Las Propuestas indecorosas sobre la CSS

Se trata de derrotarlo para lograr una solución pública, solidaria, eficiente y con una base financiera sana.

Juan Jované

 

El debate sobre el proyecto de Ley 163, que busca reformar el sistema de pensiones de la CSS, ha generado tanto el gobierno de turno encabezado por el señor Mulino, así como de los diputados de los partidos que le son afines, propuestas realmente indecorosas, las cuales afectan a toda la población.

Es así, que la propuesta Mulino, Chapman, Mon y Boyd Galindo se atrevió a plantear que el incremento de tres puntos porcentuales a la cuota patronal aportada al programa de IVM es un mecanismo que implica un sacrificio de los empleadores. Un somero análisis de esta idea muestra su falso contenido.

Es claro que, en un mercado caracterizado por un elevado nivel de concentración oligopólica, el incremento de la cuota patronal será entendida por los empresarios como un aumento de costos, el cual será trasladado a los precios, agregando un margen de beneficios. El que paga en última instancia es el consumidor, es decir la población.

Los empleadores más pequeños que, por razones de competencia, no logren trasladar el costo incrementado de la cuota patronal, simplemente reducirán la producción, generando desempleo, el cual, sin duda, representa un costo para la población, sobre todo la más vulnerable. También intentarán reducir sus costos manteniendo la producción, lo que se realizaría despidiendo trabajadores e intensificando el ritmo de trabajo de los que queden laborando. Nuevamente es la población que carga con el costo, es decir sobre quien incide negativamente la medida propuesta de los señores Mulino, Chapman, Mon y Boyd Galindo.

En este concepto aparece la propuesta de la llamada bancada RM y mixta, que en primer lugar propone imponer un costo (impuesto) a la renovación de las tarjetas de crédito, del cual, entre otras cosas, no se determina el monto. También se trata de una medida con capacidad de afectar a la población.

Según algunos cálculos recientes en el país existen cerca de 785,000 tarjetas de crédito, la mayoría de estas utilizadas por los sectores trabajadores, las clases medias y los pensionados. Estos tendrán que asumir el incremento del costo, ya que es obvio que los bancos trasladarán el impuesto a los usuarios. Nuevamente es la población la afectada.

La propuesta de la bancada RM y mixta, también, nuevamente sin establecer la tasa impositiva, propone un impuesto a los depósitos interbancarios. Se trata de una idea que precisa de un análisis de sus efectos.

Según datos de la Superintendencia de Bancos, a septiembre del 2024 el Centro Bancario Internacional, registraba un total de B/. 12,527.12 millones en depósitos de bancos. De estos el 24.3% eran a depósitos a la vista y el 75.7% depósitos a plazo. Un elemento interesante está dado por el hecho de que la mayoría de los depósitos de bancos registrados provenían del extranjero, siendo la mayor parte de los mismos depósitos a plazo.

Cualquier economista medianamente informado entiende que cuando se introduce un impuesto resulta fundamental establecer que efecto tendrá el mismo sobre la propia base impositiva, es decir sobre la demanda del bien o servicio que se ve afectado por el mismo. En este caso, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los depósitos interbancarios son externos, se puede concluir que es de esperarse que muchos de los dueños de esos depósitos decidan retirarlos del país. Más aún, si esto da lugar a una narrativa sobre la posibilidad que también se graven los otros tipos de depósitos, el efecto llegaría a ser mayor.

El retiro de los depósitos, dado el peculiar modelo monetario – financiero del país, provocaría una menor capacidad de los bancos de otorgar créditos. Esto llevaría a una afectación en los niveles de actividad económica y empleo, por lo que en este caso también la población cargaría con el costo de esta medida.

La pregunta de la razón última de la propuesta de la bancada RM y mixta puede tener varias respuestas. La primera puede ser la simple ignorancia sobre el tema de quienes la conforman. Sin embargo, pueden existir otras respuestas. Por ejemplo, demostrar indirectamente que es necesario elevar la edad de jubilación ya que no existe una real salida alternativa. También puede ser un truco para mover el debate hacia el aumento del ITBMS.

Lo que es evidente en los planteamientos del gobierno de turno y de la bancada RM y mixta es dejar de lado el problema de la evasión fiscal, que es la real clave para resolver el problema. Esto es bien claro si se tiene en cuenta que en un solo año la evasión y la elusión tributaria de la empresa privada, en el país alcanza a un monto de B/. 7,832.1 millones.

No se trata, como algunos piensa de un simple problema de un grupo de técnicos el cual genere cambios insustanciales en el proyecto de Ley 163. Se trata de derrotarlo para lograr una solución pública, solidaria, eficiente y con una base financiera sana.

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