El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Victoriano Rodríguez Santos
Generalmente en las comunidades hay de todo o pasa de todo, pero “todo” tiene límites. Casas de barriadas las vienen convirtiendo en restaurantes, cantinas, gimnasios, talleres, piqueras de taxi, empresas de fabricación (muebles u otros productos) y hasta discotecas (móviles o permanentes), cuando la zonificación no corresponde y tampoco existe consulta ciudadana, por lo menos de los residentes cercanos.Se hace la salvedad porque en David y otros lugares, hace varios años, intentaron instalar antenas de empresas telefónicas en patios residenciales. La población residente en el área se oponía (en Villa Lucre –hace algunos años-hubo un deceso por un disparo, una noche de vigilia).
Se comentó que a la Autoridad de Servicios Públicos (ASEP), le habían llegado documentos exponiendo inexistencia de viviendas cercanas a la instalación de la antena, lo que era falso y se decía, inclusive, habían presentado una lista de firmas como consulta ciudadana de personas no residentes en los alrededores. La comunidad se unificó, luchó y obviamente no pudieron hacer la instalación. Esos pudieran ser los camarones “acoimanados”.
En los años 2020/21, producto de la pandemia surgieron emprendedores (hoy en su mayoría desaparecidos), que utilizaban sus residencias como talleres, depósitos, cocinas (para venta de comidas), etc., permitiéndoles solucionar muchos problemas, pero también perjudicando a algunos residentes. Los vecinos fueron pacientes, producto de la situación económica en que se vivía.
En cualquier zona residencial, los residentes han hecho una inversión para toda su vida (por lo menos es el ideal), por lo cual buscan en su vivienda paz, comodidad, tranquilidad y determinadas facilidades, no que le obstruyan la entrada de su garaje, escuchar ruidos u olores de talleres, gimnasios, restaurantes, cantinas, discotecas, etc.
En consecuencia todas las barriadas tienen zonas para comercio, sin embargo el malabarismo político, así como el temor o inseguridad a protestar, la falta de conciencia cívica ciudadana y la corrupción galopante de algunas autoridades (representantes o alcaldes), han permitido comercios dentro de residenciales.
Si algunas empresas han construido edificios en zonas residenciales sin consulta ciudadana, ¿bajo qué parámetros lo han hecho? ¿Las autoridades han verificado, por lo menos en muestreo, que las personas firmantes de la consulta ciudadana viva en el sector a afectar?
La situación más grave del asunto se presenta cuando la comunidad protesta, es entonces cuando las autoridades dicen darse cuenta, pero aún así, no toman las medidas y el local comercial lo mantienen abierto, lo que hace entender a la comunidad que tanto el comercio como las autoridades se burlan de la población.
Se escucha de la posible construcción de edificios en áreas residenciales en el distrito de San Miguelito, mismos que no cuentan con consulta ciudadana (de los residentes del área), pero que pudieran estar en proceso de solicitud de autorización.
Residentes presentan críticas sobre áreas verdes que algunas empresas constructoras no dejan en las barriadas y las alcaldías no exigen el porcentaje correspondiente. Recuerdo las palabras de nuestro extinto amigo Ramón Castellano Arrieta (abogado, periodista, docente, fotógrafo, etc.), cuando expresaba: “jueguen con la cadena, no con el mono”. Al parecer los políticos pretenden jugar con el mono. Cuidado otro Julio de 2021 (el alza de los hermanos Ngäbe, en San Félix y Veraguas). Dios te salve, Panamá.
Economista, educador, humanista.
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