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Esta Ley podría beneficiar a Panamá, porque crearía un ambiente de paz en Colombia y esa estabilidad favorece la no migración de los colombianos que en gran medida emigran hacia Panamá y otras latitudes del mundo.
El proyecto fue aprobado previamente por el Congreso colombiano.
El dictamen fue aprobado el jueves por el Congreso colombiano luego de que las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes den luz verde al informe de conciliación del proyecto.
«Habrá personas que negociarán con el Gobierno las opciones de acabar con una guerra de hace muchas décadas, que debe terminar definitivamente, sin ecos. Para que la sociedad colombiana sea la verdadera dueña del país, la verdadera dueña de los destinos de Colombia. La democracia real y pacífica que necesitamos», manifestó Petro, citado por medios locales, antes de sancionar la ley.
«Así que ahora le corresponde a nuestro comisionado de Paz, Danilo Rueda, implementar buena parte de esta reglamentación», agregó.
Por su parte, el senador por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, destacó que se trata de la primera enmienda que firma Petro. «Así actúa un gobierno que tiene claras sus prioridades», manifestó.
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La iniciativa, que modifica la llamada Ley de Orden Público, mejor conocida como Ley 418 vigente desde 1997, se establece que en el Plan Nacional de Desarrollo y en los planes de las entidades territoriales se fijarán políticas y programas dirigidos al logro de la paz. De esta manera se busca integrar a las regiones, y en especial los municipios más afectados por la violencia, donde la respuesta del Estado ha sido insuficiente, para brindar soluciones a la problemática del orden público.
En detalle, la legislación fija que los representantes autorizados expresamente por el Gobierno nacional tendrán las facultades para «entablar conversaciones y diálogos con estructuras o grupos armados organizados«.
Además, estos representantes tienen autorizado «firmar acuerdos con los voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley», con el objetivo de «obtener soluciones al conflicto armado».
Asimismo, se incluyó la creación de un Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, el cual contempla que las personas que se acojan a esta política, podría ser beneficiarios de la no persecución penal por el porte de armas.
(Tomado de RT)
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