El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Juan Jované
El 27 de febrero el Consejo de Gabinete, presidido por el Presidente de la República, aprobó por medio de la Resolución de Gabinete 19-24 lo que, de acuerdo a la propaganda del gobierno de turno, constituye “un plan de acción para el cierre ordenado de la Mina Cobre Panamá. Se trata de un documento muy alejado de lo que sería un plan para el cierre de la mina. En realidad, ni siquiera constituye una adecuada hoja de ruta para la elaboración de dicho plan.
En la resolución se observa un elevado nivel de ignorancia sobre el hecho de que un plan de cierre de mina es un ejercicio de planificación estratégica situacional, tal como la entiende Carlos Matus. Esto es de un proceso que a partir del adecuado conocimiento de la situación existente y una clara imagen – objetivo del cierre, se establece una trayectoria apegada a los intereses nacionales, que debe ser coherente, efectiva y viable para pasar de “donde estamos” al “deber ser”.
Siendo la coherencia un requisito fundamental de un plan efectivo y exitoso llama la atención que la Resolución de Gabinete 19 – 24 simplemente señala que cada institución por su cuenta introduzca “medidas necesarias para elaborar e implementar el Plan Ordenado del Cierre Definitivo de la Mina Cobre Panamá, S. A,”. No existe, entonces, ningún elemento, nodo o concepción que unifique en un todo consistente lo que pueda hacer cada una de estas instituciones.
Más adelante, la Resolución 19-24 propone “una auditoria integral de gestión de procesos mineros, a fin de que el Estado panameño obtenga la información técnica pertinente”. Esto amerita dos observaciones. En primer lugar, El gobierno debería hacer transparente la información que actualmente posee en términos de la base de conocimientos sobre el problema, haciendo explícito si la empresa entregó los informes periódicos obligatorios y si el Ministerio de Ambiente los analizó correctamente y actuó con diligencia para corregir las anomalías detectadas. La falta de transparencia a este respecto debería cesar.
En segundo lugar, si bien la auditoria técnica es fundamental, no es completa. Hace falta otros componentes que guardan relación con los problemas socioeconómicos y políticos que haya generado la operación ilegal de la operación de Minera Panamá, S. A. Se trata de detectar, por ejemplo, problemas vinculados a la fiscalidad, al posible incumplimiento de la Ley Orgánica de la CSS y al ejercicio indebido de funciones que son privativas del ejercicio de la soberanía nacional.
Un problema central de la propuesta del gobierno de turno para abordar la situación es que el mismo olvida un elemento central en la planificación del cierre de la mina. En efecto, prácticamente toda la literatura del tema insiste en que todo el proceso de cierre de una mina tiene que estar guiado por la definición específica de una imagen objetivo (visión). Esta debe establecer cuál es el uso que se le pretende dar a la tierra y al espacio geográfico. En base a la misma quedarán determinados los objetivos del cierre de la mina, lo que permitiría avanzar a precisar los riesgos y oportunidades, establecer las actividades para el cierre, aclarar los criterios de éxito del proceso, calcular los costos y proceder a las acciones necesarias tanto en el propio proceso de clausura, como en la etapa de post-cierre. Se debe agregar que la construcción de la imagen objetivo del cierre tendría que construirse con una participación protagónica y efectiva de la sociedad, la cual no puede ser reducida a una simple situación de veeduría, como lo pretende el gobierno de turno. Se trata de recuperar la soberanía popular sobre el espacio que ocupa la mina. Tampoco, como lo hace la Resolución bajo análisis se debe excluir a la academia, pretendiendo que la misma está representada por un organismo administrativo como lo es el SENACYT,
El contenido de la Resolución 19-24 muestra diáfanamente que el gobierno de turno solo esta ganando tiempo para tratar de reinstalar el estilo de desarrollo extractivo-minero. La misma, vale la pena destacar, es consistente con la propuesta del candidato oficialista a la Presidencia de la República.
Panamá 29 de febrero de 2024
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