El tema que nunca llegó al diálogo

Juan Jované

El diálogo que facilita la Iglesia Católica se ha desarrollado con una agenda de ocho puntos, considerados como consenso entre los que participan en la misma. Resulta paradójico que entre estos no se considera uno que resulta de la mayor importancia para la población trabajadora del país: la desocupación, subocupación e informalidad.

De acuerdo a la Encuesta de Propósitos Múltiples del Inec, realizada en abril de este año, en el país 203, 253 personas se encontraban desocupados, las que representan el 9.9% de la Población Económicamente Activa (PEA). Se trata, obviamente, de personas que carecen de ingreso. Si se tiene en cuenta que, de acuerdo a la Cepal, el 25% más pobre de los hogares tienen, en promedio de 4.8 miembros, se puede concluir que la desocupación afecta a una parte muy importante de la población. Quien carece de ingresos, vale la pena añadir, no tiene la posibilidad de adquirir la Canasta Básica. En la práctica para ellos los precios son infinitos.

La situación será peor aún en la medida que el gobierno de turno avance en su política de reducir en el corto plazo la planilla de funcionarios en 10.0% . No serán los altos cargos gubernamentales o los nombrados por razones políticas los que serán impactados por esta medida. Esto significará que cerca de 27,000 panameños y panameñas humildes pasarán al desempleo. El número de desocupados, gracias a esto, se elevaría a 230,353 personas, dando paso a una tasa de desocupación del 11.2%.

El problema no termina con los desocupados. A estos habría que sumar que 671,610 personas ocupadas son trabajadores a tiempo parcial o subempleados visibles, mientras que 273,541 personas son subempleados invisibles. Se trata de un total de 945,151 personas, es decir el 46.1 de la PEA. Estos obviamente tienen problemas para adquirir los bienes y servicios esenciales que deberían formar parte de la Canasta Básica.

Si se toman en cuenta el conjunto de los datos presentados anteriormente se puede concluir que 1,149,404 personas son desocupados, trabajadores a tiempo parcial o subempleados. Esto significa que 56.0% de la PEA se encuentra en condiciones de precariedad laboral. Obviamente se trata de un grave problema nacional que amerita ser parte del diálogo.

Hacia adelante las cosas tienen una probabilidad significativa de agravarse, no solo por la política contractiva de empleo decidida por la actual administración gubernamental. El problema que hemos venido comentando se da pese a una reducción en la tasa de participación de la población edad de trabajar. La misma pasó de 66.5% en agosto de 2019 a 62.3% en abril de 2022. Esto significa que la misma podría incrementarse, creando presiones adicionales sobre el mercado laboral. De hecho, los datos del Inec señalan que en abril 85,925 personas no económicamente activas declararon su intención de buscar trabajo en los próximos 6 meses.

Habría que sumar el posible impacto negativo de algunas tendencias internacionales sobre nuestra economía. En este caso está el hecho de que muchos analistas piensan que existe una elevada posibilidad de que se dé una recesión internacional a corto plazo. Lawrence Summers, por ejemplo, ha señalado que existe una probabilidad de 67.0% de que se dé una recesión en Estados Unidos en los próximos cuatro cuatrimestres. Otros economistas, como es el caso de Paul Krugman, piensan que esto se puede evitar, pero que aceptan la existencia de una alta posibilidad de que la Reserva Federal se exceda en su elevación de la tasa de interés, creando una situación recesiva.

Obviamente el país necesita discutir sobre el tema de la desocupación, la subocupación y la informalidad. Una pregunta legítima es la siguiente: ¿por qué el mismo no es tema del actual diálogo?

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