaciones de costo-beneficio para Panamá como país propietario del recurso minero y sus otras ventajas comparativas.

(8) Debilitar la salvaguarda de principios y cumplimiento de normativas de soberanía, legalidad, regulaciones e institucionalidad.

Este punto está aquí colocado en el último orden, porque en principio no debería existir esta problemática en una nación dedicada -como corresponde- a salvaguardar como prioridad su estado y nación.

Sin embargo, el proyecto de contrato-ley lo deja en condición crucial prioritaria, puesto que violentando la constitución y leyes nacionales se otorgan diversas facilidades terrestres, aéreas y marítimas, para crear un complejo empresarial extranjero, que prácticamente se asemejaría a la Ex Zona del Canal.

• Lista de escritos sobre el proyecto de Contrato–Ley para Minera Panamá, S.A.

Considero importante ofrecer las referencias de diversos análisis y estudios que enfatizan componentes y variables de la matriz de evaluación utilizada. Entre variados importantes estudios nacionales, cabe destacar y recomendar los siguientes autores que hacen docencia y opinión pública, y cuyos trabajos aparecen en el listado de bibliografía.

○ Radiografía del Nuevo Contrato Minero. Rodrigo Noriega Adames. Marzo, 2023.

○ Sobre El Contrato Minero: Están Creando Una Institución Tipo ACP. Harley Mitchell Morán. Abril, 2023.

○ El Contrato de Concesión de La Mina De Cobre Cerro Petaquilla: Prestaciones y Contraprestaciones. Alejandro Román Sánchez. Julio, 2023.

○ 20 Razones Para Rechazar El Nuevo Contrato Con Minera Panamá. Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería. Abril, 2023.

○ La lucha contra la minería es por la Vida, no por unos dólares más. Jované, Juan A. Junio, 2023.

○ Al Diario La Prensa se le salió el cobre con la minería. Juan A. Jované. Mayo, 2023.

○ El contrato actual entre minera Panamá y el Estado panameño y sus compromisos ambientales. Roderick R. Gutiérrez P. Abril, 2023.

○ Impacto Económico De Minera Panamá En La Economía Panameña. INDESA. Enero, 2023.

○ Panamá: Cese De La Minería Implica Una Recesión Económica. Felipe A. Argote Saldaña. Enero, 2023.

 

2.3. Negociación 2022–23: Trasfondos De La Minería Y El Desarrollo Nacional.

 

En la realidad histórica actual de Panamá, evidentemente la minería ya no está planteada como opción teórica, puesto que de hecho es una realidad concreta, ya viviente e impactante en el territorio panameño. La minería conlleva ligazones importantes al proceso histórico de acumulación de capital y roles a desempeñar en la formación socioeconómica panameña. Pese a todos sus conflictos, lo más viable habrá será reorganizar sus contenidos, roles y rumbos, hacia aquellos que requiere el desarrollo nacional integral, sostenido y equitativo.

2.3.1. Trasfondos Teóricos: Desarrollo Y Contradicciones.

El proceso de desarrollo general de todo país conlleva dinámicas y contradicciones fundamentales muy vinculadas entre sí, en las cuales sobresalen: la acumulación de capital e inversión, aumento de las fuerzas productivas, los balances económicos, sociales y también las dimensiones del bienestar integral. En estos procesos intervienen variados grupos de factores determinantes: estructuras económico-sociales, contradicciones y necesidades de cambio, actores sociopolíticos, y las formas sociopolíticas de interactuar.

Bajo estos principios dialécticos las sociedades contemporáneas explican y gestionan las dinámicas básicas del desarrollo económico; con todo –no siempre pacíficamente– se conduce a resolver los problemas contradictorios, eventos y políticas que generan sus avances y metas estratégicas.

Desde la perspectiva de nación y en negociaciones internacionales de sus patrimonios, Panamá siempre debe –debería– aspirar lograr su ideal histórico, consistente en las siguientes condiciones y virtudes:

1. a) respeto pleno a la soberanía nacional y cumplimiento a la constitución y leyes nacionales; b) trato justo y redituable; c) cumplimiento de los derechos humanos y socioeconómicos establecidos; y d) énfasis de cumplimiento especial de las políticas y normativas de ecología política y económica, medio ambiente y salud.

