El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Algo Delicado Para Pensar Sobre La Carta Magna Y La Hegemonía De Las Elites Del Poder Económico.
Por Ramiro Guerra M. Abogado y cientista político.
La declaratoria de inconstitucionalidad de la ley 406 del 20 de octubre de 2023, ha dejado al descubierto el hecho cierto de que la institucionalidad en el país, está en una crisis grave; no hay órgano del estado que se salve de esta realidad.
Pueblo panameños, abogados, politólogos, educadores, jóvenes, la cantidad de violaciones a la constitución, siendo alrededor de 25 artículos (aunque creo que son más no visto por los magistrados) representa porcentualmente el 81.75%, por ciento de la cantidad de artículos que tiene la constitución.
Como escribió Rafael Candanedo, los autores y cómplices de esas violaciones, le entraron a porrazo a la constitución nacional. Creo que es un fenómeno no visto en la historia jurisprudencial del país. De este hecho no dicen nada los que defendieron la ley 406.
Los estudiosos del derecho, saben que éste, es decir toda norma jurídica, es portadora en su esencia de relaciones sociales. La tal norma abstracta sustraídas de esta realidad, no existe.
Por ende el contrato de marras (la ley 406) dio cuenta de contradicciones sociales agudas, que puso en la mesa del debate, una cruenta lucha social, donde en una acera se ubicó el bloque económico del país, sus satélites de control y mediación; y en la otra acera, el pueblo, los grupos sociales subalternos de la sociedad y sectores orgánicos, jóvenes de extracción popular y medios de la sociedad, que colocaron como eje central de sus luchas, la defensa de la nación y contra la corrupción.
A los sectores del bloque de poder dominantes, estructuras de las superestructuras que les sirven, no le importó esa andanada de martillazos que se le daba a la gran norma. Entendible siendo ellos los responsable de tan vil golpiza a la constitución nacional.
Este es un tema que pone nuevamente en la agenda de un gran debate constitucional, como recomponer la república. El país tiene que replantearse la cuestión relativa a los correlatos del poder.
Los actuales predisponen y exponen a todo el entramado institucional, a una especie de tráfico y complicidad delictiva y sobre todo, a la sociedad a toda suerte de relaciones prebendarias que anulan la democracia y al estado de derecho.
La crisis, por lo anterior, no solo fue jurídica; también puso en evidencia que estamos sumergidos en paradigmas obsoletos y por ende desfasados.
Hay que elevar el debate; lo de la debacle constitucional, trasciende a toda la vida en sociedad.
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