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La tiranía proscribe derechos y garantías, El Estado de Derecho las garantiza.

«Es mejor corregir un error que, perpetuar una injusticia»

Por: José Dídimo Escobar Samaniego

En un régimen democrático, la acción de gobierno está fundada en la Ley.

La arbitrariedad es expresión de un Estado sin Ley, donde la libertad es proscrita.

Negarle caprichosamente el derecho de un sindicato a que pueda mantener cuentas de su patrimonio en un banco, sea privado o público, siendo que, ese es un servicio público fundamental para la vida económica del país, es un completo absurdo y un disparate jurídico.

Casi todos los panameños saben que, esa medida de impedir el ejercicio de ese derecho al sindicato de los trabajadores de la construcción y similares, Suntracs, es el resultado de un “castigo ejemplar” dado por un gobierno que fue derrotado junto a la Corporación minera en las calles por la juventud y los sectores populares panameños, entre ellos sobresalen, los trabajadores de la construcción.

El problema es que la genuflexión los cegó a tal punto de cometer arbitrariedades, vulnerando el estado de derecho y generando una inaceptable discriminación que no tiene asidero por ninguna parte en un estado civilizado de derecho.

Las diferencias ideológicas que, en este país no pueden ser suprimidas, no deben resolverse por la imposición de una grotesca e insana actuación arbitraria. Esta conducta genera el combustible ideal para la confrontación y no debe olvidarse que lo que sembremos, eso mismo cosecharemos.

El patrimonio económico de los sindicatos es de propiedad privada de los asociados, bien protegido por la constitución política. Si la propiedad privada se vulnerara, sería un grave despropósito nacional y pondría en peligro toda la seguridad jurídica, y eso es con lo que actualmente se está atentando al prohibirle al Suntracs tener sus cuentas como lo establece la Ley y lo garantiza la Constitución política.

A solo diez días del final del presente régimen, bueno sería que, el gobierno corrigiera esta equivocación e inmenso desatino que, como lo podemos ver tiene consecuencias graves, no solo para el sindicato sino, para la existencia misma del estado de derecho y para propiciar la paz pública tan necesaria y que solo surge, desde el imperio de la justicia.

¡Así de sencilla es la cosa!

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