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Régimen fiscal territorial, ¿soberanía para quién?.|


Por: Rekha Chandiramani
La historia se repite en espiral. Como lo hizo el gobierno de Martinelli y el de Varela, el de Cortizo no perdió la oportunidad de mandar delegaciones de funcionarios, en primera clase sin duda, para convencer a los del Gafi para que sacaran al país de la lista negra. Los viajes fueron en vano.

Los resultados no se ven, dicen los enlistadores, mientras acá una legión de abogados corporativos se puso ya la armadura para defender lo que ellos llaman soberanía fiscal, o sea el derecho que tiene el país de cobrarle impuestos a quien quiera y a quien no.

El mantra va así: ¡Por qué tenemos que cobrarles el impuesto a los países grandes? “No somos recolectores… ¡porqué tenemos que hacerles el trabajo?.»

¿Y si los otros países son los «buenos» y se preocupan más por la población panameña, y saben que sólo cobrando impuestos a quienes más tienen es que dejaremos de ser el sexto país más desigual del mundo?. Quizás ellos están más preocupados por la sexta frontera que su propio autor.

Curiosamente en la ecuación de la dualidad fiscal, quienes sí pagan impuestos son quienes venden y compran en Panamá. Si el capital proviene de afuera, amén. Ese negocio se lo llevan los bufetes de abogados, porque como una vez me dijo uno de ellos cuando me asaltó la duda de porqué se necesita un abogado para la mínima cosa en este país: “los abogados también tienen que comer”.

o somos los únicos con régimen fiscal territorial, es cierto. Esto es que solo se tasan las transacciones que ocurran en Panamá.

Que ironía defender como soberanía de todo un país un sistema fiscal que juega en contra de su propia población, porque el que vive en Panamá obviamente va a comprar todo aquí.

El régimen fiscal territorial es la base de toda una plataforma de servicios legales y financieros que se aporta a sí misma millones de dólares anuales.

El movimiento se registra en el PIB pero a las arcas del estado no llega ni el 1% de los capitales que mueven libres de toda carga impositiva.

Y si las trasnacionales montan una operación dentro de alguna zona económica especial, los beneficios se triplican. Basta con una pequeña oficina y menos de una decena de empleados para declarar todas las ventas fuera de Panamá libres de impuesto.

Así, aunque crezca la inversión extranjera directa, cuando se ve la renta que se queda en el país, casi siempre es negativa. Aunque crezca el número de empresas bajo licencia de SEM, el impuesto de renta sigue aportando cada vez menos en comparación al aportado por los asalariados.

Esta semana sonarán los Pandora Papers, del ICIJ. Otra filtración que abordará los caros servicios offshore de otra firma de abogados. Y es que nada cambió realmente desde 2016 cuando el mismo consorcio publicó los Panama Papers. Quizás lo único que cambió es que ya no se creen.

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