La bancarrota de la hegemonía del Conep

Juan Jované

 

Las recientes manifestaciones contra el nefasto contrato minero, en las que el conjunto de la población desarrolló una acción social horizontal, abrieron una verdadera situación de poder dual. De una parte, la ciudadanía opuesta a la minería a cielo abierto, de la otra, el gobierno, el capital transnacional y los sectores económicamente dominantes internos, agrupados en la Cámara de Comercio (Cciap) y el Conep.

El esfuerzo de la población movilizada más allá de cualquier vanguardismo sectario, frustró los planes del gobierno, la Cciap y el Conep, que buscaba salvar su proyecto extractivista minero, intentando imponer una falsa moratoria minera temporal. Se logra, entonces, una Ley de moratoria minera permanente, a la vez que se abrió el camino para que el contrato minero entre el Estado y Minera Panamá sea declarado inconstitucional.

La nueva situación del país, a su vez, marca la bancarrota de la hegemonía ideológica que el Conep, como expresión concentrada de los intereses de los sectores económicamente dominantes, mantenía sobre el país. Esto, en primer lugar, queda claro en la velocidad con que la población derrotó la propuesta del   Conep del 27 de octubre de 2023, que implicaba una supuesta salida a la crisis, la cual permitía mantener la operación de Minera Panamá y de salvaguardar el proyecto extractivista minero. La conciencia democrática, social y ecológica de la población se impuso sobre los mezquinos intereses de las cajas registradoras.

Más aún, en la actualidad los elementos institucionales que han apoyado tradicionalmente la hegemonía de la estrecha visión del Conep se encuentran en plena crisis. Si bien es cierto que, por lo general, se entiende que la educación es un mecanismo de producción y difusión ideológica válido para mantener la hegemonía de los sectores económicamente dominantes, lo cierto es que en este momento los educadores, que han puesto varios mártires, están decididamente opuestos a dichos intereses.

A esto se le suma que la población, de una manera creciente, ha venido rechazando el papel que juegan los medios de comunicación de masas, propiedad de los sectores económicamente dominantes, los que sesgan sistemáticamente la información, a la vez que han generado un clima de odio y racismo, que ha generado la muerte de cuatro personas. Por otra parte, tanto la Iglesia Católica, como la Evangélica, se han manifestado en favor de los intereses nacionales.

Es necesario agregar que existe una causa profundamente estructural que juega en contra de la hegemonía económica y política del Conep. En efecto, gran parte de esta hegemonía se ha sostenido en lo que Chantal Mouffe llama el “consenso pasivo”, es decir pequeñas concesiones a los sectores sociales, sobre todo los más vulnerables, con el fin de neutralizarlos en su accionar social. En el caso de Panamá, se trata de los clásicos mecanismos de cooptación, subsidios en forma de dinero (que remplazan una verdadera política de desarrollo social) y la práctica del clientelismo político siempre vinculado con la corrupción.

Esta forma de dominación se enfrenta a una crisis estructural, no solo en la medida que el sector económicamente dominante considera que la misma resulta demasiado costosa. También lo es porque el capital transnacional piensa que el mismo no es sostenible, dado que los gastos públicos en los mismos dañan la posibilidad del pago puntual del servicio de la creciente deuda pública. Esta es una visión que, como es conocido, comparten todas las llamadas empresas de calificación de riesgo.

Se suma a lo anterior que tanto las calificadoras de riesgos, somo los sectores dominantes locales, en su afán de generalizar las cuentas individuales de pensiones y el manejo privado de las mismas, están promoviendo una reforma estructural del sistema de seguridad social público, la cual afectará negativamente y a profundidad los intereses de la gran mayoría de la población nacional.

Frente a esta situación se abre la posibilidad de consolidar un Proyecto Nacional Alternativo, el cual deberá ser profundamente democrático, con equidad social y plenamente respetuoso de la Madre Tierra. El mismo deberá surgir de un amplio debate nacional, que supere cualquier tipo de sectarismo. Lo importante aquí es que el mismo se considere adecuado y factible por las grandes mayorías de la población panameña, incluyendo a los sectores trabajadores, los sectores medios, los pueblos originarios, y los empresarios patriotas. Se trata de una nueva trayectoria de la vida nacional, que permita el desarrollo más amplio y libre de las capacidades y de todas las mujeres y todos los hombres que habitan nuestro hermoso país. Se trata que seamos una Nación que escoja libremente su destino.

Desde luego que los sectores dominantes intentarán bloquear este proyecto, a la vez que recomponen su hegemonía y capacidad represiva, elemento este último ya anunciado por la policía. Esto lleva a una actuación inteligente, prudente y rápida por los sectores que hoy pueden apoyar el nuevo Proyecto Nacional.

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