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El naufragio presupuestario

De acuerdo a las últimas cifras proporcionadas por la Dirección General de Ingresos, en el 2021, último año con datos disponibles, la evasión fiscal del sector de las empresas privadas, medido como incumplimiento fiscal, alcanzó a B/. 7,838.6 millones (11.6% del PIB).

Es importante resistir el intento del gobierno de turno y de los sectores económicamente dominantes de utilizar la crisis fiscal para impulsar la profundización de las políticas neoliberales.

 

Juan Jované

Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas de Panamá.

Hace apenas unos días el ministro de economía y finanzas, presionado por la realidad y las críticas al manejo de las finanzas públicas por parte de las calificadoras de riesgo, anunciaba la necesidad de un importante ajuste al Proyecto de Presupuesto General del Estado para el 2024. En sus declaraciones el ministro señaló que: El hecho que hablemos de un presupuesto menor, significa que las instituciones públicas como un todo tendrán un presupuesto menor que ejecutar. Esto no solo significa que el ajuste se va a realizar por el lado del gasto, lo que significa que no se piensa en ninguna mejora por el lado de los ingresos. También significa que el ajuste recaerá sobre los gastos de las instituciones públicas.

Esto último implica que el gobierno piensa cumplir puntualmente sus compromisos con la deuda pública. En el caso del Gobierno Central, en el que nos concentramos, debido a que tiene un papel principal en la provisión de servicios públicos, esta rigidez resulta importante. Ya antes del ajuste el servicio de la deuda del mismo estaba presupuestado en B/. 5,757.2 millones, lo que representaba el 33.2% del gasto total. Solo si el gobierno de turno decidiera, por ejemplo, reducir el gasto del Gobierno Central en 3.0%, el servicio de la deuda pública llegaría a ser el 35.7% del gasto total, recortando las posibilidades de financiamiento del gasto social.

Una segunda rigidez proviene de los compromisos de las inversiones en ejecución. Además, de estas si el gobierno decide mantener el total de inversiones ya programados para el Gobierno Central, las mismas se mantendrían en un monto total de B/. 6,025.1 millones (incluyendo transferencias), lo que representa el 34.6% del gasto total. Entonces, tomando en cuenta el servicio de la deuda, el Gobierno Central llegaría a tener una rigidez de 67.8% sobre el gasto total. Esto lleva a pensar que una buena parte del ajuste se tendría que hacer sobre la inversión. Sin embargo, se debe considerar que una parte importante de la misma está financiada con fondos provenientes de la deuda pública, de manera que de no realizarse las mismas, también se reducirían los ingresos disponibles.

Todo esto lleva a pensar que una buena parte del ajuste se daría por el gasto corriente. La pregunta es, entonces, sobre que rubros. En realidad, existen tres ministerios que explican el 65.3% de los gastos de operación programados en el proyecto original de presupuesto: Educación (B/. 1,822.2 millones); Salud (B/. 961.4 millones); Seguridad (B/ 811.6 millones). Resulta, entonces, posible pensar que el ajuste presupuestario necesariamente tendría que alcanzar a estos ministerios. No es arriesgado pensar que el gobierno de turno no tiene las agallas y la firmeza para tocar el presupuesto de Ministerio de Seguridad, por lo que existe el evidente riesgo que el ajuste recaiga de manera significativa sobre los gastos de educación y salud.

Desde luego que una parte del ajuste debería recaer sobre la revisión de los gastos de algunas instituciones que, como la Asamblea, poco aportan al bienestar de la población, así como a la presencia de las clásicas botellas, los elevados salarios de los altos funcionarios gubernamentales y el uso abusivo de la descentralización para fines políticos. Lo mismo se puede decir de los sobrecostos generados por la corrupción. Se trata de un camino que precisa de voluntad política, la que parece ser el recurso más escaso del actual gobierno.

Queda el tema de los subsidios, los que han sido señalados por los organismos financieros y las calificadoras de riesgos, como un rubro que debe ser significativamente reducido. El total de subsidios programados en el proyecto original de presupuesto de gastos del Gobierno Central es de B/. 1,731.7 millones, que representan 15.3% del total de gastos corrientes.

Es evidente, que el gobierno de turno no tiene la voluntad política para reducir los subsidios o eliminar las exenciones fiscales que favorecen a los sectores dominantes de la economía. Por lo que en este caso los recortes se dirigirían a los que benefician a los sectores más vulnerables de la economía, lo que tendría el apoyo del capital financiero internacional y de los sectores económicamente dominantes del país. Esto, definitivamente, entraba los mecanismos que se han venido utilizando en el actual estilo de desarrollo, con el fin de reducir la capacidad de resistencia activa de la población.

Un elemento de que el actual gobierno ha venido ocultando sistemáticamente es que existe la posibilidad de enfrentar la carencia fiscal con un incremento de los ingresos. Es, entonces, conveniente recordar que, de acuerdo a las últimas cifras proporcionadas por la Dirección General de Ingresos, en el 2021, último año con datos disponibles, la evasión fiscal del sector de las empresas privadas, medido como incumplimiento fiscal, alcanzó a B/. 7,838.6 millones (11.6% del PIB). El impacto de este hecho sobre las posibilidades es fácil de evidenciar, si se tiene en cuenta que una suma como esa representa el 42.6% del total de los gastos programados originalmente para los gastos del Gobierno Central durante el 2024. Más aún, representa el 22.5% del total de gastos de todo el Sector Público No Financiero.

Es importante estar alerta para que los problemas fiscales se resuelvan no solo sin sacrificar las necesidades básicas de la población, sino en forma que mejore el nivel de satisfacción de las mismas. Es importante resistir el intento del gobierno de turno y de los sectores económicamente dominantes de utilizar la crisis fiscal para impulsar la profundización de las políticas neoliberales.

 

 

 

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