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Seguridad jurídica.|


Por: José Dídimo Escobar Samaniego

Nadamos en riqueza que nos regaló Dios, sin embargo, andamos como menesterosos

.Cotidianamente siempre un sector empresarial cacarea el asunto de la seguridad jurídica, entendida ésta como garantías para las empresas.

Tal como las garantías fundamentales, que no son para un sector, sino para todos los ciudadanos, y las personas. Asimismo, la seguridad jurídica es un bien de todos los actores en la sociedad.

Así entonces, el estado no puede estar desprotegido tampoco de la seguridad jurídica, aunque éste sea el garante de la misma.

Es el caso que, Minera Panamá, sin tener un solo documento jurídico público vigente que, sirva de generador de obligaciones y derechos con la república de Panamá, ya que el documento que existió fue declarado inconstitucional desde el año 2017, es decir hace cinco años atrás, periodo en el cual First Quantum Minerals, ha estado extrayendo mineral de oro, cobre y otros desde la república de Panamá, por un valor de 10 millones de dólares diarios, lo cual hasta la fecha el valor de lo extraído se acerca a los nueve mil millones de dólares, mientras que el país, solo ha recibido migajas, y todo eso, sin que exista, reitero, ningún documento legal alguno, lo cual constituye la práctica delictual del hurto, de una apropiación indebida, ese solo acto de atraco, constituye causal suficiente para que, en un país serio no solo sea suspendida de inmediato toda explotación minera de esa empresa, sino además, la devolución al país, legítimo dueño, de la totalidad del valor de lo extraído hasta ahora y además, la imposibilidad de poder realizar ningún trato con la república de Panamá, ni siquiera por interpuesta persona y serían confiscadas todas sus maquinarias, tan solo por su actuación caracterizada plenamente de absoluta mala fe y conforme a nuestro derecho penal, como grave delito económico y además ambiental.

La seguridad jurídica no es un solo un adorno, o un elemento que, solo surte efecto a los que contraten con el Estado o desarrollan cualquier iniciativa privada dentro del marco de la legalidad sino, también, la obligación que los privados tienen también con el Estado, y al no cumplir con las mismas se hacen acreedores a la penalización que establece la Ley a quienes subvierten el orden jurídico, en el que esta basado el Estado de Derecho.

Hace falta también que, se levanten los patriotas de entre los panameños y enfrentemos con la ayuda de Dios, a los que le infieren al país; el grave daño y que existan autoridades que no facilitan ni encubren el despojo que se ejecuta contra nuestro patrimonio, sobre todo en un momento en que la república deberá atesorar cada año, más de tres mil quinientos millones de balboas para pagar, tan solo, el servicio de la alta deuda externa pública que, rebasa los 45 mil millones de balboas y que constituye una pesada carga, como legado indigno e inmerecido que le dejamos a las futuras generaciones, además, de las consecuencias del atentado contra nuestro ambiente y el efecto del saqueo de la riqueza nacional que sólo esta empresa ha cometido contra nuestro país, como si viviéramos en un mundo de salvajes y no un Estado de seguridad jurídica.

¡Así de sencilla es la cosa!

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