Por Qué Rechazamos El Contrato Minero

 

 

Por Julio Yao Villalaz

 

 

En vista de que el tema de la minería metálica ha sido examinado exhaustivamente por especialistas, prescindo de los argumentos conocidos en contra del actual acuerdo leonino para explicar sucintamente la historia de la lucha contra Minera Petaquilla — ahora la canadiense First Quantum — cuyo contrato, pendiente de aprobación por la Asamblea Nacional, es peor que el Tratado Hay-Buneau Varilla de 1903.  Para ello, explicaremos lo que pensaba el ex Ministro de Comercio e Industrias, Fernando Manfredo, sobre la minería metálica a cielo abierto.  Explicaremos algunas de las razones por las que nos opusimos a la minería metálica a cielo abierto en el área de Donoso, provincia de Colón.  Finalmente, examinaremos las opciones que tiene nuestro pueblo para enfrentar la amenaza del contrato minero.

1. Atinados conceptos del Ministro Fernando Manfredo.

En los años 70, el General Omar Torrijos y Fernando Manfredo, Ministro de Comercio e Industrias y primer Subadministrador de la Comisión del Canal, consultaron a una empresa japonesa (la Mitsui) sobre la factibilidad  o conveniencia de permitir minería  metálica a cielo abierto en el Noroeste de Colón, y los japoneses aconsejaron que ello era inconveniente e imposible  porque en esa región llueve mucho y allí está ubicado el Corredor Biológico Meso Americano.  Manfredo acompañó al general Torrijos durante la Guerra del Banano.  Manfredo, el excanciller Juan Antonio Tack y mi persona manteníamos correspondencia frecuente hasta que la salud los (nos) traicionó.

Les comparto reflexiones de Manfredo en torno a la minería en Panamá.  En su articulo, “¿Negocio y prosperidad para quién?” Suplemento Día-D, de El Panamá América Digital, 13 de mayo de 2008, el Ministro Manfredo, responsable del subsector minero en el gobierno de Panamá, luego de recibir asesoría técnica internacional sobre minería metálica por parte de las Naciones Unidas y de revisar la problemática,  hizo enjundiosas críticas y consideraciones en torno al tema,  en las que pone al descubierto las fallas que explican la actual tragedia, caos y desastre en el manejo de la minería a cielo abierto.  Señaló, entre otras, lo siguiente:

“El rechazo a las minas de cielo abierto es a nivel mundial.  ¿Será que todo mundo está equivocado y la industria minera, especialmente la que se realiza a cielo abierto, es conveniente para el desarrollo socioeconómico del país como sostienen los empresarios mineros y sus aliados dentro de los gobiernos? ¿Será tan torpe la comunidad como para rechazar fuentes de empleo, mejoramiento económico y social, o es que han aprendido de la experiencia propia o ajena que mucho de eso es un espejismo que disfraza una cruel realidad? ¿Díganme donde hay en el mundo un pueblo minero donde reine la prosperidad?

“Nadie en el Ministerio ni fuera de él en Panamá tenía experiencia en materia de minas, mucho menos los términos y condiciones de una contratación y por eso pedimos la cooperación de Naciones Unidas.
Por su vinculación al proyecto nos enviaron dos expertos de la más alta calificación.
Lo primero que advirtieron fue la obsolescencia de nuestro Código de Minas. Éste correspondía a una época superada donde no se tomaba en cuenta el factor ambiental ni social y la legislación respondía a los intereses exclusivos de las empresas. Por lo tanto, la puesta al día era tarea prioritaria.

“Una de sus recomendaciones fue la de, al referirnos a la minería, lo hiciéramos como ’minería sustentable’, para darle la prioridad que tenían los aspectos ambientales y sociales sobre los económicos. Esto, decían, era especialmente aplicable a Petaquilla, porque está ubicada en una región boscosa, con recursos hídricos abundantes y comunidades campesinas en el área de influencia del proyecto. En ese sentido, hacían hincapié en señalar las áreas excluidas, tales como parques nacionales, reservas indígenas y militares y áreas de mucha fragilidad ambiental. Esas áreas las catalogaron de ‘sacrosantas.’  En materia de exploración recomendaron incluir el compromiso de restauración; esto es, la obligación de cubrir los huecos, zanjas y otras excavaciones y hasta donde fuese posible, de acuerdo con la autoridad gubernamental, restaurar la superficie a su condición original.

