Editorial 

Ese pronunciamiento de la bancada de RM y de la bancada mixta (partido popular, alianza y Molirena) es evidentemente una maniobra política, para distraer y evadir la cuestión de fondo de la lucha contra el proyecto de ley 163. Esas bancadas evaden el tema de las cuentas individuales, que dará pensiones de hambre y el tema de entregar las reservas al sector privado para su administración e inversión en el mercado financiero. Según ese comunicado, todo lo pertinente a este asunto será sometido a licitación.

En nuestro país, las licitaciones no resuelven las tramas y acuerdos que se dan entre los oferentes. La experiencia de los últimos quince años, a dado lugar un gigantesco entramado de corrupción en los que también han participado los altos funcionarios que evalúan y luego califican a los oferentes y determinan quien gana, a partir de criterios técnicos y financieros sesgados, en donde el Estado termina como perdidoso, sin contar que, para el cobro de dichas obras o gestiones, la Contraloría General de la República que, está para preservar el patrimonio de todos los panameños, solo cancela a quienes hayan pasado por la taquilla de la corrupción.

Efectivamente, el pronunciamiento de la Bancada de gobierno, lo que refleja es una maniobra para, tratar de salvar la parte esencial para el sector carroñero que, pretende imponer el proyecto de ley 163, que fue elaborado con grado de tecnicismo y todo tipo de galimatías, para timar y engañar a los asegurados y al país. Esa estrategia ha sido derrotada con argumentos sólidos. Y lo que ha quedado en evidencia de ese sector es, sus claras intenciones de administrar los dineros de todos los panameños y devengar por ello, altas ganancias del dinero que pertenece a los cotizantes de la Seguridad Social.

Nada dicen, los de esa bancada, sobre restablecer el sistema solidario y tampoco de generar dentro de la CSS un Banco propio de los asegurados, es decir de los trabajadores que manejen sus propios fondos y que permitan a los asegurados el acceso a créditos que impulsen la economía y desarrollo nacional y generen al mismo tiempo los mayores intereses posibles, tomando todas las medidas de seguridad que se requieren, como ocurre en otras latitudes.

El pueblo está atento, pero es claro que, el método del gobierno de; imponer a la fuerza las pretendidas reformas, se hace aguas cada día que transcurre y solo un verdadero consenso que conlleve el respeto de las opiniones de todos, podrá permitir el acuerdo nacional que se requiere.

Es obvio que, no se puede pedir sacrificios a los más necesitados, mientras que mantenemos en el país, un régimen insostenible de privilegios para un sector específico, como los altos mandos de la Fuerza Pública y decimos que “eso no está en discusión” que es a quien, desde el Ejecutivo, se le da la despiadada tarea de apalear y reprimir brutalmente al pueblo panameño a pesar de que el contexto constitucional y legal indica que, el uso de la fuerza en contextos de manifestaciones públicas debe estar orientado a garantizar el derecho a la protesta y proteger la vida e integridad de los que participan en esta.

Pareciera que hay sectores del Poder económico y político, que siempre se quejan de la inestabilidad política, pero ahora están conspirando para llevar al país a ese puerto, con tal de tener acceso al uso de esos fondos, la reservas que pertenecen a todos los asegurados.