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Centro Bancario Contra El Suntracs, Contra El Sindicalismo Y Contra El Movimiento Social

Sistema Bancario panameño, violando la Ley y acuerdos internacionales, obliga a sectores sociales a crear su propio Banco con apoyo de cooperativas.

Obreros incursionaran en el negocio financiero.

Banqueros atizan la lucha de clase

Por William Hughes

Miembro del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económico y Sociales (FRENADESO)

Desde el gobierno del triunvirato Endara, Ford y Arias Calderón, Panamá ha sido testigo de denuncias de corrupción y lavado de dinero.  Por supuesto que antes también, cuando la estructura militar se vinculó la narcotráfico, pero nos centramos en el período a la mal llamada democracia. Desde los dineros para socorrer las víctimas del terremoto en Bocas del Toro, la entrega de un terreno en la bahía de Panamá y la consiguiente concesión de derechos de áreas costeras a grupos económicos importantes del país, los fondos de Taiwán que terminaron en una ONG, el caso PECC, los casinos nacionales (Lucky Games), la venta de los ingenios, hoteles, incluyendo la venta de tierras de la terminal Albrook,  durante el gobierno de Pérez (González) Balladares, el helicóptero HP-1430, los “durodólares”, el uso de las partida discrecional de la mandataria Mireya Moscoso (no solo ella), el caso Banistmo y la exoneración de cientos de millones de dólares en impuestos, el caso Castrellón Henao y el Banco Continental, la entrada de la empresa Odebretch a Panamá, las supuestas inversiones del Presidente Martín Torrijos en República Dominicana, todo durante su gestión, para no hablar del Ricardo Martinelli, cuando se destapó Odebretch, Blue Apple, Financial Pacific y Petaquilla Gold, y otros escándalos.  Siguió este espantoso escenario durante el gobierno de Juan Carlos Varela, que enfrenta casos ante la justicia, añadiéndose los Panama Papers y los Pandora Papers, casos en las que participaron distintas firmas importantes de abogados de Panamá, incluyendo de allegados al Presidente de la República, pero solo Mossack y Fonseca fue enjuiciada ante la opinión pública, y con Laurentino Cortizo, el período de la Pandemia evidenció actos de funcionarios públicos, y sectores privados, que se aprovecharon de la situación para producir, según los medios, lucros personales. El listado no termina aquí, por supuesto.  Ninguno de los involucrados en tales delitos se ha conocido que el sector bancario haya tomado una decisión de cerrarles las cuentas y obligarlos a que retiren sus depósitos.

Sin embargo, luego de la lucha contra el Contrato Minero, en el cual el gobierno y sectores empresariales del país pretendieron entregar nuestros recursos y la soberanía nacional a una empresa extranjera, por sus intereses económicos, el sector bancario, en pleno, decidió cerrarles las puertas al Sindicato Unico de la Construcción y Similares (SUNTRACS), sin razón alguna.  Se trata, a no dudarlo, de una acción política del capital financiero contra el Sindicato, debido a su destacado papel en la lucha contra la entrega del país a una emperesa extranjera, lucha que libró el SUNTRACS junto a diversos grupos patrióticos del país, incluyendo sindicatos, estudiantes, indígenas, campesinos, gremios magisteriales, de la salud, de diversas profesiones como la Federación de Asociaciones profesionales de Panamá (FEDAP), grupos ambientalistas aglutinados en Panamá Vale Más Sin Minería, y otros grupos ambientalistas, pobladores de barrios, jubilados, expresiones individuales de abogados, químicos, biólogos, físicos, economistas, sociólogos, contadores, ingenieros,  jóvenes que salieron de su zona de confort, en fin, junto a una amplia expresión nacional el pueblo panameño,