“Lo anterior ha permitido que se otorguen contratos de exploración y explotación a empresas como Petaquilla Minerals y Bellhaven donde los contratistas han salido exageradamente favorecidos, los intereses nacionales lesionados y comunidades enteras expuestas a su aniquilamiento. Naturalmente que esto no es sólo atribuible a la Ley, sino a las influencias políticas y a los intereses económicos de quienes fueron favorecidos.

“La regalía pactada en el contrato de Petaquilla es de 2%, una cuarta parte del mínimo recomendado.
No se le exige a la empresa consignar un bono para cubrir los gastos que el Estado incurrirá en caso de cierre de operaciones, tales como: manejo interino, desintoxicación, cierre de estanques de residuos. remoción de materiales peligrosos, drenajes, mantenimiento después del cierre. Tampoco se le exige un bono de cumplimiento que cubriese desde el principio hasta el final.

“En el caso de Petaquilla les preocupaba a los expertos de Naciones Unidas la disposición de los desechos y las tinas de relave, señalando que las condiciones topográficas del terreno la dificultan. Esa fue la razón principal por la cual un consorcio japonés de empresas fundidoras encabezado por la Mitsui retiró su interés en el proyecto.

“El contrato de Petaquilla fue otorgado en 1997, y la excusa de que el mismo contempla las disposiciones contenidas en una Ley aprobada en 1997 no es aceptable; no había la obligación de ceñirse a la misma, sabiendo que los intereses del país no estaban debidamente protegidos. Para la firma del contrato se desconoció el compromiso adquirido por los Jefes de Estado de crear el Corredor Biológico Meso Americano que se inicia en los bosques Maya en México y termina en Darién que tiene como objetivo detener la pérdida de la biodiversidad.

“¿Dónde están las instituciones administrativas para atender los desafíos sociales que son únicos en la actividad minera? ¿Dónde están las instituciones de investigación científica para atender los problemas que crea la explotación minera, en el campo social, económico, tecnológico, ambiental de seguridad humana, salud (enfermedades selvática, mordeduras de ofidios, picaduras de insectos, como es el caso de Petaquilla)?

“Considero que la actividad minera debe estar inserta dentro de una Estrategia Nacional de Desarrollo Económico y Social Sostenible que contenga las políticas de largo plazo tanto globales como específicas. En la elaboración de la estrategia minera deben participar los distintos Ministerios y los sectores privados organizados, en especial los grupos ambientalistas, los indígenas y los campesinos.”  (fin de la cita).

Hemos citado de manera sucinta la visión de Manfredo, que denota patriotismo y entereza moral.  En sus palabras admonitorias hay una condena total a la minería metálica a cielo abierto, pero, sobre todo, una condena a los malos panameños que se han confabulado con la empresa a cambio de dádivas vergonzosas.  Todavía hoy la empresa se niega en el actual contrato a revelar quienes son sus beneficiarios.

Las reflexiones de Manfredo, que era brazo derecho de Omar Torrijos desde la Guerra del Banano y en el tema minero, revelaban la actitud contraria hacia la minería en Coclesito que tenía el militar.  Sus advertencias cayeron en saco roto en los gobiernos siguientes, y muchas de las falencias, omisiones y errores señalados por Manfredo pesan aun en el nuevo contrato minero que espera ser debatido en el Órgano Legislativo.

 

2. La lucha contra la minería.

Héctor Endara Gil, de Pastoral Social Caritas, luchaba contra la Minería en Petaquilla.  En 2003, en mi primera obligación como presidente del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Panamá), asumí la responsabilidad de continuar la lucha, que recibía presiones del Gobierno y de la Iglesia.  Integramos a la Coordinadora Campesina contra los Embalses, que había tenido éxito en impedir que la Autoridad del Canal de Panamá construyera una nueva Cuenca Hidrográfica del Canal en Rio Indio y le cambiamos el nombre a Coordinadora Campesina por la Vida.

