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Se Impone el fin de los privilegios

Por: José Dídimo Escobar Samaniego

 

A pesar de que nos aproximamos a la primera cuarta parte del siglo 21, no obstante, y en medio de serias carencias en miles de hogares en el país, seguimos sosteniendo una importante erogación del presupuesto público destinado a satisfacer una serie de privilegios a ciertas figuras, que no sólo, no le han servido con probidad al país, sino que, además, ahora se convierten en un lastre pesado e insostenible, que pone en peligro y compromete en forma muy seria, la estabilidad financiera del Estado y no he visto de parte de ellos, ningún gesto de solidaridad o de renuncia de dichos privilegios, a pesar de la gravedad de la crisis económica nacional y la pesada y casi inmanejable deuda pública externa, que casi  asciende a los 50 mil millones de balboas.

El privilegio, al que nos referimos es, la condición de ventaja atribuida a una persona, grupo de personas, por una determinada circunstancia, que hoy en Panamá, vistas las nuevas circunstancias que, por causa de la pandemia que pasó y dejó serias secuelas en toda la sociedad, se hacen moralmente insostenibles.

Los privilegios, en general; son reminiscencias del pasado absolutista y feudal. En consideración al significado etimológico de la palabra, privilegio es una ley que regula a un particular o grupo de ciudadanos en forma exclusiva, logrando éstos, obtener un trato legal diferente al resto de la comunidad. Hacer esa diferenciación o exclusión se enfrenta al principio de la igualdad de los hombres ante la Ley, precepto fundamental de la dignidad humana, rescatado desde la Revolución Francesa de hace 244 años.

Los privilegios que más golpean en esta hora al erario público, son los que significan altas erogaciones a las arcas públicas que, no obstante, no pueden financiar más de cien balboas para unos bonos de comida para las familias que sufrieron el rigor de la cuarentena y que por falta de políticas sociales adecuadas de justicia social, casi un millón de panameños se han quedado arrimados pero abandonados en el camino del desarrollo social y económico, pero sí se van millones de dólares en sostener privilegios económicos a sectores que no los necesitan. Este es otro rasgo de la gran e impresentable desigualdad que vivimos los panameños en donde más que a los pobres se les dio apoyo financiero a los grandes bancos privados que no sufrieron ninguna afectación con la pandemia y hoy están rematando bienes y las casas de muchos panameños, sin ninguna contemplación para cobrarse créditos.

Sin embargo, la inmunidad parlamentaria es vista como un privilegio que gozan los diputados como protección al libre ejercicio e independencia de sus funciones

parlamentarias, pudiendo emitir opiniones libremente sobre temas inherentes a sus responsabilidades, con la cual no tenemos ninguna objeción, porque no representa erogación alguna, es solo una protección necesaria para que los mismos no tengan cortapisas, ni temor a represalias, para exponer con absoluta libertad, dentro

del marco del respeto, su sentir frente a los hechos que se debaten en el país.

Entendemos que un expresidente debe brindársele un servicio de seguridad, pero solo por un período inmediatamente después de haber salido de su gestión. No puede convertirse en una pesada carga millonaria que la tenemos que pagar todos los panameños, y actualmente ese servicio de escolta carísimo, con hasta 12 personas asignadas con altos salarios para

que se pavonen por donde andan y hasta que se mueran, es simplemente insostenible. Suficiente privilegio el de haber ocupado la silla presidencial, sin que hablemos de los beneficios que de ese ejercicio recibieron, sin que el país lo sepa.

En otro sentido, está la rebaja de salarios y emolumentos. Esta medida debe alcanzar al presidente y vicepresidente de la República, Ministros, Viceministros, Directores de Entidades autónomas y semiautónomas, Directores nacionales, Asesores, diputados, gobernadores y alcaldes.

Lo mismo debe ocurrir con todas las entidades públicas como la Caja de Seguro Social, su Director General, Subdirector, todos los directores nacionales y entidades financieras oficiales, como Caja de Ahorros, Banco Nacional, Banco Hipotecario y Banco de Desarrollo Agropecuario.

Tampoco se pueden salvar los casi 400 directores, subdirectores, jefes, Comisionados y Subcomisionados de las Fuerza Pública, llámese Policía Nacional, Servicio Aeronaval, SPI, Servicio Nacional de Fronteras, PTJ y el Consejo de Seguridad.

Este levantamiento de privilegios salariales, debe incluir, además, a los rectores y vicerrectores de la Universidad de Panamá, La Universidad Tecnológica, La Universidad de Chiriquí y la Universidad de Las Américas que tiene salarios escandalosos. Sus decanos y directores.

El Órgano Judicial también debe asumir las medidas de desmantelamiento de privilegios

salariales y de viáticos, con los que se hacían casi otro salario y se la pasaban viajando al exterior descuidando, su responsabilidad de administrar justicia oportuna y expedita.

En su orden tenemos a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, todos los miembros de los Tribunales Superiores, Directores nacionales, Magistrados del Tribunal Electoral, que no tienen por qué ser permanente, como ocurre en España, que solo están vigentes en el proceso electoral, y el registro civil es una institución permanente, pero independiente, todos los directores nacionales del Tribunal Electoral, los jueces electorales, que no tiene sentido su existencia fuera del proceso electoral, Fiscales Electorales, Contralor y subcontralor; Directores nacionales de la Contraloría General de la República, Defensor del Pueblo y adjunto, y los miembros del gobierno, como embajadores, cónsules etc. Además, acabar con los privilegios en Notarías, establecer salarios y que sus ingresos de los servicios notariales se reporten al Estado, igual que es inadmisible el que existan consulados multimillonarios que no reportan sus ingresos al fisco, sino que son de propiedad del cónsul.

Todas estas medidas tienen el propósito de no quebrar al Estado, de sanear nuestras finanzas públicas, de no seguir pidiendo préstamos internacionales para pagar planilla y privilegios y de viabilizar una existencia decorosa de la nación en medio de las dramáticas circunstancias. Estas medidas, de rebaja de salarios, deberán mantenerse hasta tanto el país se recupere, si Dios nos lo permite, en un plazo prudente.

La crisis actual, nos obliga a todos a ajustarnos y arroparnos hasta donde la manta nos alcance con la Ayuda de Dios, a poner las cosas claras y a enfrentar todo privilegio que se convierte en un acto ofensivo y grosero, frente a un pueblo que hoy sufre de falta de atención de salud, medicamentos, desempleo, incluso de hambre y que el sector trabajador que recibió muchos despidos y medios salarios que lo avienta a la incertidumbre e inestabilidad, mientras que otros se siguen dando la gran vida con privilegios inmorales e insostenibles porque se obtienen a cambio de negar derechos fundamentales a una gran parte de los panameños, y termina siendo un majestuoso monumento a la injusticia.

¡Así de sencilla es la cosa!

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