El cierre de las cuentas bancarias al SUNTRACS es sumamente grave; es un atentado contra la sindicalización en Panamá, y viola diversos acuerdos internacionales de la OIT y de Derechos Humanos.   El Gerente de la Caja de Ahorros, Juan Eliseo Melillo Uribe, comunicó tal decisión al SUNTRACS, cuestión que vincula directamente al Presidente Cortizo en tal decisión, claramente por razones políticas. Los bancos han aplicado “la reserva de admisión”, esgrimiendo que “unilateralmente, pueden terminar la relación comercial”, sin razón alguna.  Esto es inadmisible. Hoy la aplican al SUNTRACS, por razones políticas, mañana a cualquiera. Aplican “la reserva de admisión”, un criterio discriminatorio (de raza, genero, color y hasta religioso)  que diversos grupos sociales han enfrentado, contra locales comerciales que han querido implementarlo violentando derechos humanos.  Ahora la discriminación también es política. La “reserva de admisión” la ha pretendido justificar el Presidente Ejecutivo de la Asociación Bancara, Carlos Berguido, diciendo que es una relación comercial bilateral, entre cliente y banco, pero además justifica la ausencia de explicación de la acción del banco(s) de la decisión de cerrar una cuenta, de aplicar la “reserva de admisión”, aduciendo “confidencialidad”, lo que deja a la indefensión a cualquier cliente. Berguido enumeró posibles causales del por qué un banco decide cerrar una cuenta, pero no mencionó una, la que se aplica al SUNTRACS, razones políticas. Los periodistas tampoco preguntaron sobre esta causal.  No se puede esperar más del señor Berguido; representa al sector bancario, al sector al que se le permite todo, y fue a defenderlo.  No se le puede pedir al zorro que esté en contra de que los zorros se coman las gallinas.

Sin existir causa alguna la Caja de Ahorros, su gerente, Juan Eliseo Melillo Uribe, instruido por el Presidente Cortizo, el Banco Nacional y el resto de los Bancos del Sector Bancario, cerraron las cuentas del Sindicato y se niegan a recibir depósito alguno.  Aunque el brazo ejecutor fue el Gerente de la Caja de Ahorros, Melillo Uribe, claramente que vincula al Presidente Cortizo en tal decisión, por razones políticas. La evidencia que se trata de una persecución política, del Sistema Bancario, es que todos los bancos se niegan a abrirle cuentas al SUNTRACS

Se trata de una persecución política de los grupos de poder económico, porque no hay ninguna justificación legal para tal acción. Igual suerte corrió la Cooperativa del Sindicato, así como todos los directivos del SUNTRACS; todas las cuentas les fueron cerradas  El Banco Nacional hizo lo propio, y ningún banco de la localidad permite que el SUNTRACS habrá cuenta alguna, así como ninguno de sus directivos.  Se trata de una acción de un grupo económico dominante en el país; el capital financiero.  El único sector que no sufrió durante la pandemia porque su poder impidió que se le aplicara una moratoria de intereses a los préstamos y tarjetas de crédito, pero que además, el gobierno nacional le entregó 500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional.  Es este sector el que controla el país, y ahora lo usa contra el SUNTRACS y sus dirigentes.  No dudamos que muchos de los propietarios de los bancos hayan perdido dinero por el cierre de la Minera, porque son sectores especuladores.  El gobierno responde a estos intereses y es lo que explica la acción de los bancos oficiales.

El sector bancario ha ganado más de 6,000 millones de dólares durante 2020-2023, cobra dos veces los intereses que paga, tiene 2,200 millones en dividendos de sus inversiones en otras empresas, y tiene una cartera de crédito local que representa el 86% del PIB de Panamá, parte de la cual, posiblemente sea de Minera Panamá, S.A., lo que muestra su poder económico.  Esto explica que el gobierno se apreste a endeudarse para pagar el subsidio de los intereses preferenciales que superan 200 mil millones de dólares.  Esto involucra al capital financiero internacional que controla más del 60% de la cartera de créditos.

La acción del sector bancario en Panamá contra el SUNTRACS constituye una acción contra la lucha del movimiento social, así como lo es la judicialización de luchadores sociales, patriotas, en defensa de la soberanía nacional y por un Panamá libre de minería, que aún se mantienen abiertos.  Se trata de un sector del empresariado de lo más atrasado del país, que todavía aspira a vivir en enclave, como lo fue la extinta Zona del Canal, cuestión que los patriotas no podemos permitir.  Así como el SUNTRACS lucho junto a todas las organizaciones sociales y pueblo panameño por un Panamá libre de minería, nos toca ahora luchar contra las arbitrariedades del sector bancario y el gobierno, para que el SUNTRACS continúe con su accionar de lucha junto al pueblo panameño.  NO al cerco bancario contra el SUNTRACS; NO a la judicialización de los patriotas.

 

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