Es importante aplicar estas dos conceptualizaciones dialécticas descritas para analizar la sociedad panameña, respecto a su proceso histórico de desarrollo general y referente al alcance y contenido del concepto de negociación de patrimonios. La actual situación minera nacional no escapa al uso de ambas argumentaciones, y considerar las ventajas y limitaciones existentes.

Por un lado, las contradicciones entre apariencia y realidad son más generales y muy perceptibles. Por otro lado, las contradicciones esenciales al proceso de acumulación de capital y desarrollo son muy específicas y difíciles de percibir. Este segundo grupo de contradicciones resulta más difícil develarlas, es decir quitarles el velo que impide fácilmente ver la realidad y su lógica.

 

2.3.2.  Panamá: La Minería Y El Proceso De Desarrollo Nacional.

 

Al analizar a fondo la economía y sociedad panameña es evidente que los problemas mineros actualmente críticos tienen sus raíces en conflictos complejos, entre los cuales sobresalen dos que se relacionan con sus estructuras y dinámicas de desarrollo.

 

Primero: Un Modelo De Gestión Minera Desnacionalizador.  

Esta característica se explica con el cambio abrupto de la perspectiva y estrategia desarrollista del patrimonio minero nacional, que fue establecida en los años 70’ del siglo pasado, en el gobierno del general Omar Torrijos; cuya característica esencial consiste en la creación de empresa mixta con transnacionales mineras y que el estado nacional es accionista, recibiendo la mitad de la cartera de capital por su aporte patrimonial.

Dicho retroceso histórico trajo como resultados desfavorables a la nación: el abandono del modelo de empresa mixta para gestionar la minería panameña, y su remplazo desafortunado por el vigente patrón de concesiones mineras absolutamente privadas y minimizadoras del rol e ingresos del Estado y beneficios a la población.

 

Segundo: Acumulación Deformadora Y Reacomodo De La Economía Nacional.

Actualmente, la gestión del patrimonio minero está imbuido en un modo de acumulación deformador, mismo que desarticula tal patrimonio de una modalidad de acumulación de capital y rentas que resulte genuino para el desarrollo nacional. Esta Característica se explica con las siguientes argumentaciones. En Panamá, como en todo país, el paso de una a otra modalidad de acumulación del capital no suele ocurrir de modo casual, sino que ocurre y se materializa conforme al modo como se resuelvan las contradicciones y problemas dentro del mismo régimen general capitalista existente.

Actualmente, este paso de reacomodo de la economía panameña está sobreponiendo el emergente sector minero sobre la tradicional economía de transitismo de servicios, de modo que así se está creando un estadio nuevo de acumulación de capital y relaciones de producción de servicios y bienes; mismo con capacidades mayores, dinámicas crecientes y otra distinta combinación estructural nacional en las dimensiones productiva, exportadora, generadora de efectos multiplicadores e importante número de empleos.

Sobre este análisis, es muy importante hacer varias aclaraciones. Por un lado, tal estadio nuevo no descarta la vieja estructura transitista, sino que la aprovecha, y su tendencia lógica apunta a complementarla y reforzarla. Diversos grupos socioeconómicos nacionales –empresariales, laborales y otros – califican este reacomodo con actitud positiva, pues lo ven como pasar de uno a contar con dos pivotes; considerando que así propician una ampliación favorable de la estructura central de producción y acumulación, ya afectada por varios tipos de agotamientos y el aumento de riesgos en el pivote ligado con la ruta canalera de agua dulce.

Lo cierto es que las condiciones semicoloniales y saqueadoras, existentes en el contrato-ley viejo de 1997 y en “la propuesta actual nueva de 2023”, se excluyen o restringen las características positivas esenciales e imprescindibles para un estilo de acumulación de capital y rentas que resulte genuino, para los beneficios transformadores requeridos por la economía y sociedad panameña.

