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«Inversionistas» o impostores

Por: José Dídimo Escobar Samaniego

Parece que tendremos nuevamente que salir a las calles a recuperar el Canal y los bienes como las islas de Naos, Perico y Flamenco de manos de tres bellacos que se las han usurpado y ahora las venden a incautos, cuando es imposible tal transacción porque viola nuestra Constitución.

 

Con frecuencia, escuchamos a ciertos empresarios o miembros de asociaciones empresariales alegar sobre la seguridad jurídica.

Es legítimo y altruista, preocuparse por la seguridad jurídica, es decir, por el imperio de la Ley y el Estado de Derecho en nuestro país.

Los que generalmente alegan esa seguridad jurídica, luego de haber rebasado la Ley y la Constitución, lo que hacen no es ni más ni menos que, lo que hace el gato después de deponer su materia fecal, el cual procede a echarle tierra o arena encima, para encubrir la deposición y hacerla imperceptible a la luz del ojo natural.

Ocurre ahora, con los bienes del área canalera, específicamente en el caso de las islas Naos, Perico y Flamenco, en donde “concesionarios” que tienen un contrato con la nación para explotar por un tiempo determinado, una actividad vinculada al turismo, se apropiaron de esos bienes y los han traspasado a terceros como propiedad horizontal, es decir, han convertido en propiedad privada lo que el artículo 258 de nuestra Constitución Política prohíbe taxativamente, y lo mismo se ratifica en el título del Canal, respecto a futuros desarrollo o ampliación del Canal, y estas tierras son parte de área de operaciones y la Ley 21 de 2 de julio de 1997 que regula el Plan Regional para el Desarrollo de la Región Interoceánica y el Plan General de Uso, Conservación y Desarrollo del Área del Canal.

Existe una operación de estafa a incautos compradores de lo que, no puede constituirse en propiedad privada, porque son bienes inalienables de la nación panameña, por la cual se aportó la sangre generosa de nuestra juventud y la lucha de todo el pueblo panameño durante décadas (alpinismo generacional).  Apelar a la seguridad jurídica, después de este asalto, no es sino, la expresión cínica de atracadores, quienes con el cuento de inversionistas, lo que han desarrollado es un atraco a la nación y merecen por tanto que les caiga el peso de la Ley por tan tamaña transgresión.

No se puede alegar seguridad jurídica, cuando se ha expuesto al país a la violación abierta de nuestra Constitución política y por supuesto que, estos actos no pudieron andar, sin la “colaboración” de funcionarios venales en distintas entidades que, no solo no advirtieron  la violación de la Ley y la Constitución, misma que afecta al mayor bien económico de todos los panameños como lo es el Canal, sino que, entraron en escandaloso cohecho, cohabitación ilícita que, pretende afectar y disminuir sensiblemente un bien que pertenece a todos los panameños.

Las autoridades investigativas, dado que esta es una “notitia criminis”, deben proceder de inmediato a recabar las pruebas y tomar todas las medidas cautelares y llevar a los estrados a los autores de semejante “audacia” de querer birlarle al pueblo panameño, un importante bien que es de su entrañable y exclusiva propiedad.

Deben, los autores materiales e intelectuales de esta patraña, pagar por su afrenta al país, al poner cercas, portones, obstáculos y letreros ofensivos a nuestra dignidad, para que el pueblo panameño no pueda disfrutar el resultado de la lucha de todos y que quieran imponernos nuevamente, de manera altanera o soberbia los letreros de “No Trespassing” que llevó al pueblo panameño a la lucha y Gracias a Dios, obtuvimos la victoria, que ningún delincuente podrá volver a quitarnos.

¡Así de sencilla es la cosa!

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