El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: Pedro Luis Prados S. (In memoriam)
En el trasiego de intereses, apasionamientos, temores y demagogias en que se ha convertido el Diálogo por el Seguro Social, surge ocasionalmente una luz reveladora que alerta sobre lo que está pasando. Una voz de aviso de la propia comisión hecha pública por un medio de comunicación puso de conocimiento la gravedad del programa de Invalidez, Vejez y Muerte y el déficit con los estimados y alcances que sólo permitirían cubrir las pensiones hasta el 2027, estimado que daban quienes analizaron los posibles resultados cuando la euforia neoliberal daba parto a la creación del Sistema Mixto de Pensiones.
La decisión de Martín Torrijos de aprobar el sistema mixto para hacer partícipe a la empresa privada del manejo de los fondos de pensiones, a pesar de las advertencias, fue fatal. Solo sirvió para enriquecer más a los dueños de bancos y aseguradoras y quitar el financiamiento y plusvalía social de los dineros de los trabajadores. Lo marearon los argumentos del FMI, el Banco Mundial y la empresa privada. Contra viento y marea y a sabiendas que esas mismas medidas habían tumbado cinco años antes, en Ecuador y Argentina los gobiernos de Jamil Mahuad y de Fernando de la Rúa, y que mantenían, y mantienen, en zozobra a todas las organizaciones de trabajadores del continente el proyecto avanzo con las banderas de un gran logro del neocapitalismo.
El caso de Ecuador fue patético. Jamil Mahuad creó el sistema mixto e hizo la concesión a tres empresas financieras brasileñas/ecuatorianos, trasladó fondos de la Seguridad Social como capital semilla y obligó a cotizar a todos los jóvenes de 35 al nuevo modelo. A los 3 años las empresas, sin haber pagado una jubilación, se declararon en quiebra, trasladaron los fondos a bancos extranjeros y sus directivos se fueron a vivir a Brasil. Hasta el día de hoy no ha podido ser extraditado ninguno y el dinero se esfumó. Miles de trabajadores sin pensión y sin prestaciones médicas y sin ahorros en una apoteósica manifestación exigieron su renuncia, que hizo efectiva el Ejército.
El sistema mixto se venía gestando desde el año 1993, ningún gobierno se arriesgó dadas las condiciones de recuperación económica posinvasión y por la prioridad a proyectos de inversión extranjera ante la inminente reversión del Canal. La oportunidad estaba en manos de una economía desbancada por la administración precedente, el poco conocimiento sobre las implicaciones futuras de un proyecto de esa naturaleza y el infantil juego de querer navegar en varias aguas. Ese fue el gran triunfo de la burguesía financiera sobre Torrijos. Después de quince años las premoniciones de quienes se atrevieron a adversar el proyecto, que no fueron muchos, los resultados se hacen sentir con más crudeza y arrastre de lo esperado. Ahora, cuando el futuro nos alcanzó, las soluciones mágicas —no realistas— afloran como espigadilla en un potrero.
Un reciente documento publicado por la Universidad de Panamá, que de manera oportuna y responsable toma posición en el debate, propone soluciones que a mi juicio corresponde a medidas necesarias y válidas ante la crisis que se avecina. El documento “Seguridad Social y Sistemas de Pensiones en Panamá —crisis y alternativas sociales—, es una propuesta razonada con sentido de equidad social, bienestar colectivo y desarrollo nacional. Sin tomar partido ni diatribas, hace una disección del problema y presenta recomendaciones viables como corresponde a una institución de esa naturaleza, tomando como norte los principios que garantizan los derechos de la iniciativa privada, pero poniendo como fiel de la balanza los derechos e intereses de miles de panameños que han sido el soporte de esa Institución de Bienestar Social, elabora propuestas que deben ser consideradas, entre las que destaca la imprescindible y urgente vuelta al Sistema Solidario como único garante de la pervivencia del modelo. También aborda con criterios de equidad la incorporación de los informales y beneficiarios de manera programática y sin abrumar los recursos institucionales.
A mi juicio. Y tal como he visto las cosas desde mucho antes que esta crisis tomará estas proporciones, la única solución posible es la modificación estructural y legal del mecanismo de pensiones que sustenta el Sistema Solidario, mediante una distribución equitativa de la responsabilidad en el manejo de los ingresos y sin paternalismo al sector empresarial. Si de verdad hay voluntad de hacer algo, con solo una ley que modifique y desarrolle la ley 51 y que permita que todos los servidores públicos de cualquier edad, trabajadores de proyectos mineros actuales y futuros, trabajadores del sector industrial, trabajadores de empresas hidroeléctricas y otras actividades en que exista participación Estatal, y aquellos sindicatos que así lo deseen, puedan regresar al sistema solidario. Eso sí es concreto y a corto plazo. De lo contrario, los señores del gobierno, y también de la empresa privada, se darán cuenta al fin por quién doblan las campanas.
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