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El Bicentenario, nos agarró desnudos.|


Por: José Dídimo Escobar Samaniego

 

Es vergonzoso reconocer, a casi 200 años de esa grandiosa gesta de libertad, que más de millón y medio de panameños están marcados por la pobreza.

 

Pobres, excluidos, al margen, sin oportunidades, mientras se regodean grandes fortunas que se amasan como un monumento al egoísmo, al amor al dinero, fruto de la corrupción perversa. Esa indolente y brutal avaricia y su hermana la codicia, nos exponen a convertirnos en un mercado donde todo se vende y se compra. Pero tengo que decirles que la vida humana no tiene precio, porque ya fuimos comprados por el amor de alguien que dio su vida en la Cruz, para que fuéramos libres para siempre.

 No se trata de llegar a la Administración Pública para saciar las apetencias de poder, sino para servir denodadamente, para enfrentar las injusticias que sostienen a una sociedad impresentablemente, desigual, a una gran cantidad de compatriotas como si fueran ciudadanos de segunda y de tercera.

 Debemos considerar que la corrupción distorsiona y detiene el crecimiento económico, socava la legitimidad política y desmoraliza, tanto a los servidores públicos como a toda la sociedad.  El combate a la corrupción en las esferas tanto pública como privada fortalece la seguridad jurídica, la confianza y la credibilidad en las instituciones, así como la eficiencia y estabilidad de los gobiernos. Por lo tanto, debemos repudiar y no podemos permitir la práctica corriente de hacer planteamientos y propuestas contra la corrupción que luego no se cumplan. Ninguno de los que estamos aquí que vemos y escuchamos estas palabras, podemos consentir ninguna práctica de corrupción, en el terreno que sea y debemos actuar en consecuencia.

 Hemos consentido con el clientelismo, actos corruptos, hemos abandonado el origen de nuestra razón de ser para darle paso a prácticas deleznables, irrespetuosas de la dignidad y la libertad humana. Ello nos descalifica ante nuestra sociedad, por lo cual tenemos que hacer un alto y saber que, si nuestro propósito de rediseñar al país no es legítimo ni verdadero, no podemos apelar a nuestro pueblo que sufre los desmanes y las secuelas de una década de regímenes que, se dedicó a entronizar una cultura de tiranía, incapacidad y maleantería donde se denigró perversamente la dignidad de nuestra gente.

 Porque no se trata solamente de salir del mal en que estábamos inmersos, sino de recuperar el sueño de todos y sobre todo de los más pobres; de que la justicia social y una verdadera democracia sea posible, y en la cual lo principal sea el ser humano, la dignidad de todo panameño, el respeto, el fin de todos los abusos.

 Eso es patriotismo, ese es el ejercicio de la libertad que nos fue legada hace dos siglos, aquel 10 de noviembre.  Ello nos obliga a investigar y a procesar a los que articularon y ejecutaron el más grande latrocinio que conoce nuestra historia y que agredió a mansalva la más pura nobleza de nuestro pueblo, pero ello es imposible con instituciones incapaces como el Ministerio Público o como la justicia, que está en una esquina, presta al ofrecimiento que la induzcan a la maquinación de las sentencias.

 La supuesta democracia en que vivimos, no es más que una gran farsa, en la que cohabitamos con toda clase de vicios la vida nacional. Se perdió la autoridad, porque no hay moral. Esa es la manera de infligir un duro golpe a la vida pacífica de los panameños, porque han enrarecido al país decente. Eso genera en las almas buenas una gran vergüenza nacional.

 La ciudadanía ve con desánimo cómo quienes usaron abierta y deliberadamente esos recursos del Estado para su provecho personal, sometidos o no a procesos penales electorales, pretenden dictar las leyes que todos debemos atender y respetar. Nuestro Tribunal Electoral vive de muchas apariencias en medio de grandes portillos por donde se cuelan los truhanes. En pleno siglo 21, si usted y tiene una casa ocasional en algún lugar del país, usted dice que esa es su residencia, aunque no lo sea, y puede ser candidato a lo que sea y no solo eso, usted hace miles de cambios de residencia espurios, y gente extraña se encargan de imponerle a la gente noble y sencilla de una comunidad, quién será su dirigente. La norma electoral no solo es laxa, sino injusta y acaban de fortalecer todo lo que podría dar legitimidad al mandato político que el pueblo expresará cándidamente dentro de dos años y medio.