La compañera María Muñoz era la responsable de esta ultima.  Nos acompañaban, entre otros, el   periodista Blas Julio, torturado en la Cárcel en el periodo de la presidenta Mireya Moscoso; Jose “Carmelo” Yanguez, dirigente campesino de Coclesito; la abogada Celma Moncada; la compañera Carmencita Tedman y el periodista Carlos Núñez.  También integramos a las comunidades indígenas, Gnobe-Bugle, del norte de Coclesito, y la bautizamos como “Nueva Lucha de Petaquilla”, representada por  el líder indígena, Martin Rodríguez y su Asociación Rey Quibian.  Igualmente, se nos sumó Celestino Mariano Gallardo, actualmente Cacique General de la Comarca Ngobe-Bugle, y la Asociación de Productores de La Pintada de Rubén Bernal.

Con estas organizaciones y las comunidades aledañas, fundamos en la Iglesia del Nazareno de Coclesito, en el Día del Arbol —  29 de abril de  2004 — el COMITÉ PRO CIERRE DE MINA PETAQUILLA.   Fui su presidente y Coordinador.   Nuestro lema era y es: “La vida es primero:  ¡fuera el proyecto minero!” (Ver:  Jorge Macías, “Atentados de la Minera Petaquilla a Julio Yao”, 8 de julio de 2015).

El 28 de enero de 2011 solicitamos autorización a la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional para que nos permitiera exponer nuestros puntos de vista en nombre del Comité.  ¡La Asamblea no nos permitió hablar!  Sin embargo, ante el debate sobre el actual contrato minero, es de justicia informar a nuestro pueblo algunos hechos esenciales de aquella época.

La Iglesia de Colon y el gobierno del presidente Martin Torrijos, expulsaron a 30 religiosos que acompañaban a las comunidades indígenas en contra de Minera Petaquilla.  Incluso, el padre Carlos Maria Ariz, gran amigo de los pobres, me confió en Coclesito algunos de los vaivenes con la alta jerarquía.

Minera  Petaquilla aplicó derechos como si fuera nuestro gobierno; prohibió el paso por la zona concedida, y los infractores, mayormente indígenas, eran maltratados, torturados y atados, a manera de castigo.  Mi nombre aparecía primero en la Lista Negra de Petaquilla.  Las comunidades campesinas e indígenas no se comunicaban entre sí porque el libre tránsito nacional, que garantiza  la Constitución Nacional, estaba prohibido.   La policía fue puesta al servicio de la empresa.

Oponerse a la minería implicaba riesgos para  nuestras vidas.  Hubo al menos tres atentados para asesinarme.  El primero ocurrió en la Casa Cural de Coclesito.  Una comisión universitaria del Consejo General Universitario, cuyo apoyo había logrado, nos acompañaba.  Me encontraba dando una charla de noche a campesinos e indígenas.  Yo estaba de pie a la entrada de una sala, pero al lado había un cuarto con las luces apagadas.

A mi derecha estaba el periodista Blas Julio cuando se oyó un golpe seco, y Blas rodó por  el piso,  aullando de dolor.  La roca que lo golpeó en la cabeza iba dirigida a mi persona, ya que era el responsable principal y el que encabezaba la Lista Negra de Petaquilla, A Blas lo atendió un médico, pero fue difícil estabilizarlo.  Había sido maltratado en la cárcel por largo tiempo, por órdenes de Mireya Moscoso y había quedado sumamente afectado por esas torturas.  A los pocos meses, falleció (2 de octubre).

En la segunda ocasión, salíamos de Coclesito.  Mi hijo manejaba el auto, cuando se nos pegó detrás un auto de la minera, desde Villa Rosario, a escasos minutos de Coclesito.  Aceleramos para despegárnoslo.  Veníamos, además de mi hijo, María Muñoz, Blas Julio y yo.  Había precipicios a ambos lados de la carretera.  El auto, que era el de uso personal de Richard Pfifer, nos perseguía a gran velocidad para hacernos volcar, pero mi hijo hizo un giro rápido y los dos autos chocaron y se detuvieron.  Por un pelo no caímos al vacío del precipicio.  Salimos a confrontarlo.  El conductor de la empresa estaba atemorizado y se recostó a un barranco, pensando que lo íbamos a golpear.  Luego de enviarle un mensaje a Marcel Salamín,  excolega mío en Relaciones internacionales, el agresor dio la vuelta y se regresó.

