Hemos preparado un trabajo de periodismo investigativo para contribuir con la investigación que debe hacer el Estado para proteger el patrimonio de los panameños y que consta de cinco entregas.
(Segunda Entrega)
Por: José Dídimo Escobar Samaniego
Nos parece bien que el actual contralor intente hacer auditorías, pero no solo debe ser a Panamá Port que, a la postre es la única empresa portuaria en la que el estado tiene el 10% de acciones, porque en el resto de concesiones portuarias, no solo no tenemos ninguna participación accionaria, sino que privados o particulares de dudosa reputación y con manejos absolutamente turbio que imponen de rigor una investigación y audito forense, también a todas las concesiones portuarias que paso a enumerar.
1.- En el puerto de Rodman se ha desarrollado una concesión surgida de un chanchullo a cuya cabeza estaba Samuel Liberman Falchuk, quien habiendo perdido los derechos de la concesión que se le extendió y sin haber invertido ni construido nada, vende en un turbio negocio que afecta al estado panameño, una concesión que ya había caducado y en la que la Autoridad Marítima de Panamá, sus directivos son cómplices de un despojo impresionante al Estado Panameño. Así, con el apoyo de la gestión del Gobierno de Varela, de la Autoridad Marítima, se construye el puerto PSA, en la que violando la constitución política panameña, el gobierno de Singapur tiene el control de un importante paquete de acciones a nombre del estado de Singapur y por ello se llama PSA que significa Port Singapur Authority. Asimismo, una empresa naviera, tiene también un importante paquete de acciones a título gratuito, afectando al país, y de esas transacciones solo ganan algunos panameños oscuros que están detrás de esa concesión porque el Estado no recibe ningún beneficio. Ni siquiera la taza impositiva de cambio o transferencia de las acciones y la Dirección General de Ingresos (DGI), nunca ha desarrollado ningún alcance a estos asaltadores y evasores, es decir delincuentes.
Este puerto, en el desarrollo de sus actividades, en muchas ocasiones le impide, además, a las autoridades nacionales, el cumplimiento de su deber legal. Verbigracia, cuarentena agropecuaria, Aduana, y hasta autoridades que vigilan el tráfico de drogas, violando las leyes nacionales y actuando de manera que no se sujetan a la Ley y desconocen incluso nuestra soberanía y jurisdicción. En algunos casos, sus administradores han solicitado al gobierno nacional que trasladen del recinto portuario a funcionarios que no obedecen sus dictados y lo peor es que el gobierno los ha complacido. Es preciso establecer que todas las tierras al rededor de este puerto han sido compradas por Liberman o por interpuestas personas y empresas, lo cual es atentatorio contra nuestra seguridad nacional.
Este Puerto se ha adueñado de todo lo que era la base Naval de Rodman y han extendido la concesión a un área adicional contiguo a la entrada izquierda del Pacifico a la ampliación del Canal y desde la historia hasta ahora, ronda un fondo turbio y nada transparente en esta concesión, donde también funciona un puerto petrolero simultáneamente.
2.- Colón Container Terminal (CCT). Esta concesión se sitúa en lo que era la antigua Base Naval norteamericana de Coco Solo, en un área de 75 hectáreas, y la misma fue dada a una naviera Taiwanesa (Evergreen) y aunque estaban establecidas allí las instalaciones de la antigua base, un canal de acceso de 16.4 metros de calado y una dársena de maniobras con un radio de 600 metros para la rotación de naves, sin embargo se les otorgó desde un principio en 1997, derechos y exoneraciones infinitas, como si se tratara de un puerto absolutamente nuevo y ello no fue así. Este Puerto por estar exonerado en virtud de la concesión que se ha extendido, no aporta en lo absoluto por la concesión, ni al municipio de Colón ni al erario público.
3.- El área del proyecto, conocida como Coco Solo Sur, en otra parte de lo que fue la base aeronaval de los Estados Unidos, que posteriormente revirtió a Panamá en razón de los tratados Torrijos-Carter de 1977, una empresa norteamericana, Stevedoring Services of America (ahora SSA Marine), tiene allí una inmensa concesión en la que tiene establecido más de kilómetro y medio de Grúas pórtico con una terminal Ro-Ro, desde hace casi treinta años y Panamá no recibe una participación accionaria ni contribución tributaria que beneficie a los panameños. Es decir, nuestra privilegiada posición geográfica, la explotan otros y el fruto de la lucha patriótica de los panameños, otros, son los que benefician. Esta empresa norteamericana, una vez la autoridad portuaria le extendió la continuidad ilegal de la concesión, procedió a vender la concesión y las acciones de la empresa portuaría sin pagar los impuestos de transferencia del paquete accionario como mandata la Ley.
Como dice la sabiduría popular que, “escoba nueva barre parejo”, lo invito, al nuevo contralor, a que, no solo audite a Panamá Port, sino también al resto de todos los puertos concesionados de la república de Panamá y de los que recibimos migajas o nada como estado y el próspero negocio y sus ganancias van a parar a empresas y personas que nada tiene que ver con el destino de Panamá y en las actuales difíciles circunstancias fiscales, es imperioso recuperar todos los bienes y dineros que otros se los han apropiado ilegítimamente.