El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: Ramiro Guerra.
En las democracias burguesas, no se encontrará rastro de políticas liquidacionista de las organizaciones sociales, sobre todo de los sindicatos.
Rastro de esa canalla política liquidacionista, se encuentra en el fascismo de la década del 20 del siglo pasado.
El fascismo se planteó destruir a los sindicatos independientes y democráticos.
Solo se permitieron sindicatos afectos al régimen fascista dictatorial.
Locales, dirigentes, prensa censurada, fueron objetos de represalias.
El fascismo hoy, cabalgando sobre la montura de regímenes de extrema derecha y oligarcas, con vesanía, recrea esas formas de control.
Javier Miley en Argentina, un tipo aberrante, obtuso, tiene en mira a los sindicatos y a sus dirigentes. Legislar para diezmar el derecho a la huelga y prohibir la movilización.
La «tapa del coco» de esa política aberrante y fascista, lo vemos en nuestro país. Un presidente que, sin desparpajo, habló de liquidar o reducir a lo mínimo la impronta sindical.
Ha perseguido y cerrado locales, cooperativas, cerrado cuentas bancarias (Suntracs, Ctrp y otros). Lo anterior con la complicidad de empleadores y de los bancos, todo esto, al margen de la Ley.
En democracia, aún la burguesa, se respeta la forma, es decir el derecho a la libertad sindical. Vamos más lejos, la normativa jurídica, burguesa, reconoce este derecho y lo eleva a norma fundamental y derecho humano.
El código de trabajo de Panamá, reconoce a los sindicatos como instrumento de la democracia y de las causas populares.
Esa alevosa reminiscencia fascista del gobierno y las autoridades correspondientes, revela su claro talante fascitoide.
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