El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Victoriano Rodríguez Santos
Información extraoficial, pero entendible, comprensible, confiable y palpable en las calles, es que más del 60% de la población rechaza la Ley 462. Al parecer la Gata ya parió, los gatitos se reprodujeron y viene el retoño.
Independiente que PARA LAS TELEVISORAS NO ES NOTICIA, la población, en las diferentes comunidades, está en la calle y el gobierno no escucha, más bien reprime, a través de quienes deben cuidar y defender a la población y a la Patria.
Quienes mal gobiernan no respetan las organizaciones gremiales, en consecuencia, las mesas de diálogo y las consultas -realizadas por la Asamblea- no fueron tomadas en cuenta, haciendo perder tiempo a las organizaciones y profesionales que expusieron, inclusive la “guarida” -la Universidad de Panamá- y técnicos de la Caja de Seguro Social, entre tantos otros.
Finalmente, en la Asamblea, quizás cumpliendo órdenes o en espera de un almuerzo, hicieron lo que les vino en gana y 48 diputados aprobaron otra Ley a espaldas al pueblo.
Un proyecto de ley formulado y presentado por posibles traidores a la Caja de Seguros Social y a la Patria, adeptos a un gobierno prepotente, engreído y brabucón, que abusa amparado por policías intolerantes y que fuera de legalidad, agreden a quienes pacíficamente protestan. Agresión inadecuada e innecesaria.
Lo preocupante es que quienes mal gobiernan, están empujando a los policías a agredir a la población buscándole a cada uno de ellos un problema personal. Algunos juristas sostienen que esos policías pudieran ser denunciados, demandados.
La OBEDIENCIA DEBIDA en nuestro ordenamiento jurídico, implica que a la postre ese policía podrá esgrimir que recibió órdenes de su superior, pero ya sea el superior o el policía si actúa por su cuenta, tendrán que responder por sus actos.
Tengan presente que, si actúan en evidente transgresión a la Constitución y la ley, ambos serían responsables, haya o no autorización del superior. Por ejemplo, si el superior les ordenara disparar a matar para dispersar las protestas.
En consecuencia, el policía, independientemente el rango, debe cumplir con su función de proteger y servir a Dios y a la Patria no a quienes tratan de imponer una ley que perjudicará a toda la población que tienda a pensionarse pasados 6 o 7 años en adelante.
El derecho a protesta está consagrado en la Constitución Nacional y las leyes de la República de Panamá. En consecuencia: ¿por qué quienes mal gobiernan intimidan y quieren limitar e impedir que las personas se reúnan y protesten pacíficamente y en buen orden?
Cada día aumenta la población en las calles, la gata ya parió y los gatitos también. Al parecer suman más del 60% de la población. Dios te salve, Panamá.
Economista, educador, master en Recursos Humanos.
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