El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: Rubén Castrejo Camarena
Periodista y Abogado
El gobierno de José Raúl Mulino ha cruzado una línea peligrosa: utilizar el aparato estatal para reprimir y criminalizar la protesta social. La reciente detención de 83 obreros de la construcción, extraídos arbitrariamente de un grupo de más de 600 trabajadores detenidos en el marco de manifestaciones, expone una clara estrategia de persecución política.
Desde el Ministerio Público, encabezado por el procurador designado por el propio Mulino, hasta el Órgano Judicial bajo el silencio cómplice de la magistrada María Eugenia López Arias, el Estado ha demostrado su intención de reducir a su mínima expresión a los movimientos sindicales, particularmente al SUNTRACS. Esto no es casualidad: el gobierno busca infundir miedo y escarmentar a quienes se atrevan a alzar la voz en temas sensibles como la crisis de la CSS, el proyecto Río Indio, la reapertura de la mina y el alza del pasaje.
Un proceso judicial viciado
Desde el inicio, el proceso judicial ha estado plagado de irregularidades. Primero, la selección arbitraria de 83 trabajadores para ser llevados ante la justicia penal, mientras que el resto enfrentó procedimientos administrativos. ¿Cuál fue el criterio para esta distinción? El Ministerio Público nunca lo explicó, dejando en evidencia que la orden de criminalizar la protesta vino desde la cima del poder.
Luego, la jueza Luzmila Jaramillo legalizó un allanamiento excepcional sin motivación jurídica válida. El artículo 298 del Código Procesal Penal establece que este tipo de allanamientos solo puede darse en casos de flagrancia, para prevenir un delito o socorrer a víctimas. Nada de esto aplicaba en este caso, pero la jueza, en lugar de garantizar el respeto a la ley, convalidó una intervención ilegal realizada por la policía sin autorización judicial.
Más adelante, la audiencia de imputación dejó en evidencia la debilidad del caso de la fiscalía. El tribunal negó la solicitud de detención preventiva al reconocer que los elementos de vinculación eran frágiles, pero contradictoriamente, permitió que la imputación de delitos avanzara. ¿Cómo puede haber suficiente sustento para formular cargos, pero no para justificar una detención?
Un Tribunal de Apelación complaciente con la represión
Si el proceso en primera instancia ya era preocupante, la intervención del Tribunal de Apelación lo empeoró. En lugar de limitarse a revisar la decisión anterior, se extralimitó y modificó las medidas cautelares, imponiendo restricciones más severas contra 16 trabajadores. Peor aún, incluyó una medida que ni la fiscalía ni la defensa habían solicitado: la prohibición de asistir a ciertas reuniones. Esto es un golpe directo a la libertad de asociación y un claro indicio de que el Poder Judicial está actuando como una extensión del Ejecutivo en su afán por desmovilizar la protesta social.
Un mensaje peligroso
El mensaje es claro: el gobierno de Mulino está dispuesto a usar todos los recursos del Estado para sofocar la disidencia. Lo que estamos viendo no es solo un atropello contra 83 trabajadores, sino un peligroso precedente para todos los movimientos sociales. Hoy es SUNTRACS, mañana puede ser cualquier otro grupo que se atreva a desafiar el poder.
El pueblo tiene derecho a protestar. La justicia debe ser independiente. Y la represión no puede ser la respuesta del Estado ante las legítimas demandas ciudadanas. La historia ha demostrado que ningún gobierno que ha recurrido a la persecución ha salido bien parado. La pregunta es: ¿seguiremos permitiendo que se normalice esta represión o defenderemos nuestros derechos antes de que sea demasiado tarde?
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