“En la tercera ocasión, primera semana de febrero de 2008, íbamos de regreso a Panamá y era de noche.   Un pickup de la empresa nos venía persiguiendo a toda velocidad desde que salimos de Coclesito, pero no nos alcanzaba.  Yo venía manejando rápido y, al aproximarnos a la bajada más larga que hay desde Coclesito, ya casi llegando a La Pintada, por el retrovisor observé que el auto se había detenido súbitamente en la parte superior de la loma antes de iniciar el descenso.  Me llamó la atención que había cesado la persecución pero dejó las luces encendidas.

Seguí bajando la loma cuando, de repente, al tomar una curva a la derecha, me encontré con que la carretera estaba totalmente negra y mojada con aceite o agua.  Lo normal en verano es que esté blanca por el polvo.  Mi auto, un Suzuki “todo terreno”, perdió el control y dio muchos trompos mientras descendía y finalmente quedamos recostados en un barranco a la izquierda, con el cual chocamos y quedamos mirando para atrás. El barranco impidió que cayéramos al precipicio.  Blas y María se golpearon contra el muro. El auto quedó destrozado, pero logré arrancarlo.  La policía de Tránsito no tenía jurisdicción en esa zona y el seguro del auto no lo cubría, teniendo que pagar una costosa reparación.

El 31 de diciembre de 2007, cinco semanas antes del atentado, los dueños, socios, mineros, sus amigotes y ‘manzanillos’ habían quemado al ‘muñeco de Año Nuevo que tenía mi nombre, en la entrada de Penonomé, pero yo lo ignoraba.  ¡Tétrica amenaza de lo que ocurrió poco después!

Rechazamos  el proyecto de reformas al código minero y exigimos una moratoria lo suficientemente amplia que nos permitiera no solamente examinar algunos aspectos parciales de la minería como la cuestión de las regalías, tasas y aspectos administrativos, que se tocan en el proyecto de ley y  que son importantes, pero no suficientes.

Necesitamos una moratoria  que nos permita, sobre todo, aclarar integralmente la responsabilidad que le cabe a la minería a cielo abierto en los efectos negativos del cambio climático mundial; el impacto real de dicha minería cuando se asienta en zonas tropicales extremadamente lluviosas como Panamá; extraordinaria biodiversidad y riqueza hídrica; la tendencia mundial a prohibir la minería a cielo abierto; la prohibición creciente en la Unión Europea del uso del cianuro, especialmente en la explotación de oro; el incumplimiento masivo de normas y obligaciones ambientales a nivel mundial; el irrespeto bárbaro y salvaje a la Carta de los Derechos de los Pueblos Indígenas proclamada por las Naciones Unidas, de quienes (me refiero a los indígenas) los proyectos mineros en Panamá han hecho tabla rasa y han declarado en Canadá, por ejemplo, que dentro de sus concesiones no viven indígenas porque son áreas despobladas, mintiendoles y ocultando al gobierno canadiense sobre cómo se comportan sus empresas en Panamá.

Necesitamos una moratoria que nos permita examinar los efectos de la minería a cielo abierto en Panamá, particularmente en Petaquilla; que nos permita analizar las decisiones de los distritos de Tonosí, Macaracas, Guararé, Soná, La Palma y otros de prohibir la minería a cielo abierto; que nos dé tiempo para conocer por qué el  resto de los municipios de la República, que suman decenas y que desconocen todo acerca de la minería a cielo abierto y están expuestos a ella, especialmente en Chiriquí, Bocas, Darién y la Comarca Ngobe-Buglé,  aún no se han pronunciado sobre este tema que les concierne de manera tan  íntima y vital.

Necesitamos saber por qué, pese a ingentes esfuerzos de nuestra parte, de las asociaciones que hemos acompañado, no ha sido posible que el tema de Petaquilla sea analizado en ninguna reunión provincial de coordinación, en total irrespeto a solicitud pertinente por parte de casi todos los representantes de corregimiento en Coclé.

Necesitamos una moratoria lo suficientemente amplia para aclarar por qué Petaquilla Gold ha continuado ilegalmente sus operaciones si, desde 2004 por lo menos, carecía de Estudio de Impacto Ambiental; por qué han apelado con total éxito todas las medidas dictadas en su contra por la ANAM, entidad que los ha multado con un millón de Balboas  y condenado a pagar gastos mínimos de mitigación; que les ha anulado su presunta consulta pública de diciembre de 2007; que les ha permitido continuar a condición de que Petaquilla Gold cumpliese con 30 requerimientos de los cuales no ha cumplido ni uno solo.

