EDITORIAL.    

 

Panamá es signataria del Convenio de Roma, que creó el Tribunal Penal Internacional. (TPI)

Se trata de un Tribunal que tiene competencia más allá de las jurisdicciones nacionales, para investigar Delitos de Lesa Humanidad.

La realidad nacional, viene dando cuenta de que el estado de Panamá, encabezado por el gobierno de José Raúl Mulino y su ministro de seguridad Frank Abrego, han incurrido en hechos violentos consistente en reprimir a comunidades originarias sin reparar los daños causados a los niños, mujeres y adultos mayores.

Hay imágenes de aéreo naves, bombardeando con bombas a comunidades enteras.

La realidad descrita claramente perfila el delito de lesa humanidad.

Justo entonces, la viabilidad de una denuncia criminal, contra el presidente y el ministro de seguridad, ante el fiscal del Tribunal Penal Internacional, por el delito de Lesa humanidad y sus múltiples variantes.

Que no vayan a creer que pueden tratar al pueblo con crueldad y vesania, especialmente a los originarios violentando las normas penales internacionales y que de estos actos no sobrevendrá ninguna consecuencia. Que hay un viejo adagio popular que dice que, “quien no tiene padre en su casa lo encuentra en la calle”.

Reiteramos el convenio de Roma, que Panamá lo suscribió es aplicable a estos servidores públicos.

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