El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Juan Jované
En un primer momento el señor Mulino, junto los señores Chapman, Mon y Boyd Galindo, intentaron convencer a la población que su proyecto, plasmado en el proyecto de Ley 163, era equilibrado, solidario y conveniente tanto a los actuales y futuros pensionados. Sin embargo, casi inmediatamente después lanzada esta propuesta, la población descubrió que se trataba de un proyecto que no tenía nada de solidario, que implicaba el manejo privado de los fondos de la CSS, que tenía un claro carácter antinacional que desnacionaliza los ahorros nacionales y que, además, introduce un modelo de cuentas individuales que genera pensiones de miseria. La falsa narrativa del buen proyecto de Ley quedó demolida.
En base al claro descalabró de la falsa narrativa gubernamental, los aprendices de dictador se han pasado a una nueva narrativa basada en infundir terror a la población. Las víctimas de esta estrategia de comunicación, que raya en la aplicación de las ideas de Joseph Goebbels, el siniestro ministro de propaganda Nazi, son los jubilados a quienes, aún teniendo un derecho adquirido se les amenaza con reducirles las magras pensiones si el proyecto de Ley 163 no es aprobado de inmediato.
El carácter infame de las amenazas gubernamentales responde a un claro chantaje. Si se acepta el proyecto gubernamental, el gobierno de turno estaría, según lo señaló el ministro Boyd Galindo, dispuesto a entregar el próximo año una suma de B/. 1,185.0 millones, destinados en gran medida a estabilizar el programa de pensiones. Por el contrario, si ese proyecto no se aprueba, los pensionados serán castigado con una reducción inmediata del 20.0% de sus pensiones, que luego se reducirán en 50.0%. Se trata de la vergonzosa toma de rehenes de los adultos mayores del país.
Desde luego que existe una posibilidad: ¿por qué no utilizar esa suma de dinero para estabilizar el modelo solidario y dar paso a una solución alternativa? Esta, tal como lo ha propuesto la Universidad de Panamá tendría los siguientes componentes: reducir la evasión y elusión tributaria de las empresas; asegurar la declaración de todos los llamados informales de las empresas formales a la CSS asegurando la entrega de las cuotas correspondientes; la elevación de la rentabilidad de los fondos de la CSS; iniciar la formalización gradual de los informales. A esto se le podría añadir el compromiso con una mayor equidad distributiva.
En estas circunstancias es necesario preguntarse por qué el gobierno insiste en su proyecto de Ley 163. La respuesta queda clara en el Artículo 65 de dicha Ley, que permite traspasar el manejo de los fondos de la CSS a las empresas privadas. Es conveniente recordar que según los estados financieros del 2023 de esa institución, el total de esos fondos sumaban un total de B/. 10,135.7 millones. Solo con cobrar el 1.0% por el manejo de los mismos el capital financiero del país estaría generando para si un jugoso negocio de B/ 101.4 millones de balboas anuales, el que se incrementaría en el tiempo.
A esto habría que agregar la posibilidad que tendría ese capital financiero de realizar inversiones que favorecerían a las empresas vinculadas a sus grupos financieros. Así mismo, estaría la posibilidad de cobrar comisiones como agentes, cada vez que los fondos se muevan de unas inversiones financieras a otras, el negocio conocido como batir y revolver repetidamente.
Desde luego, tal como dice Chapman el chico, existen narrativas engañosas que confunden. El mejor ejemplo es la que el mismo viene desarrollando.
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