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La Prensa Porrista del Poder

Por Rubén Castrejo Camarena / Abogado y Periodista

 

Durante décadas, la prensa libre e independiente fue un pilar fundamental en los procesos de transformación social. Jugó un rol clave en visibilizar las injusticias, amplificar las voces silenciadas y confrontar al poder cuando este se desviaba del interés colectivo. Fue contrapeso, fue conciencia, fue trinchera.

Sin embargo, en los últimos 30 años, ese periodismo comprometido con la verdad ha sido desplazado por una maquinaria mediática cada vez más complaciente, cada vez más servil. Hoy, los grandes medios tradicionales ya no informan: aplauden. Ya no investigan: repiten. Se han convertido en lo que son ahora: porristas del poder.

En medio de una crisis nacional —marcada por masivas protestas ciudadanas, cierres de calle, la reforma impopular a la Ley 462 que compromete el futuro de la Caja del Seguro Social, la anunciada reapertura de la mina a pesar de un fallo claro de la Corte Suprema, y la entrega de la soberanía nacional mediante el Memorándum de Entendimiento con Estados Unidos— los medios no han estado a la altura de su responsabilidad histórica.

Mientras el país arde de indignación, la prensa tradicional guarda silencio. Y cuando habla, lo hace desde una sola perspectiva: la del Ejecutivo. Los titulares criminalizan a los manifestantes, mientras los editoriales glorifican las decisiones del gobierno. Docentes, trabajadores de la construcción, pueblos originarios… todos son señalados como culpables del caos. Pero nadie se detiene a explicar qué lo provoca. Nadie cuestiona el modelo. Nadie se atreve a nombrar a los verdaderos responsables: los que gobiernan contra el pueblo y para los de siempre.

Desde la academia aprendimos que el buen periodismo debe ofrecer todas las versiones, que debe ser equilibrado, crítico, veraz. Pero hoy eso es letra muerta. Lo que se publica en las portadas es una realidad editada, manipulada y dirigida a proteger intereses económicos, sostener privilegios y blindar a quienes ocupan el poder.

Ahora resulta que los culpables del desempleo, del estancamiento económico, del cierre de empresas y de la incertidumbre… son los que protestan. ¡Qué conveniente! Los verdaderos responsables —los que aprobaron leyes nefastas, los que firmaron acuerdos lesivos, los que reprimen al pueblo con gases y garrote— son intocables.

Lo más grave es que mientras se criminaliza la protesta, se judicializa a los líderes sociales. Dirigentes indígenas, sindicalistas y activistas son encarcelados bajo acusaciones infundadas. Se utiliza al Ministerio Público como herramienta de persecución. Se manipula al Órgano Judicial. Se moviliza a la Policía como brazo armado del Ejecutivo. Y los medios, en vez de denunciar este abuso, miran hacia otro lado.

Estamos ante una dictadura civil encubierta, que vulnera el Estado de Derecho y pisotea el derecho humano a la protesta. Y los medios tradicionales, lejos de encender la alarma, cantan victoria al ritmo del poder.

Pero hay algo que no han podido silenciar: la voz del pueblo. Porque la libertad de expresión no es patrimonio exclusivo del periodismo corporativo. Es un derecho de todos. Y cuando los medios callan, el pueblo grita. Lo hace en redes, en comunicados, en murales, en megáfonos. Lo hace con dignidad. Y lo hace con razón.

La verdad no puede ser sepultada bajo titulares manipulados ni editoriales complacientes. Aunque hoy los porristas del poder aplaudan, mañana la historia les pasará factura. Porque el juicio de la conciencia social es más severo que cualquier censura: es implacable y tiene memoria.

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