Las enfermeras justo al pueblo luchando contra la injusta Ley 462
Recientemente un grupo de organizaciones sindicales, que por su naturaleza constituyen una especie de grupo variopinto, han planteado la posibilidad de un diálogo con el gobierno. Se trata de una propuesta que para todo aquel que entienda claramente la situación, así como los verdaderos intereses de la población panameña, constituye una concesión muy significativa a la estrategia planteada por los sectores económicamente dominantes y el gobierno de turno. Son varias las argumentaciones en que sostienen esta afirmación.
En primer lugar, como elemento fundamental, está el hecho que en el llamado del grupo variopinto no se plantea que previo a cualquier diálogo se tiene que dar la derogación de la nefasta Ley 462 de 18 de marzo de 2025. No poner esta condición significa, a nuestro juicio, simplemente un intento de quitarle presión al obtuso gobierno del señor Mulino, buscando que el momento de las propuestas se vea reducido.
Es conveniente recordar que la aprobación de la Ley 51 De 27 de 2005, la cual dio inicio a la destrucción del sistema solidario de pensiones, así como la primera introducción de las cuentas individuales, fue producto de un falso diálogo. Este se extendió en el tiempo, para debilitar el momento de las protestas, mientras el gobierno de turno lograba coptar a algunos elementos del sector social. ¿Qué sentido tiene repetir este proceso?
En segundo lugar, se debe destacar que en los actuales momentos resulta fundamental mantener la lucha abierta en todos y cada uno de los frentes abiertos por el gobierno y el Conep en base a su política de choque. En realidad, se trata de unificar todos estos aspectos con la lucha por la defensa de la soberanía, a fin de generar una fuerza social capaz de detener el proyecto imperial – oligárquico. En este sentido es más que llamativo que el grupo variopinto, que generó la visión que aquí se discute, haya omitido, conscientemente, el tema de la lucha contra el intento de reapertura de la contaminante mina de Donoso. Obviamente tampoco se tocan directamente temas tan importantes como lo son los embalses, el posible incremento del ITBMS, las posibles reformas a la legislación laboral, entre otros.
En tercer lugar, la gravedad de la situación no amerita acusaciones directas o veladas frente a otras organizaciones sociales. Si bien no se trata de una necesaria unidad orgánica de todos los sectores en lucha, si se trata de un momento de unidad en la acción, en que cada uno con sus fuerzas y su estilo, siempre dentro de los parámetros de la acción no violenta, se movilizan por los objetivos concretos compartidos, como son la defensa de la soberanía,la derogación inmediata de la Ley 462 y la lucha contra la reapertura de la minería metálica a cielo abierto, entre otros.
En cuarto lugar, en base a lo anterior es fundamental oxigenar a los movimientos que se han mantenido en lucha, como es el caso de los educadores y la reciente movilización de los jóvenes. Es conveniente entender que el gobierno busca, ya sea directa o indirectamente, aplastar el movimiento de los educadores, para luego proceder a una reforma educativa diseñada exclusivamente para atender las necesidades de las ganancias y la acumulación de riqueza de los sectores económicamente dominantes.
En quinto lugar, en los actuales momentos en lugar de promover un diálogo liviano que facilite la actuación del gobierno y los sectores económicamente dominantes, hace falta ir construyendo en la propia lucha un proyecto nacional alternativo frente al actual estilo de desarrollo transitista – extractivista. Se trata, a nuestro juicio, de una posición ausente en la documentación del sector que hemos calificado de variopinto.
En sexto lugar, el cumplimiento de las leyes laborales, incluyendo la que guarda relación con el uso de los fondos del seguro educativo, no será factible si no se logra un triunfo de los sectores sociales en el caso de la derogación de la Ley 462.
En conclusión, a nuestro juicio, las propuestas de diálogos que no exijan la derogación inmediata de la Ley 462 están totalmente alejadas de los reales intereses de la población panameña.
Solo queda decir que como señala Martin Luther King Jr: “El cambio no se produce inevitablemente, sino mediante una lucha continua”.