 Hemos llegado a un descaro inaudito en el cual, comprobados los delitos electorales, nuestros pueblos deben someterse a la indignidad de considerar a los delincuentes para que nos representen ante los distintos niveles de representación popular, porque la gente sencilla, honesta y que no tienen grandes alforjas, tiene el camino lleno de toda clase de piedras que se lo impiden. 

 Si todavía corre esa sangre santeña de nuestros héroes de 1821, no podemos consentir semejante aberración. Porque puede que absurdamente no sea legal el que no corran, pero todos sabemos que es ampliamente inmoral el que tan solo aspiren siquiera. No puede existir una ley que esté tan divorciada de lo elementalmente moral y que contradiga tan diametralmente el legado de nuestros héroes de 1821.

En un país decente, tendrían que estar en la cárcel quienes irrespetan tan descaradamente la dignidad de nuestra gente y les importa un pito con la libertad y la pureza del sufragio, de donde surge pura la legitimidad del poder público.

Los panameños hemos pagado varios miles de millones en concepto de sobreprecios, por lo que esos hechos se convierten en un atentado contra nuestra libertad y nuestro patrimonio y que no podemos soslayar.

Es necesario que exista en Panamá una fiscalía especial que ofrezca una salida honorable a la sociedad, porque no es justo ni correcto que quienes se dedicaron al latrocinio y la corrupción se paseen campantes por las calles, burlándose de los ciudadanos decentes.

Es necesario que quienes nos representen en las distintas instancias constitucionales de los poderes públicos sean ciudadanos con virtudes, gente honesta y que desde su propio testimonio apuntalen la legitimidad de todas nuestras instituciones.

Las partidas del presupuesto público que se destinan a los partidos políticos o candidatos independientes no deben ser utilizadas para generar con apoyo del Estado el clientelismo. La norma es clara y establece que dichos recursos se utilizarán para promover las ideas, principios y programas que propone el partido o el candidato a sus electores. Por ello, como no fue posible modificar esa norma de interés público el uso debido y eficaz de esos recursos que le pertenecen al pueblo panameño y que no pueden ser usados con tanta sevicia y descaro por lo que el pueblo tiene derecho a saber en qué se gastan sus impuestos, lo que ocurrió fue que se auto blindaron en lo formal, los que quieren seguir violando y prostituyendo a mansalva, todas nuestras instituciones.

No puede ser que quienes son candidatos a puestos de elección popular, sean financiados por el Estado, pero sectores privados también aporten y cuando obtienen la curul, entonces dejan de representar a su pueblo y se convierten en serviles de quienes los patrocinaron en un claro ejemplo de deslegitimidad política.

Sobre todo lo alto, vigila uno más alto, y Dios prende a los que se creen sabios en sus vivezas.

Sabemos de muchas obras que fueron pretexto para el hurto institucional, cuando se desconoció la norma de la contratación pública y se otorgó -por vía de la contratación directa- la construcción de obras y prestación de servicios altamente onerosos y en abierto desafío al cuidado más elemental del presupuesto oficial y de las finanzas públicas. Los autores de tales desmanes no pueden seguir burlándose de todos nuestros compatriotas. No es posible que rellenar una isleta para producir dos carriles adicionales a los existentes termine por costarnos casi 20 millones de balboas por cada kilómetro lineal en este país o como ocurre con la carretera desde el Puente de las Américas a Arraiján, nos cueste casi 40 millones por kilómetro, suma que en otro país, sirve para construir la calle entera, además del daño ecológico que produjeron en el área del Canal.

No logramos entender cómo un puente sencillo, de los muchos que se hicieron con préstamos internacionales, menos complicados y complejos que el de la entrada de Cerro Patacón en Bethania, acá en la ciudad de Panamá, terminen constándonos a los contribuyentes cuatro veces el valor real, y aquí no pase nada. Tales actos no deben quedar arropados por la indiferencia ni por la impunidad.

Adecentar al país, dignificar a todos los panameños, especialmente a los más desventurados, y producir una sociedad de iguales que pueda disfrutar de la libertad, es el mejor homenaje que podemos ofrecer a quienes se levantaron ese histórico día en la Villa de Los Santos, hace 200 años.

¡Así de sencilla es la cosa! 

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