El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: Magíster Elizabeth Acosta Paz
Ante la realidad latente de las operaciones mineras que se vienen llevando a cabo desde 1997, a través del contrato Ley 9 de 26 de febrero, el cual fue declarado inconstitucional por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá el 21 de diciembre de 2021, llama poderosamente la atención del continuismo de la empresa minera en la extracción de los recursos minerales en contra de la ley. ¿Por qué el gobierno no hizo valer el fallo de nuestro máximo organismo jurisdiccional?……más aún, ¿Por qué ahora quieren imponer un contrato con fecha retroactiva al 22 de diciembre de 2021, y que a su vez tampoco es permitido cambiar ninguna letra?
Es evidente la maraña que contiene este contrato en beneficio de la empresa concesionaria y sin duda alguna de un círculo minúsculo de la oligarquía, sin mediar una negociación beneficiosa para nuestro Estado Soberano. Lo que nos presenta el Contrato de Concesión Minera es totalmente irregular, perverso y nocivo para todos los panameños.
Nuestro Movimiento Conciencia Ambiental Comunitaria, expresa su rechazo total a esta infame concesión minera que ya ha dejado huellas devastadoras en el medio ambiente con Minera Petaquilla, S.A., en la que no hubo responsabilidad social de las áreas explotadas con daños irreversibles; y mucho menos la habrá con la nueva empresa, otorgándoles tanta pleitesía y poder.
El contrato de concesión minera sigue violando nuestra constitución, vende nuestra soberanía, impacta la sostenibilidad de los recursos naturales, llevándonos a resultados funestos a mediano y largo plazo.
Hacemos un llamado a la conciencia y nos mostramos a favor de devolver este contrato al Ejecutivo y se proceda a la paralización inmediata de la actividad de extracción, mediar por los mejores intereses de nuestro Panamá y que la decisión de aprobarlo sea de todos los panameños.
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