La moda de la extorsión y el chantaje

Por. José Dídimo Escobar Samaniego

En abril de 2024, hace dos años, justo antes de las elecciones de aquel año, ocurrió un hecho insólito. El candidato a vicepresidente por el partido RM, sin que se diera una primaria  en su partido fue puesto arbitrariamente como candidato de esa formación y faltando además a la Constitución, sin que estuviera perfeccionada la nomina presidencial, es decir con su respectivo vicepresidente, el Tribunal Electoral, al margen de la Ley, adoptó la decisión, solo con la oposición del Magistrado Juncá, admitirlo a pesar de insalvables ilegalidades como candidato, resolución dividida que fue demandada ante la Corte Suprema de Justicia que, finalmente cohonestó el proceder ilegal del Tribunal Electoral.

El actual presidente José Raúl Mulino confesó públicamente que amenazó a los magistrados del Tribunal Electoral (TE) durante el proceso electoral de 2024, antes de que su candidatura fuera habilitada. La revelación de este hecho ocurrió el 21 de noviembre de 2025, durante una visita oficial a Costa Rica.

Mulino relató que advirtió a los tres magistrados que, si le impedían participar en la contienda, «les prendía el país por las cuatro esquinas», confesión que admite un inescrupuloso chantaje y extorsión de dimensiones históricas como deleznables.

El tribunal electoral, con esta errada y claramente ilegal decisión que, luego fue avalada por la Corte Suprema, se hundieron ambas instituciones, en el descrédito público y en la orfandad jurídica.

Siguiendo este malévolo y criminal ejemplo, ahora en Perú, otro amigo de Milei y de Mulino, Rafael López Aliaga, quien no alcanzó el resultado para disputar en un próximo balotaje, la presidencia a la populista Keiko Fujimori, ha amenazado en ese país, con el mismo método de Mulino que, si no acceden a su pretensión, de anular las elecciones y hacer unas nuevas, donde él sea electo, también prende al Perú.

Alentados por Trump, pareciera que, se ha vuelto moda, que los seguidores de Milei, cuando no se les accede a sus pretensiones, aunque las mismas no tengan asidero jurídico alguno, terminan amenazando de prender a sus países, haciendo de la extorsión un instrumento político, pero claramente antijurídico, para imponerse y concretar la realidad de desconocer el valor del sufragio popular, invalidando la institución electoral, porque ellos concluyeron que, si no dirigen el barco, entonces lo hunden, y antes de ello, cometen el acto terrorista de prenderlo.

¡Así de sencilla es la cosa!

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