El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Juan Jované
Entre las posiciones más radicales de la cúpula empresarial se encuentra la idea de que, en términos prácticos, es inconveniente que se utilice una parte, aun cuando sea mínima, de los fondos que el Canal de Panamá aporta al fisco para apoyar un modelo solidario de pensiones. Como en otros casos se trata de una posición que busca defender sus propios intereses particulares.
Entre las objeciones alegadas por los voceros oficiales y oficiosos de la cúpula empresarial es que no toda la población es asegurada. Se trata de una argumentación falaz, carente de una base real. De hecho, la inmensa mayoría de los panameños se encuentran vinculados con la protección que brindan los programas de la CSS. De acuerdo a cifras del INEC en el 2019 3,252,571 personas, es decir 77.7% de la población, se encontraban protegidas por estos programa. ¿Será que para la cúpula empresarial se trata de ciudadanos y ciudadanas de una categoría inferior que no ameritan el apoyo de la sociedad a través de las acciones del Estado?
El alegato de la cúpula empresarial busca generar una contradicción entre la población asegurada y el resto de la población, es el conocido intento de hacer chocar pueblo contra pueblo. Para esto se intenta señalar que el usar parte de los recursos provenientes del Canal para la seguridad social llevaría a una reducción necesaria en los subsidios a los más vulnerables, que alcanzarían a finales de esta año la insostenible suma de B/. 2, 311.5 millones. En otras ocasiones se habla de que se observaría un impacto negativo sobre los gastos públicos en salud y educación. Es, vale la pena adelantar, un argumento que esconde las verdaderas causas de la escasez de recursos públicos.
En primer lugar, la cúpula empresarial escamotea un hecho claro y notorio: Panamá tiene un modelo tributario diseñado para favorecer a los sectores económicamente dominantes, beneficiándolos con tasas tributarias significativamente bajas. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, publicado bajo el título de “Desafíos para Consolidar su Desarrollo” (2019), afirma que: “de acuerdo con la base de datos fiscales BID – CAT, los ingresos tributarios de Panamá fueron el 10.9% del PIB, la segunda cifra más baja de América Latina, tras Guatemala, mientras que el promedio de la región era el 17.8% (p. 14).
En segundo lugar, la falta de recursos públicos de Panamá también se relaciona con la muy elevada evasión fiscal que genera la empresa privada del país. Como hemos señalado de manera reiterativa, esta alcanzó en el 2019, último año para las que existen cifras de la DGI, un total de B/. 6,699.1 (10.0% del PIB). Para tener una idea del impacto de esto se puede señalar que entre en el quinquenio 2015 – 2019 los aportes de la ACP al fisco alcanzaron a B/. 7,198.4 millones, mientras que la evasión fiscal de la empresa privada fue de B/. 28,872.5 millones. Se puede decir, de manera certera, que la totalidad del aporte de ACP sirvió para tapar el hueco fiscal producido por tal evasión, logrando hacerlo en apenas en un 24.9%.
A esto, en tercer lugar, se debe agregar la corrupción abierta que afecta a los fondos públicos, en la que siempre existe un elemento de la administración pública y otro del sector privado, así como el modelo político – clientelista que favorece a los donantes privados de campaña.
En definitiva, el problema no está en una supuesta contradicción entre la seguridad social y el resto del gasto social público. Se encuentra el esquema privado – público corrupto, que evita que los recursos del Canal se utilicen en beneficio del conjunto de población.
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