En forma dialéctica explícita y pragmática, con el contrato-ley ahora en discusión esta importante contradicción que gravita sobre el desarrollo nacional no quedaría resuelta en forma total y favorable al país Panamá. Esto es muy determinante y no puede obviarse; porque desde ya es un tema fundamental objeto de discusión, y seguro a futuro también lo será.

3 ― PANAMÁ 2023: REFLEXIÓN SOBRE LA CRISIS MINERA Y SALIDAS.

3.1. Panamá: Tres Corrientes Notorias Sobre La Minería Y El Desarrollo Nacional.

En contextos sociales el concepto Corriente es definido como: “curso o tendencia de las ideas y los sentimientos que caracterizan a un grupo de personas frente a temas o problemas específicos. Aquí, el mismo así se empleará, para Identificar aquellas corrientes más notorias y los grupos de actores sociales que están involucrados y apoyan sus planteamientos.

En la sociedad panameña, mediante una identificación pragmática pueden distinguirse fácilmente tres corrientes notorias respecto a la minería y sus roles para el desarrollo nacional: A) Panamá vale más con minería; B) Panamá vale más sin minería; y C) Panamá y la minería a la fuerza. En cada una, sus títulos emblemáticos implican los contenidos que representan. También pueden ordenarse y distinguir sus elementos de coincidencias y separar aquellos de discrepancias.

 

3.1.1. “Panamá Vale Más Con Minería”

La corriente “Panamá Vale Más Con Minería” parte del reconocimiento general de que esta actividad encierra factores positivos para establecer una base nueva capaz de generar avances importantes en el modo de producción y acumulación de la economía panameña, que amplíe y diversifique la actual modalidad del transitismo de servicios. Esta corriente está constituida por dos variantes diferentes, a saber; a) La gestión minera de empresa mixta y con el estado accionista; y b) La gestión de concesión minera absolutamente privada.

Por un lado, la variante de gestión minera con el estado y empresa mixta contempla dos condiciones básicas para su desarrollo; a) La gestión minera de empresa mixta con participación directa del estado en forma integral, principalmente haciendo del estado un socio accionista y con reparto justo y equilibrado de las rentas mineras; b) la voluntad política para contar con una estrategia integral y sostenible para el desarrollo nacional. Esta tesis, ligada al estructuralismo tuvo su apogeo teórico y práctico, en los años ‘70 del siglo pasado, bajo el gobierno del general Omar Torrijos. Por desgracia, hoy no tiene presencia decisoria –al parecer, ni histórica– en la actual administración pública negociadora del patrimonio minero nacional. No obstante, la crisis vigente evidencia que es una referencia histórica muy valedera, que debería ser base esencial de las negociaciones.

Por otro lado, la variante concesión de minería privada se sustenta en el modelo de gestión de concesión privada controlada absolutamente por la inversión multinacional extranjera, y con la minimización de la participación del estado nacional. Este tipo de gestión es promovido por corrientes sociopolíticas del liberalismo de mercado y el llamado neoliberalismo. Ahora está representada por el actual gobierno nacional en asociación con actores del capital financiero internacional. De hecho. Se ha convertido en el principal apoyo de la otra corriente aquí denominada: “Panamá Y La Minería A La Fuerza”

 

3.1.2.  “Panamá Vale Más Sin Minería”

La corriente “Panamá Vale Más Sin Minería” se basa en la tesis que esta actividad económica siempre representa un grave peligro para el medio ambiente y la salud; y por tal razón, la sociedad tiene el deber de oponerse totalmente a la minería metálica de cielo abierto. Su lucha contra de la minería, también se opone a las políticas gubernamentales nacionales que pretenden hacer del sector minero uno de los pilares básicos en la ampliación y dinámicas funcionales de economía panameña. Plantean que otras actividades productivas son las que deberían constituirse en pilares; y, en tal dirección, privilegiar a sectores como: agropecuario, agroindustrial, turismo, y negocios de bienes y servicios ambientales.