Necesitamos saber por qué no han progresado en las instancias judiciales ninguna de las demandas y querellas promovidas por Serpaj-Panamá en nombre de las comunidades.  Necesitamos saber por qué tienen amenazados a maestros y profesores en Coclesito de realizar actos en contra de las mineras y si es cierto, como se rumorea, que la escuela del lugar es financiada parcialmente por Petaquilla Gold, de la misma forma que se dice, que algunos funcionarios de la provincia de Colón recibían o reciben prebendas de dicha empresa.

Necesitamos una moratoria que nos permita conocer en qué condiciones Petaquilla Gold les expropió, compró o usurpó  tierras y fincas a campesinos e indígenas de Petaquilla, engañandolos acerca de las facultades que les otorga la concesión de 1997, amenazándolos de que les iría peor con el gobierno si no se retiran ya  de sus predios porque les iban a echar  de ñapa a la policía, tal como había ocurrido con los Nasos, a quienes el gobierno desalojó a favor de Ganadera Bocas.

Es importante averiguar a quiénes se traspasaron las tierras usurpadas, arrancadas a los campesinos e indígenas de Petaquilla.

Desde hace cuatro años el indígena Merardo Morales y el propio Martín Rodríguez esperan que Petaquilla Gold nos explique por qué les incendiaron sus ranchos en Agua Colorá y por qué quemaron y destruyeron otros ranchos a indígenas que huyeron aterrorizados, abandonando sus viviendas, que en total fueron como diez, luego de lo cual los jefes y empleados de Petaquilla Gold consumieron gallinas, cerdos, y productos agrícolas de los indígenas.

Y necesitamos una moratoria, porque fueron muchos los desmanes de los mineros contra las comunidades sin que ni la ANAM ni el gobierno haya hecho absolutamente nada por interesarse, mucho menos para defender a las comunidades.

Necesitamos saber por qué, antes de que se implantara la minera, en Coclesito y regiones  aledañas no había problemas de drogas, alcoholismo, desintegración familiar, madres solteras, violaciones a menores y mayores de edad,  y Sida, y ahora todo eso se ha presentado.  Necesitamos saber por qué la Universidad de Panamá no cumplió con la decisión unánime del Consejo General Universitario de ayudar a las comunidades de Petaquilla y, en cambio, Gustavo García de Paredes, traicionando a los universitarios, recibió muchas computadoras donadas por Minera Petaquilla para el centro universitario en Penonome.  La Comisión del CGU, asustada por el primer atentado a mi persona,  no volvió jamás a Coclesito.

Necesitamos una moratoria para que la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos investigue si la empresa minera cumple con los requisitos legales que exige la Constitución Política para sus operaciones en nuestro país; para que averigüemos si es cierto o no que las tinas no se construyeron en el sitio más adecuado y si su construcción adolece de defectos congénitos que expliquen la  continua y permanente contaminación de aguas superficiales y subterráneas.

Al sol de hoy, ni el gobierno ni nadie ha realizado una gira médica a Petaquilla, a pesar de las inundaciones, derrames de las tinas de lixiviación y otras tragedias que han padecido sus moradores y que afectan gravemente su salud.

Señores diputados:  Necesitamos una moratoria que nos permita conocer si la compañía canadiense FQ, madre de Minera Panamá, ha sido objeto de sanciones, multas y decisiones ambientales y judiciales en países de la Comunidad Europea, el Medio Oriente, Canadá, Estados Unidos  o Latinoamérica, de manera que nos permita a los panameños saber si la empresa merece ser autorizada para operar en Panamá.

En fin, necesitamos una moratoria para cotejar el proyecto de reformas al código minero con nuestra Constitución Nacional, con el Derecho Internacional Ambiental, y con el sistema internacional de protección a los derechos humanos.

Y una última cuestión, señores diputados: 

Uds. tienen la obligación de hacer cumplir nuestras leyes tanto a empresas como a gobiernos; de que nuestras leyes sirvan para nuestras necesidades y no para resolverles problemas financieros a las empresas.  Nuestras necesidades de inversión no están por encima de nuestros intereses nacionales ni nuestra soberanía.

Los dejo con esta reflexión.

 

(Próxima publicación:  Otra Zona del Canal)

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