El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: Ramiro Guerra.
Desde que el proyecto de ley 163, entró a la asamblea nacional, la presión del gobierno fue grande para que el mismo se convirtiera en ley al 31 de diciembre de 2024. Después cambiaron y presionaron en dirección que el documento de marras, por lo menos fuera aprobado en primer debate antes de la fecha, último día de sesiones extraordinarias.
Todavía antes de ayer, 26 de diciembre, voceros del gobierno, entre ellos el ministro de salud, presionaban para que el proyecto fuera aprobado en primer debate. Igual hicieron organizaciones como el Conep y otras.
Una vez que la comisión de salud, resuelve dejar lo pertinente al debate en comisión para el otro año, reaccionaron molesto y hasta criticaron el proceso de consulta a nivel nacional que impulsó la comisión.
Tengo que reconocer, que tratándose de un proyecto de ley, tan importante para los panameños, la asamblea nacional dio curso a un proceso de consulta exhaustivo. Era necesario.
En este proceso de consulta, quedó en evidencia, que la gran mayoría de los consultados, rechazaron la propuesta del ejecutivo, indicativo de un rechazo a la implementación de las cuentas de ahorro individual, para acceder a una pensión.
Como reza el dicho, a la dupleta gobierno- oligarquía, el tiro le salió por la culata.
A propósito de lo anterior, de nada le sirvió a la dupla, el discurso contentivo de amenazas y chantaje contra la población pensionada y jubilada.
He venido observando, que ante tal revés, el discurso del ejecutivo, hace énfasis, que cumplieron con presentar el proyecto, dejando la sensación que el problema lo tiene la asamblea. Es un argumento falsario. Cual sea el resultado del debate en la asamblea, el gobierno es el que tiene la responsabilidad constitucional, de generar las soluciones del problema de la caja de seguro social. Lavarse las manos con ese argumento, no tiene pies ni cabeza.
Hay una situación, que tocará a la Corte Suprema dilucidar.
El proyecto de ley 163, su debate tenía fecha de expiración, tratándose de un proyecto de ley para ser abordado en sesiones extraordinarias.
Lo anterior plantea la interrogante, si terminada la fecha (31 de diciembre, sin que ese proyecto hubiese sido aprobado, puede entrar a sesiones ordinarias para continuar dándole el debate parlamentario. Colegas abogados sostienen que no es viable y que el ejecutivo tiene que volver a presentarlo.
En el evento, de que la comisión entre a continuar el trámite del primer debate, seguramente veremos a algunos ciudadanos, recurrir, vía advertencia de inconstitucionalidad. Si eso ocurre, a la comisión no le quedará otra que enviar a la Corte Suprema, el citado recurso.
Lo concreto hoy, la oligarquía sufrió un revés en sus intenciones de hacer aprobar el proyecto de ley 163, antes del 31 de diciembre.
El mes de enero, dará cuenta de agudas contradicciones en torno a este tema. Faltan capítulos por leer y veremos de vuelta a la oligarquía, seguir presionando para lograr sus objetivos de hacer del proyecto de ley 163, una ley, canalla, perversa y antidemocrática.
La lucha no para, continúa. La voz del pueblo es la voz de Dios
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