El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Juan Jované
Las movilizaciones de la población panameña, en la que se destacaron las manifestaciones masivas de la juventud, logró que finalmente se aprobara una Ley de moratorio de la minería a cielo abierto. A esto se añadió la acción certera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que, en el histórico fallo del 28 de diciembre de 2023, declaró la inconstitucionalidad del contrato minero que violó 25 artículos de la Constitución. Se abrió para Panamá un futuro libre de minería a cielo abierto.
Frente a este logro, los sectores económicamente dominantes, han venido levantando una campaña, cuyo objetivo es frustrar la voluntad de las grandes mayorías de la población. La misma tiene dos vertientes. La primera, basada en una falsa narrativa, pretende aterrorizar a la población vendiendo la idea de que sin minería se daría un desastre económico y social. Esta campaña sucia pretende que soportemos los nefastos impactos ambientales a fin de supuestamente sobrevivir. La segunda vertiente, que complementa la anterior, intenta atrasar y entorpecer el proceso del cierre de la mina, lo que daría tiempo a que la primera vertiente madurara.
En este contexto, dado su accionar, resulta claro que la actitud del actual gobierno está alineada con la campaña que busca rescatar el estilo minero – extractivista. De hecho, es claro que después de más de un mes del fallo de la CSJ lo único que el gobierno ha producido son planes abstractos para que se inicie la elaboración de un plan de cierre de la mina. En este caso, como se detalla a continuación, se han omitido pasos importantes para iniciar esa elaboración. A esto se debe agregar la resistencia que ha mostrado el gobierno de consultar sus acciones con la población.
Es conocido el hecho de que, como lo señalan Ana Luisa Morales y Michael Harntke Domas en su Guía Metodológica de Cierre de Minas (Cepal, 2020), “el cierre y postcierre planificado de las minas contribuye a evitar o minimizar los impactos medio ambientales, físicos, sociales y económicos negativos a largo plazo, y dejar un terreno lo más estable seguro y apto para un uso posterior” (p. 37). Teniendo esto en cuenta, los autores indican con claridad que el proceso de cierre, debe estar conectado con la planificación del uso posterior del espacio previamente ocupado por la mina: “adicionalmente el cierre debería incorporar la identificación de oportunidades y potenciales beneficios para el desarrollo local y el bienestar de comunidades aledañas y de los ecosistemas circundantes” (p. 37).
Lo anterior significa que, antes de contratar alguna empresa o entidad que realice el plan de cierre, el país debería tener claro cual es la dirección con que el mismo debería dirigirse. Es así que el documento “Integrated Mine Closure” (ICMM, 2019), establece claramente que el plan de cierre debe partir de una visión, que en planificación se conoce como la imagen objetivo. Esta visión debería constituirse como una descripción aspiracional de alto nivel de lo que la Nación, dada la Ley de Moratoria y del fallo de la CSJ, desean lograr con la implementación del plan de cierre. La visión o imagen objetivo debería, de acuerdo al documento ahora citado, contener referencias al uso de suelo previsto para la etapa de post cierre.
Además de la visión sería necesario contar, antes de contratar a quienes van a trabajar el plan concreto de cierre, contar con dos elementos. En primer lugar, lo que de acuerdo al documento que venimos citando, constituyen los principios básicos que concretan la visión. Ejemplos de estos podrían ser los siguientes: seguridad para la vida humana y otras especies; estabilidad química y física; regeneración y estabilidad del medio ambiente; cuidado a largo plazo de estas características. En segundo, lugar dada la visión, así como los principios marcos, se podrían establecer algunos objetivos bastantes concretos para el proceso de cierre y la etapa del post – cierre. Claro que se entiende que todo esto se debe dar en un proceso interactivo y dinámico con la elaboración del plan de cierre.
Siendo lo anterior previo al propio avance en la elaboración del plan de cierre. Surgen varias preguntas: ¿Por qué el gobierno de turno no ha avanzado en la definición de la visión; los principios básicos y los objetivos primarios?; ¿Cuál es la causa de que no se haya convocado a los sectores sociales y ambientalistas para realizar estas tareas? Desde luego, que esto atrasa todo el proceso, favoreciendo básicamente a quienes intentan salvar el estilo de desarrollo minero – extractivista.
La actitud del Ministro de Comercio e Industrias, que, como quedó claro en su entrevista del 31 de diciembre de 2023 en el diario La Estrella de Panamá, acepta la posibilidad de que la Nación pague por lo menos una parte del cierre, admitiendo, además la posibilidad de llegar a un acuerdo con la minera y no informado sobre la base de conocimientos existentes para el cierre y sus carencias, muestran, a nuestro juicio, una actitud gubernamental pro mina y poco nacional. Es una posición que abre el espacio para quienes, defendiendo sus propios intereses económicos, vienen proponiendo que sea la minera, que explotó ilegalmente nuestro recurso, la encargada de realizar el plan y el proceso de cierre de la mina.
Panamá, 2 de enero de 2024
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