El autoritarismo que nos amenaza y cómo enfrentarlo

«se vienen observando, cada vez con mayor fuerza, actitudes autoritarias por parte de los sectores dominantes de la sociedad»

Juan Jované

Ministro Juan Pino rodeado de los estamentos de seguridad que no pueden ser deliberantes por prohibición expresa de la Constitución.

Dirigentes de los sectores empresariales

La sociedad panameña se encuentra en medio de una profunda crisis que afecta todos los elementos que la componen. Se trata de una crisis estructural, la cual compromete la esfera económica, la instancia social, así como el ámbito político, institucional y cultural. La misma amenaza con profundizarse al punto que implique la normal reproducción de la vida en sociedad.

Frente a esta situación se vienen observando, cada vez con mayor fuerza, actitudes autoritarias por parte de los sectores dominantes de la sociedad, quienes vienen demostrando su disposición de pasar de una forma de hegemonía basada en su falsa concepción del bien común, a una hegemonía centrada en la fuerza y la coerción. Dos hechos avalan esta observación.

En primer lugar, se encuentra la reciente actitud de los mandos castrenses del país, que, violando la constitución, realizaron una declaración pública criticando los resultados de una decisión del Órgano Legislativo. Además, la inaudita pose del ministro de seguridad flanqueado por los mandos de los directores de los distintos destacamentos de la fuerza pública, la que recuerda la imagen de Pinochet y su Junta de Gobierno, respondía claramente a los intereses manifiestos de la potencia hegemónica. La actitud pasiva frente a este hecho por parte del Órgano Ejecutivo muestra el poder alcanzado por los militares, así como su posición sumisa con dicha potencia hegemónica.

En segundo lugar, se encuentra la visión de los sectores económicamente dominantes, que ya no solo utilizan sus medios de comunicación para tratar de vender su proyecto de sociedad como la expresión del interés colectivo. La infame campaña contra el modelo solidario de pensiones es una muestra de esto. Lo nuevo es el lenguaje autoritario con que ahora se intenta imponer la profundización del estilo de desarrollo vigente, cuyo objetivo fundamental es promover sus crecientes beneficios, incluyendo los que provienen de la corrupción que representa la inmensa evasión de impuestos y de cuotas de la seguridad social.

No es casual que, en una reciente toma de posesión de uno de los más importantes gremios empresariales de este país, su dirigente máximo no solo haya declarado que están elaborando un plan económico – social a tres décadas (obviamente sin participación de los sectores sociales). También aclaró que se asegurarían que el mismos no se quede en proyectos. ¿Se trata de asegurarse por cualquier medio? Obviamente se trata de una visión que llevaría, por ejemplo, a la imposición de una transformación del modelo de pensiones por medio de una reforma paramétrica, acompañada de la generalización de las cuentas individuales que serían manejadas privadamente para beneficiar al capital financiero y complacer al FMI.

Existe entonces un verdadero peligro de que los sectores dominantes, que no tienen la intención de atender los intereses de las grandes mayorías, junto a los militares que se sienten empoderados y apoyados por la potencia hegemónica, intenten mover el país hacia el autoritarismo. Esto como de costumbre lo harían en nombre de evitar la anarquía y restablecer el orden en el país, utilizando mecanismos de coerción contra todo aquel que se atreva a cuestionar sus mezquinos intereses.

Esto debe llamar la atención sobre la necesidad de una defensa de la verdadera democracia, que, por principio, es contraria al autoritarismo de los sectores dominantes. Es importante, entonces, desarrollar un proyecto nacional – popular, el cual busque consolidar la soberanía nacional, asegurar un estilo de desarrollo centrado en la justicia social, en el que se practique el pleno respeto a la madre naturaleza. Se trata de pensar en una democracia en la que el papel protagónico lo tenga la población. No se puede hablar de un proceso constitucional efectivo fuera de este marco conceptual.

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