Como corriente y posicionamiento está apoyada principalmente por organizaciones sociales, ambientales e indígenas. Justo es reconocer importantes esfuerzos realizados para promover políticas públicas respecto a la minería en Panamá, a saber:

1. a) Aprobación de la Ley No. 11 de 26/03/2012 que “prohíbe otorgar concesiones para minería metálica, no metálica y sus derivados, en la comarca y áreas anexas y adyacentes”.
2. b) Presentación de la Iniciativa para una Moratoria De Minería Metálica en el territorio panameño. Se trata de dos iniciativas legislativas tramitadas a nivel de la Asamblea Nacional: El Proyecto de Ley 59 de 22/12/2014; El Anteproyecto de Ley No. 102 de 18/08/2021.Ambos no fueron aprobados como ley.

 

3.1.3. “Panamá Y La Minería A La Fuerza”

La corriente “Panamá Y La Minería A La Fuerza” se fundamenta en el modelo de gestión de las concesiones mineras privadas con controles absolutos por parte de la inversión multinacional extranjera, que sustrae partes sustanciales de la renta minera, dejando en amplias desventajas a la nación panameña y sus intereses nacionales. Así, el desarrollo minero es tipificado como prototipo de desarrollo limitado y deformador, que resulta altamente contradictorio para Panamá, como consecuencia de políticas neocoloniales y neoliberales, que en varios eventos se viabiliza como un enclave colonial.

Lo muy cierto es que esta tercera corriente (C) se ha hecho dueña de la realidad minera nacional, y está estableciendo sus pautas concretas, por encima de lo que planten o piensen los actores sociales progresistas del interés nacional en las corrientes A y B. De hecho, esta corriente mantiene amplios controles ideo-políticos y económicos, con el apoyo del actual gobierno nacional. Además, exhibe su solidez, en los términos de las millonarias sumas de dineros involucrados en su promoción y propaganda.

 

3.2. El Proyecto De Contrato-Ley 2023: ¿Aprobación O Rechazo?

 

Una síntesis de historia, economía y política hace evidente que actualmente la relación minería–sociedad exhiben condiciones problemáticas. El consorcio multinacional minero ya está en marcha con la operación productora desde el año 2019, y utilizando referencias del viejo contrato inconstitucional de 1997. Además,  predomina un ambiente de discusión que no luce muy racional o equilibrado.

Como consecuencia del proyecto de contrato general negociado, resulta muy obvio que para Panamá –país aportador del recurso minero y sus facilidades– los resultados previsibles se distancian muchísimo de los conceptos requeridos como aceptables en las dimensiones de objetivos estratégicos primordiales, a saber: a) desarrollo nacional integral y soberano; y b) aportaciones a la sostenibilidad y equidad socioeconómica general. También, los resultados presentados están distantes de calificar como negociaciones nacionales viables y ventajosas para el interés y soberanía nacional.

 

¿Es viable la hipótesis: “empezar de cero”?

Algunos grupos sociales abordan la perspectiva del desarrollo minero en Panamá como una hipótesis, y así plantean sus análisis como si se pudiese “empezar de cero”. Está demostrado que el problema existente tiene un desbalance crítico para el interés nacional; lo que constituye un problema complejo, y como tal debe ser tratado. Lo cierto es que la situación concreta muestra una minería ya viviente e impactante; con más de 6,700 millones de dólares en inversión, 6,500 empleos directos y otros 35 – 42 mil incluidos empleos indirectos, y macro-indicadores con valores positivos significativos, aunque muy insuficientes. En consecuencia, rechazar tal realidad, y pensar en un desmantelamiento de la actividad,  parece inviable, bajo luces realistas políticas, económicas y sociales.

También hay promotores del proyecto contrato-ley en curso que sólo lo comparan con la Ley 9 de 1997, pretendiendo así evidenciar “bondades contundentes” que realmente no califican como tales. Ese juego resulta un sinsentido lógico, un artificio tan engañoso, semejante a calificar como bueno, el tratado del canal de Panamá Robles – Johnson de 1965, con respecto al tratado Hay – Buneau Varilla de 1903. Cuando las comparaciones reales deben ser con las condiciones que negoció la Corporación de Desarrollo Minero (Codemín) en el gobierno del general Torrijos, o con aquellas condiciones vigentes en acuerdos mineros de países, como Bolivia, Chile y Ecuador.

