El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: Dr. José R. Acevedo C.
La política entendida como el arte de llegar al poder y mantenerse en él, como en su momento lo entendió Aristóteles está dentro de los parámetros aceptados socialmente, siempre que se haga dentro del uso de las vías democráticas y estas no se manipulen, ni cedan las instituciones de control democrático.
También se ha expresado que el poder es un medio normal de corrupción y el poder absoluto corrompe más. Encontrar un equilibrio en el ejercicio del poder, ponerle un límite es necesario.
En este rejuego político se puede gobernar con mayoría de las cámaras o con minoría en ellas, todo a de depender de la habilidad política y de un buen programa de desarrollo social.
En nuestros países los mandatarios y quienes detectan el poder, abusan de este, no para beneficio común sino personal. Este hecho totalmente evidenciado a los pocos meses de gobierno, cuestionado airadamente por grupos sociales organizados, con graves estallidos sociales, tiene un raigambre trágico, porque no solo desnaturaliza al gobernante comparativamente respecto a su persona antes de tener el poder, además pierde la empatía social y toda vergüenza en sus actuaciones.
Seguramente el acto más grave del mal uso de la política es la corrupción. Esta tiene miles de caras como formas de realizarla. Lo cierto es que, si buscamos a un gobernante que entró pobre al gobierno, y sigue viviendo casi igual, es como para el ateo creer en un milagro. Lo normal es que quien entró siendo pobre, ahora es rico o está muy acomodado económicamente. Las personas se preguntan cómo es posible ese cambio si el salario de funcionario con los descuentos es tanto, más gastos, y compró tal y tal cosa, en ausencia de una hipoteca, tiene bienes en tal lugar, cuentas en varios bancos, vehículos de alta gama, y otras cosas que el salario no cubre.
Desde la Argentina hasta Canadá en nuestro continente, hay pocas excepciones de gobernantes no corruptos, esto incluye a mandatarios y parlamentarios, como ministros y otros.
Hay excepciones, lamentablemente muy pocas. Un excepcional José Mujica en el Uruguay y de allí, es difícil encontrar otro mandatario justo.
Lo primero que hace un corrupto es usar la negación y luego viene la justificación. El discurso para estos fines, muchas veces se reduce al simplismo de solicitar que se presenten las pruebas. Adicionalmente, una importante parte de gobernantes están coludidos con el tráfico de drogas y crímenes muy graves como la trata de personas, profundizando más el descontento social.
La corrupción no es monopolio de los gobiernos de derecha, en la izquierda es más grave porque simplemente no es posible, ni puede haber investigación de esos crímenes. En los gobiernos de derechas, es factible la destitución y encarcelamiento, me refiero a nuestro continente, salvo que se trate de una dictadura que controla los poderes estatales. Mientras que en las dictaduras de izquierda (entiéndase como tales, aquellos gobiernos de izquierda, generalmente unicamerales, que no permiten la disidencia de opinión, que no celebran elecciones o cuando las hacen, están totalmente manipuladas, no hay posibilidad de una contienda en paridad y no envían al paredón a todos los corruptos, son selectivos), de tal manera que esto les permite continuar durante mucho tiempo el proceso de corrupción gubernamental.
Búsquese un político que vive humildemente de su salario. Si lo encuentra exaltado y respétala como un raro ejemplar social. De ser posible hay que extraerle sus genes para replicarlos a los otros y que el fin de la política, que es buscar el bien común, sea el emblema y carta distintiva de todo político.
Para poder enfrentar exitosamente la corrupción es necesario la creación legal de una veeduría ciudadana, con herramientas jurídicas que le permitan acceder a declaraciones impositivas, Registro Público, vehicular, catastro. Tribunal Electoral, información bancaria, de la Contraloría General solamente respecto del salario, ausente de jurisdicción, no obstante, complementada con un tipo penal riguroso en la pena, en caso qué dentro del tiempo establecido en la norma, se les niegue la información. Ese escaneo debe darse desde el momento en que la persona asuma el cargo, hasta un año después de abandonarlo.
De encontrar diferencias serias por lo menos mayores al salario mínimo, entre las entradas económicas legales y los bienes no justificados, remitir dicha investigación al Ministerio Público para que se ocupe de la investigación penal y documentarse, para que el ciudadano la pueda conocer.
La referida veeduría debe estar integrada por personas de reconocido prestigio en cuestiones de probidad, no partidistas, equilibrados y objetivos en sus decisiones. Su abanico de investigación será el más amplio posible de los altos funcionarios públicos, quienes están obligados a rendirles cuentas al ciudadano y deben ahondar también en los cuatro últimos gobiernos. La veeduría ciudadana tendrá la posibilidad de identificar los bienes mal habidos y obtener tutela judicial directa, en calidad de bienes ahora fuera del comercio y bajo la regencia del Estado.
Propongo que se nombre Veeduría Ciudadana Anticorrupción a dicha institución, que puede ser ah honorem.
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