(Tomado de el Periódico La Jornada México)
Pese a que 22 personas contendieron por la presidencia de Guatemala y de que más de 40 por ciento de los habitantes del país son indígenas, Cabrera era la única aspirante perteneciente a alguno de los pueblos originarios, una prueba del racismo y la carencia de representatividad del sistema político de ese país.
Tras la primera vuelta del 25 de junio hubo una sorpresa generalizada, cuando los resultados contradijeron todas las encuestas y expresaron de manera inequívoca el hartazgo social frente a una cleptocracia autoritaria y delictiva que está a punto de cumplir siete décadas en el poder. Desde el momento en que se supo que pasó a la segunda vuelta Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla (progresista), se ha perpetrado todo género de maniobras irregulares a fin de evitar la participación de dicha plataforma cívico-electoral.
Entre los principales golpes a la legalidad y al proceso democrático cabe mencionar los siguientes: la Corte de Constitucionalidad autorizó un recuento de votos no contemplado en las normas, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, a cargo de Rafael Curruchiche, instruyó a un juez que retirara la personalidad jurídica a Semilla, algo expresamente prohibido una vez que comienzan las elecciones; el juez Fredy Orellana ordenó allanar dos veces el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y emitió una orden de captura contra la encargada de este organismo, pese a que cuenta con inmunidad. Asimismo, encapuchados han robado documentación tanto del TSE como de las oficinas de Semilla.
Los ciudadanos identifican como principal artífice de estos delitos a la fiscal general Consuelo Porras, quien desde su llegada al cargo desató una cacería judicial contra todo miembro de la judicatura y del Ministerio Público que hubiera intentado ejercer con probidad sus tareas. Hasta ahora, sólo la resistencia de un puñado de funcionarios y la presión popular han impedido que se concrete lo que a todas luces constituiría un golpe de Estado y un quebrantamiento de la institucionalidad democrática.
El cierre de filas de la oligarquía política y económica contra Arévalo representa el designio de atajar a cualquier precio la posibilidad de que en Guatemala se establezca un gobierno democrático, honesto y con sensibilidad social.