La tesis “Panamá y la minería a la fuerza” luce fuerte y con el apoyo irrestricto del gobierno nacional. Obviamente, lo más problemático al país sería que dicha corriente termine triunfante, y sin oposición contundente de parte de los seguidores progresistas de las otras dos corrientes.

Ciertamente, hay rechazo a los métodos que se aplican para aprobar el contrato en ciernes. Estas condiciones incorporan la crítica férrea de quienes ponderan bondades en la tesis estructuralista de “Panamá vale más con minería”. Debe tenerse presente que, los actores sociales seguidores de la variante progresista de esta tesis apoyan la minería en forma condicionada, a que la misma se sustenta en principios genuinos y resultados favorables,  y que esté acompañada con una visión integral y sostenible para el desarrollo nacional.

El proyecto de Contrato-Ley 2023 es inaceptable.

El susodicho contrato-ley justifica la inaceptable tesis colonial y antinacional de “Panamá y la minería a la fuerza”. Además, la misma conlleva resultados que excluyen y restan características de la tesis “Panamá vale más con minería”. De paso, fortalece la tesis “Panamá vale más sin minería” que hasta ahora mantenía como un planteamiento central: “la moratoria indefinida para la minería metálica en todo el territorio panameño”.

Con los análisis expuestos, el proyecto de Contrato-Ley 2023 es inaceptable.  El mismo no satisface principios de demandas históricas del pueblo panameño y su interés nacional. El mismo califica como entreguista, saqueador, abiertamente colonial, y con pautas muy sensibles contra la soberanía y el interés nacional, incluyendo variados tipos de violaciones a la constitución y leyes nacionales.

Tampoco tal contrato luce potable para que sea aprobado por la asamblea legislativa.

Cabe preguntarse: ¿Conforme al historial panameño, en este organismo nacional se repetirá otro rechazo a una negociación colonialista? En definitiva, el pueblo panameño tendrá oportunidad de hacer valer sus mecanismos de presión.  Amanecerá, y veremos.

Finalmente, al margen de si el gobierno nacional aprueba o rechaza el Contrato-Ley sobre el recurso y patrimonio minero panameño, yo estoy convencido que, en nuestro país habrá un gran debate histórico y masivo, semejante al ocurrido con la posición geográfica, la soberanía y el Canal de Panamá. También, seguramente, habrá discusiones nuevas como las referentes a los problemas de medio ambiente y salud, compensación de riesgos y el uso de la renta y los beneficios mineros en forma más colectiva real para la población panameña.

En suma, otra versión de lucha nacional anticolonial está ya abierta. Se requiere unidad del pueblo para apoyar esta la lucha anticolonial, contra el saqueo del patrimonio nacional y por la dignidad y el interés nacional.

 

INDICACIÓN A NUESTRO LECTOR:

Los dos anteriores escritos están disponibles en los enlaces siguientes:

(1) NEGOCIACIONES MINERAS, Primera Parte: Trasfondos Globales Y Visiones Dominantes En Panamá. Panamá, 17 de junio de 2023.

NEGOCIACIONES MINERAS: | El Periódico de Panamá (elperiodicodepanama.com)

https://www.elperiodicodepanama.com/negociaciones-mineras-trasfondos-globales-y-visiones-dominantes-en-panama-primera-parte/

 

(2) NEGOCIACIONES MINERAS, Segunda Parte: Cambios En La Perspectiva Minera Y Defensa De Los Patrimonios Nacionales En Panamá.  Panamá, 21 de junio de 2023.

https://www.elperiodicodepanama.com/negociaciones-mineras-segunda-parte/

NEGOCIACIONES MINERAS (Segunda Parte) | El Periódico de Panamá (elperiodicodepanama.com)

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